La Guardia Civil ha registrado el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia

Acudieron agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia en el marco del caso Azud, que se encarga de investigar la presunta trama de cobro de comisiones en la que se encuentra imputado el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, entre otros.

Los investigadores han reclamado la documentación de Servicios Sociales, de la delegación del Ciclo Integral del Agua y de la compraventa de suelo del Ayuntamiento entonces presidido por Rita Barberá, en el periodo investigado, entre 2005 y 2010. Los agentes de la UCO ya han hecho un registro en el Consistorio poco tiempo más tarde de que se diera apertura a la causa, en 2017, y han dejado algunas cajas de documentación precintadas en el año 2018, en tanto se han empezado a hacer las pesquisas por las que se detuvo de igual forma al exsubdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio.

También de ese registro, el juzgado, que se encuentra trabajando en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, curso diversas comisiones rogatorias para la búsqueda de dinero en el extranjero, conforme informó a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, para que intente de dilucidar si alguno de los arrestados ha podido esconder dinero en el extranjero.

La causa, que se declaró secreta, ha sumado ya alrededor de medio centenar de investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita.

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que se encarga de instruir el caso, ha enviado la noche del sábado a prisión provisional sin fianza al exvicealcalde del PP de Valencia, Alfonso Grau —número dos de Rita Barberá en 20 años—, hasta hace cuatro días el subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, histórico socialista y concejal de la oposición en el Gobierno de la alcaldesa que ya ha fallecido. Los dos políticos se encuentran investigados en la causa, en la cual se ha estado investigando el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de favores entre los años 2004 y 2011 en el Ayuntamiento de Valencia, como también en otros consistorios valencianos, conforme al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Adicional de estos dos, se ha decretado el ingreso en prisión de dos empresarios, Jaime Febrer y Mónica Montoro, y el del presunto urdidor de la parte financiera de la trama Joaquín Pastor.

El candidato a presidir el PP valenciano, Carlos Mazón, esquivó en este lunes que se valore el caso y se limitó a defender a Rita Barberá: “No contribuiré a la estigmatización de la mejor alcaldesa que ha tenido la Comunidad Valenciana”, proclamó. También, Mazón enfatizó que el exvicealcalde Grau “ya no está en el PP”.

La causa, ha declarado como secreta, sumando ya alrededor de medio centenar de investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita.

 

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