Eugenio Ribón reclama una planificación urbana que conecte vivienda, salud y seguridad jurídica
El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), Eugenio Ribón, defendió este jueves una visión integrada de la planificación territorial, en la que las políticas de vivienda, la protección de la salud y la seguridad jurídica avancen de forma coordinada.
Ribón inauguró la jornada Construyendo el futuro de la Comunidad de Madrid: salud, vivienda y planificación territorial en el marco de la Ley LIDER, celebrada el 12 de noviembre. El encuentro puso el foco en uno de los principales retos de la región: ordenar el crecimiento urbano sin desvincularlo de las necesidades sociales y de las garantías legales.
Vivienda y territorio, una misma política pública
La intervención del presidente de la UICM situó la vivienda en el centro de la planificación de la Comunidad de Madrid. El acceso a un hogar no depende únicamente del número de promociones disponibles, sino también de cómo se diseñan los barrios, qué servicios incorporan y qué condiciones urbanísticas permiten desarrollar nuevos proyectos.
Desde esta perspectiva, la ordenación territorial debe superar una visión limitada a la construcción. La ubicación de los centros sanitarios, la movilidad, las zonas verdes, los equipamientos públicos y la disponibilidad de servicios básicos condicionan directamente la calidad de vida de los ciudadanos y la cohesión entre municipios.
La coordinación entre administraciones aparece así como un elemento esencial. Las decisiones sobre suelo, vivienda o infraestructuras tienen efectos que exceden el ámbito de un ayuntamiento y requieren criterios comunes, previsión a largo plazo y mecanismos eficaces de seguimiento.
La seguridad jurídica, clave para evitar bloqueos
La jornada también abordó la importancia de la seguridad jurídica en la planificación urbana. Para los operadores públicos y privados, contar con reglas claras, estables y comprensibles resulta determinante a la hora de impulsar proyectos que pueden tardar años en completarse.
Los cambios normativos constantes, la complejidad de los procedimientos y la falta de coordinación entre organismos pueden generar retrasos, elevar costes y dificultar la ejecución de actuaciones consideradas prioritarias. En materia de vivienda, esas demoras terminan repercutiendo sobre la ciudadanía, especialmente en un mercado con una fuerte presión sobre los precios.
Una regulación previsible también contribuye a reforzar la transparencia. Los procesos de transformación urbanística deben permitir conocer quién decide, con qué criterios se asignan los usos del suelo y cómo se justifican las modificaciones que afectan al interés general.
Transparencia y control en el desarrollo urbanístico
La planificación territorial constituye uno de los ámbitos de la gestión pública que exige mayores garantías frente a los conflictos de intereses y los riesgos de decisiones opacas. La protección del interés general pasa por procedimientos trazables, publicidad de los expedientes y controles efectivos sobre las actuaciones urbanísticas.
En este contexto, la seguridad jurídica no debe entenderse únicamente como protección para quienes promueven inversiones. También implica que los vecinos puedan acceder a la información, formular alegaciones y conocer el impacto de los proyectos sobre los servicios públicos, el medio ambiente y la movilidad.
La prevención de irregularidades requiere, además, reforzar la supervisión de los contratos, la gestión del suelo y la ejecución de las obras. La existencia de controles previos y posteriores puede reducir el riesgo de sobrecostes, retrasos injustificados o decisiones adoptadas sin una evaluación suficiente de sus consecuencias.
Salud y vivienda, dos factores inseparables
El vínculo entre vivienda y salud fue otro de los ejes de la jornada. La calidad de los hogares, el acceso a la luz natural, la eficiencia energética, la ventilación y las condiciones del entorno urbano tienen una incidencia directa sobre el bienestar de la población.
También influye la proximidad a los servicios sanitarios y sociales. Una expansión urbana que no vaya acompañada de equipamientos suficientes puede aumentar las desigualdades territoriales y obligar a los ciudadanos a asumir mayores desplazamientos para recibir atención médica o acceder a otros servicios esenciales.
Por ello, la planificación debe incorporar indicadores sociales y sanitarios desde las primeras fases de cada proyecto. No se trata solo de construir más, sino de anticipar las necesidades de una población que cambia, envejece y presenta demandas cada vez más diversas.
Un debate con impacto en el futuro de Madrid
La jornada promovida por el ICAM y la UICM planteó la necesidad de abordar el futuro de la Comunidad de Madrid desde una perspectiva multidisciplinar. La participación de profesionales del Derecho y de otros ámbitos permite analizar los problemas urbanos más allá de los límites de una sola especialidad.
El reto consiste ahora en trasladar esta visión a políticas concretas: agilizar los procedimientos sin reducir las garantías, ampliar la oferta de vivienda, mejorar la coordinación institucional y asegurar que el crecimiento territorial vaya acompañado de servicios públicos adecuados.
La planificación urbana, según el enfoque defendido por Ribón, debe apoyarse en tres pilares inseparables: una vivienda accesible, un territorio saludable y un marco jurídico estable. La forma en que se articulen determinará no solo el desarrollo inmobiliario de los próximos años, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de ordenar la región.
