La pandemia ha obligado a catalogar en España agentes biológicos y toxinas que sean de alto riesgo

La crisis del Covid, convirtió en realidad hechos que hasta hace poco tiempo han resultado inimaginables. Todavía el virus no se encuentra controlado a pesar del milagroso avance que ha supuesto la vacunación. Todo el mundo trata de aprender en este momento del trágico error de no que no se haya calibrado a tiempo el impacto mundial del coronavirus, después de su descubrimiento en la región de Wuhan (China).

Fue advertido por la OMS de que «otra pandemia podría ocurrir en cualquier momento». Y en el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno han apuntado a las epidemias como el mayor peligro en el periodo 2021-2023.

Pese a que tiene consenso científico al respecto el origen animal del coronavirus, es sostenido en el informe de 2020 de Seguridad Nacional, que esta crisis constató que la aparición de «patógenos emergentes» y su distribución global es «más que nunca una amenaza para la salud pública y la seguridad internacional», que ha tenido un crecimiento exponencial frente a una «posible utilización malintencionada» por parte de «agentes no estatales».

Por esto, han planteado la necesidad de que se disponga de un inventario de agentes biológicos y toxinas que son de un alto riesgo y de las instalaciones en las que se manejan y cultivan, para que sea asegurada su custodia y la protección de las instalaciones.

Con dicho fin se dieron los primeros pasos y se constituyó un grupo de trabajo, en el seno del Comité Especializado de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que ha liderado el Ministerio de Sanidad y en el cual participan el Instituto de Salud Carlos III; el Ministerio de Ciencia e Innovación; el de AgriculturaInteriorDefensa y Hacienda. Ya fue elaborada una propuesta de listado de patógenos y toxinas que van a tener que ser controlados, así como también de los laboratorios españoles que se encargan de manejar este tipo de agentes. El próximo movimiento va a ser que se cree una Comisión Nacional de Biocustodia.

Así mismo, el informe ha puesto en el foco en que se tiene que incrementar el nivel de seguridad de las mercancías que se encargan de transitar por territorio europeo, ya que varias organizaciones criminales, indica, se van a beneficiar de la libre circulación en la UE. El desarrollo tecnológico y biológico y la globalización han favorecido el intercambio de armas biológicas y esto ha elevado el riesgo tanto de que vayan a poder tener caída en manos de organizaciones terroristas, tales como de una exposición accidental, fue asegurado en este texto oficial.

Una de las grandes reflexiones que se ha hecho en dicho informe va a afectar a la vulnerabilidad del ciberespacio, el cual es un riesgo que ha incrementado con la pandemia debido a la proliferación de la utilización del entorno digital. Dicho espacio ya es un flanco de ataques a la seguridad del país, dirigidos tanto a la Administración, las empresas de sectores estratégicos y la propiedad intelectual e industrial de empresas públicas y privadas. En muchos casos han procedido de otros países. La previsión, han destacado, es que «sigan creciendo».

En el año 2020, las campañas de desinformación y propaganda, en lengua española, impulsadas desde «algunos estados» «se han incrementado». Seguridad Nacional plantea la conveniencia de que se renueve el sistema de comunicaciones para la información clasificada entre los diversos ministerios. Y de que de igual forma se mejore la protección de los datos de la Defensa en poder de las empresas para que sean salvaguardados los contratos, proyectos y programas nacionales e internacionales y la identificación de las personas que van a tener acceso a esto.

En este instante, se tienen vigentes 500 contratos clasificados en el departamento que es dirigido por Margarita Robles. De estos, el 34% son confidenciales, el 64% reservados y el 1% secretos.

 

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