Llarena cierra la instrucción contra Puigdemont, Comín y Puig y deja el caso en manos de la Sala Penal
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado por terminada la fase de instrucción del procedimiento seguido contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. La decisión abre ahora la vía para que la Sala Penal del alto tribunal examine la aplicación de la Ley de Amnistía a los tres dirigentes independentistas.
El instructor del caso ha dejado sin efecto el procesamiento por un delito de malversación que pesaba sobre Puigdemont, Comín y Puig. Con este paso, Llarena concluye su intervención en la investigación y remite las actuaciones al órgano encargado de resolver las consecuencias jurídicas de la norma de amnistía.
La decisión no equivale todavía a una amnistía
El cierre de la instrucción no supone, por sí mismo, que los tres encausados hayan quedado definitivamente amnistiados. La última palabra corresponde a la Sala Penal del Tribunal Supremo, que deberá estudiar si los hechos atribuidos encajan en el ámbito de aplicación de la ley y dictar la resolución que proceda.
La diferencia es relevante desde el punto de vista procesal. Llarena ha completado las diligencias propias de la fase de investigación y ha trasladado el expediente al tribunal que debe pronunciarse sobre la extinción de la responsabilidad penal. Hasta que exista una resolución firme, la situación jurídica de los afectados seguirá pendiente de esa decisión.
Sin procesamiento por malversación
La resolución elimina el procesamiento por malversación que había mantenido abierta la causa contra el expresidente catalán y los dos antiguos miembros de su Govern. El delito estaba relacionado con la organización y celebración del proceso independentista, uno de los principales asuntos derivados de los acontecimientos de 2017 en Cataluña.
El procesamiento constituye una decisión formal por la que el juez considera que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento contra determinadas personas. Al dejarlo sin efecto y cerrar la instrucción, el magistrado modifica el escenario procesal de Puigdemont, Comín y Puig, aunque la resolución definitiva dependerá de la Sala Penal.
La Sala Penal deberá valorar el alcance de la ley
El tribunal tendrá que analizar, entre otros aspectos, si la conducta investigada queda comprendida en la Ley de Amnistía y si concurren las condiciones exigidas para extinguir la responsabilidad penal. También deberá resolver las cuestiones jurídicas que puedan plantearse sobre la aplicación de la norma al delito de malversación.
La tramitación se produce en un contexto de debate judicial sobre el alcance de la amnistía para los delitos vinculados al proceso independentista. La norma contempla el perdón de determinadas responsabilidades penales, pero establece límites y excepciones que deben ser interpretados por los tribunales en cada procedimiento.
En este caso, la decisión de Llarena no anticipa cuál será el criterio de la Sala Penal. El instructor se limita a finalizar la investigación y a remitir el asunto al órgano competente para adoptar la resolución sobre la aplicación de la ley.
Un nuevo escenario para Puigdemont, Comín y Puig
La medida afecta al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, que permanecen fuera de España. Los tres han defendido públicamente que las actuaciones relacionadas con el proceso independentista deben quedar cubiertas por la amnistía aprobada por las Cortes.
El cierre de la instrucción supone un avance procesal en esa dirección, pero no resuelve todas las consecuencias pendientes. La Sala Penal deberá concretar si procede aplicar la amnistía y qué efectos tendría sobre las responsabilidades penales que todavía pudieran derivarse del procedimiento.
La causa entra en su fase decisiva
Con la investigación concluida, el expediente abandona la fase dirigida por el juez instructor y pasa a la etapa de decisión judicial. A partir de ahora, el debate se centrará en la interpretación de la Ley de Amnistía y en su encaje con los hechos que fueron objeto de investigación.
La resolución de la Sala Penal será determinante para fijar la situación jurídica de Puigdemont, Comín y Puig. También contribuirá a establecer el criterio del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la norma a los procedimientos relacionados con el proceso independentista y, en particular, a las acusaciones de malversación.
