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El Supremo exige al Gobierno que acredite la seguridad de los dispositivos para usar el DNI digital el 29-N

El Tribunal Supremo ha dado al Gobierno un plazo de dos días para demostrar que los 61.603 dispositivos contratados para leer los códigos QR del DNI digital cumplen las garantías de seguridad necesarias para su utilización en las mesas electorales del próximo 29 de noviembre.

La decisión introduce una exigencia adicional para el Ejecutivo. No basta con poner a disposición de los colegios electorales los lectores necesarios para verificar la identidad mediante MiDNI. Interior deberá acreditar también que estos equipos han superado los controles técnicos y legales exigibles.

Una verificación que va más allá de instalar lectores QR

El sistema previsto permite que los electores que utilicen la versión digital del Documento Nacional de Identidad muestren un código QR desde su teléfono móvil. Ese código tendría que ser leído por los dispositivos instalados en las mesas para comprobar la identidad del votante.

Sin embargo, el Supremo considera necesario que el Gobierno aporte información concreta sobre la seguridad de los terminales. El requerimiento afecta al conjunto de los equipos adquiridos para la jornada electoral y obliga a Interior a justificar que pueden utilizarse sin comprometer la protección de los datos personales ni la fiabilidad del proceso.

La resolución sitúa el foco en un aspecto esencial del voto con identificación digital: la confianza en la cadena tecnológica. El funcionamiento del sistema no depende únicamente de la aplicación móvil o del código QR, sino también del dispositivo encargado de leerlo y de los mecanismos que intervienen en la comprobación.

El Gobierno debe responder en un plazo de dos días

El Ejecutivo dispone ahora de dos días para presentar ante el alto tribunal la documentación que permita verificar el cumplimiento de las garantías de seguridad. Entre los elementos que deberá acreditar se encuentra la superación de los controles previstos para este tipo de dispositivos.

El requerimiento judicial llega después de que se plantearan dudas sobre las posibles vulnerabilidades de los terminales destinados a las mesas electorales. La cuestión no se limita a conocer cuántos lectores estarán disponibles, sino a certificar que su diseño, configuración y funcionamiento resultan adecuados para una jornada electoral.

La respuesta de Interior tendrá que aclarar, por tanto, qué comprobaciones se han realizado, qué requisitos se han aplicado y qué medidas existen para evitar accesos indebidos, manipulaciones o usos distintos de los previstos. También deberá permitir determinar si todos los dispositivos presentan un nivel de seguridad homogéneo.

La identificación digital afronta su primera gran prueba electoral

La utilización del DNI digital en las mesas representa un paso relevante en la extensión de la identificación electrónica en España. El objetivo es facilitar que los ciudadanos puedan acreditar su identidad sin necesidad de presentar el documento físico, siempre que dispongan de la aplicación y del sistema habilitado para generar el código correspondiente.

Pero la incorporación de esta herramienta a un proceso electoral exige garantías especialmente estrictas. La identificación del votante debe ser segura, verificable y compatible con la preservación del secreto del voto. Además, cualquier solución tecnológica debe integrarse en el procedimiento tradicional sin generar dudas sobre quién puede votar o sobre la validez de la comprobación.

Por ese motivo, el Supremo ha reclamado al Gobierno una justificación específica sobre los lectores QR. La medida evita que la mera disponibilidad de los equipos se interprete como una certificación automática de su seguridad.

La seguridad de los datos, en el centro del debate

El uso de dispositivos electrónicos para verificar la identidad plantea también interrogantes relacionados con la protección de datos. La lectura del código debe limitarse a la finalidad prevista y no puede convertirse en una vía para almacenar, rastrear o utilizar información del elector de forma indebida.

El Gobierno tendrá que explicar cómo se garantiza esa limitación y qué controles se han establecido para proteger la información manejada durante la jornada. La transparencia sobre estos procedimientos será determinante para despejar las dudas antes del 29-N.

La decisión del Supremo obliga así al Ejecutivo a aportar pruebas técnicas y jurídicas en un plazo muy reducido. El resultado de esa respuesta determinará si los 61.603 dispositivos pueden emplearse con normalidad o si deben adoptarse medidas adicionales antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

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