La Guardia Civil está investigando si el PSOE se ha lucrado con la trama de corrupción urbanística de Valencia

La operación Azud, en la que se ha estado investigando una trama de corrupción urbanística en Valencia, entre los años 2005 y 2010, no solamente esta afectando a la gestión municipal del Partido Popular estando bajo el mandato de la fallecida Rita Barberá y ha salpicado de lleno al PSPV-PSOE.

Ya que de hecho, estando al margen de la detención del hasta este jueves subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia, Rafael Rubio, en la causa ha figurado como investigado José Cataluña, quien es un histórico dirigente socialista y antiguo responsable de Finanzas de la formación.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que Cataluña ejerció el papel de intermediario entre el constructor Jaime Febrer, considerado por los investigadores como el epicentro de la trama del cobro de comisiones a cambio de un trato de favor en planes urbanísticos, con ayuntamientos gobernados por los socialistas.

Fue registrado por la Guardia Civil este jueves en la localidad valenciana de Gilet el domicilio de Cataluña, quien ha ostentado responsabilidades en las filas socialistas hasta el año 2008, y citó al antiguo responsable de las cuentas del PSPV-PSOE para que fuese tomada su declaración este sábado.

Los agentes están haciendo el intento de que se determine, al margen de su probable papel en la trama, si la formación que actualmente lidera el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha podido ser beneficiado de la trama corrupta la cual investiga el juzgado de instrucción número 13 de Valencia de la mano de la Fiscalía Anticorrupción y que tiene permanencia bajo secreto de sumario. La causa se encuentra abierta debido a los delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales en contra de la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

Hasta esta fecha, la operación Azud se saldó con 14 detenciones y siete personas investigadas. En síntesis, la UCO ha sostenido que el empresario Jaime Febrer, quien es propietario de la extinta empresa Construcciones Valencia Constitución, ha abonado a comisiones a cambio de adjudicaciones inmobiliarias de suelo público de parte del Ayuntamiento de Valencia.

Alfonso Grau, exvicealcalde de la ciudad y mano derecha de Rita Barberá, y Rafael Rubio, en ese momento portavoz de la oposición, percibieron en concepto de mordidas un millón y 300.000 euros, respectivamente. El primero por haber favorecido al constructor y el segundo por haber hecho la vista gorda, siempre conforme con el criterio de los investigadores. Los dos han sido detenidos el jueves y se tiene previsto que este sábado vayan a pasar a disposición judicial.

Junto a estos, la Guardia Civil arrestó en el marco de esta presunta trama de corrupción transversal que ha afectado al PP y al PSOE, a empresarios tales como Federico Ferrando, hermano del expresidente de la patronal valenciana, y a José Luis Vera, quien es el actual director de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, gobernada por los socialistas. La UCO ha creído que Vera, se encontraba apoderado entre los años 2007 y 2008 de Construcciones Valencia Constitución, la firma a la que se le han atribuido los sobornos, ejerció de nexo entre Rubio y Febrer.

En referencia, los agentes de igual forma practicaron un registro en el despacho del abogado Virgilio Latorre, uno de los letrados de referencia del PSPV-PSOE al cual ha representado en causas que han afectado al PP, en el cual Vera ha tenido domiciliada una mercantil.

La crisis que se ha generado por la operación Azud, se saldó hasta este momento con la destitución de Rafael Rubio como subdelegado del Gobierno en Valencia y su suspensión de militancia del PSPV-PSOE, partido al cual se ha afiliado en 1981.

Entre los detenidos por esta investigación, de igual forma están la exalcaldesa y un exconcejal de Jijona (Alicante), Rosa Verdú Francisco Doménech (PP), por un proyecto urbanístico que ha incluido un campo de golf y 5.000 viviendas, en un PAI que no ha llegado a desarrollarse. En su oportunidad, Verdú ha llegado a admitir que dicha operación beneficiaba a familiares directos del edil, al haber testificado en 2007 debido a una denuncia del PSPV.

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