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La industria tecnológica pide una vicepresidencia propia y elevar la inversión al 2,68% del PIB

El sector tecnológico quiere ganar peso en la próxima agenda política y reclama la creación de una vicepresidencia del Gobierno dedicada a la transformación digital y la industria tecnológica. La propuesta forma parte de un decálogo trasladado a los partidos de cara al 29N, con el objetivo de situar la innovación, la inteligencia artificial y las infraestructuras digitales entre las prioridades económicas del país.

La patronal tecnológica AMETIC plantea elevar la inversión destinada a investigación, desarrollo e innovación hasta el 2,68% del producto interior bruto. La cifra pretende convertirse en una referencia para reforzar la competitividad empresarial, acelerar la modernización de la economía y reducir la dependencia tecnológica de terceros países.

Una estructura política con mayor capacidad de coordinación

La creación de una vicepresidencia específica respondería, según la propuesta, a la necesidad de coordinar políticas que actualmente afectan a varios ministerios y administraciones. Industria, educación, energía, ciencia, empleo y digitalización comparten buena parte de los retos que afrontan las empresas tecnológicas, desde la falta de profesionales hasta el despliegue de centros de datos.

El sector considera que una estructura de este nivel permitiría definir una estrategia estable a largo plazo, con objetivos medibles y continuidad más allá de los ciclos políticos. También facilitaría la interlocución con las compañías, los centros de investigación y las comunidades autónomas.

Más empleo especializado para sostener el crecimiento

Uno de los principales objetivos del decálogo es duplicar el empleo especializado. La transformación digital está aumentando la demanda de perfiles vinculados al desarrollo de software, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la ingeniería de datos, la computación en la nube y la electrónica avanzada.

Para responder a esta necesidad, las propuestas apuntan a reforzar la formación profesional y universitaria, actualizar los planes de estudio y mejorar la conexión entre el sistema educativo y las empresas. La colaboración entre compañías, centros de formación y organismos públicos será determinante para reducir la brecha entre las competencias disponibles y los puestos que necesita la economía.

El planteamiento también busca atraer y retener talento. La competencia internacional por los profesionales tecnológicos se ha intensificado, por lo que el sector reclama condiciones que favorezcan el desarrollo de carreras profesionales en España y faciliten la llegada de especialistas procedentes de otros países.

La inteligencia artificial, una prioridad inmediata

La aceleración de la adopción de la inteligencia artificial ocupa otro de los ejes centrales de la propuesta. El objetivo es que esta tecnología no quede limitada a las grandes corporaciones y pueda incorporarse también a las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido productivo.

Entre las prioridades se encuentran el acceso a financiación, el asesoramiento técnico y la creación de entornos seguros para probar soluciones basadas en inteligencia artificial. La industria defiende además un marco regulatorio claro, capaz de proteger los derechos de los ciudadanos sin frenar la innovación ni dificultar la puesta en marcha de nuevos proyectos.

La aplicación de estas herramientas puede mejorar la productividad en sectores como la industria, la salud, la logística, la energía y los servicios públicos. Sin embargo, su despliegue exige inversión en datos de calidad, capacitación profesional, seguridad y capacidad de computación.

Centros de datos y soberanía tecnológica

El decálogo también reclama reforzar las inversiones en centros de datos, considerados una infraestructura crítica para el funcionamiento de la economía digital. El crecimiento de la nube, la inteligencia artificial y los servicios conectados está elevando las necesidades de almacenamiento y procesamiento.

El desarrollo de estos centros debe abordarse junto con la disponibilidad de energía, la eficiencia medioambiental y las redes de telecomunicaciones. La industria plantea impulsar instalaciones capaces de ofrecer servicios competitivos, seguros y próximos a los usuarios, al tiempo que se garantiza un consumo energético sostenible.

La expansión de estas infraestructuras puede generar actividad económica y empleo cualificado, pero también requiere planificación territorial y coordinación administrativa. El acceso a electricidad renovable, agua y conectividad será clave para determinar dónde pueden instalarse y cómo crecerán.

Un decálogo para orientar la próxima legislatura

Las medidas presentadas persiguen que la tecnología se convierta en una política transversal y no únicamente en un área vinculada a la administración electrónica. Entre las líneas de actuación destacan:

  • Crear una vicepresidencia con capacidad para coordinar la estrategia tecnológica nacional.
  • Elevar la inversión en innovación hasta el 2,68% del PIB.
  • Duplicar el número de profesionales especializados.
  • Acelerar la adopción de inteligencia artificial en empresas y servicios públicos.
  • Reforzar las inversiones en centros de datos y capacidad de computación.
  • Impulsar la formación en competencias digitales avanzadas.
  • Facilitar el acceso de las pymes a tecnologías estratégicas.
  • Favorecer la ciberseguridad y la soberanía tecnológica.
  • Mejorar la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación.
  • Establecer una estrategia tecnológica estable y evaluable.

Con estas propuestas, la industria pretende que el debate del 29N incorpore compromisos concretos sobre inversión, talento e infraestructuras. El reto será convertir las prioridades planteadas en políticas con financiación suficiente, plazos definidos y resultados verificables para que la digitalización se traduzca en más productividad y empleo de calidad.

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