Cambios para sicav y socimis o la nueva lista de morosos: así es la ley contra el fraude fiscal que ha aprobado el Congreso

Después de algunos meses encallada en el Congreso, el Gobierno logró sacar al frente la ley en contra del fraude fiscal. Dicha norma ha sido uno de los pilares relevantes del plan de recuperación que el Ejecutivo envió a Bruselas, en los apartados que son correspondientes al Ministerio de Hacienda. Con dicha norma se está buscando la reducción de las vías de escape del sistema que han reducido la recaudación fiscal del Estado y afecta a una multitud de vehículos como las socimis o las sicav o limita los pagos que se hacen en efectivo, entre otras reformas que trae consigo. El texto fue aprobado este martes en la comisión de Hacienda, después de seis meses de tramitación parlamentaria, y pasará al Senado.

Son multitud los cambios que incorpora la nueva norma y van desde lo más cotidiano a complicadas decisiones societarias. En el primer apartado se podrían encuadran los nuevos límites que se imponen al pago en efectivo. En el caso de que sean operaciones entre empresarios se va a reducir de 2.500 a 1.000 euros para que  se eviten «comportamientos defraudatorios», conforme explicó en diversas ocasiones el Ministerio. Se ha mantenido en 2.500 entre particulares, sin  embargo, al mismo  tiempo se reduce de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares que tienen domicilio fiscal fuera de España. Con esto, se persigue que sean restringidas estas operaciones que, al haber sido en efectivo, son más difícilmente rastreables y van a poder facilitar, el fraude.

Esta nueva norma ha prohibido expresamente las amnistías fiscales en España. «Se impide así que haya beneficios tributarios injustificados que supongan la quiebra del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado», ha explicado el Ministerio en tanto ha presentado la norma el pasado mes de octubre. “A partir de ahora los ciudadanos saben que el Estado no se rendirá ni buscará atajos en su lucha contra el fraude fiscal”, ha indicado la ministra.

De igual forma, existen cambios en la famosa lista de deudores de Hacienda. Hasta este momento se incluye únicamente a los que acumulaban una deuda junto al Estado de más de un millón de euros. Desde este momento, el límite es reducido hasta los 600.000 euros y se van a incorporar a los responsables solidarios de dicha deuda. Llegan los cambios inclusive a la definición del concepto de paraíso fiscal, que han pasado a llamarse jurisdicciones no cooperativas. Se ha ampliado el concepto, conforme ha explicado en su momento el Ejecutivo, atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia. Se van a incluir  en el listado de paraísos, por ejemplo, los territorios que vayan a facilitar la existencia de sociedades extraterritoriales para que se atraigan los beneficios sin actividad económica real, o aquellos en los que se tenga opacidad o en la que haya una baja o nula tributación. El Gobierno va a poder actualizar la lista y tendrá que ser revisada de forma periódica. La nueva ley ha traído novedades para dos figuras societarias controvertidas en los últimos años: las socimi y las sicav. Las primeras, que se dedicaron a inversiones inmobiliarias en activos para alquiler, van a ver cómo se grava con un 15% los beneficios que no vayan a ser distribuidos entre sus accionistas. Las segundas van a tener más restricciones que actualmente. La nueva ley va a fijar requisitos de inversión mínima de 2.500 euros, o 12.500 euros en el caso de una sicav debido a compartimentos, para que sea contabilizado en el mínimo de cien participantes que se necesita para que se tribute al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Eso sí, si cualquiera de estas sociedades es disuelta por no haber cumplido con los requisitos, se le permitirá una periodo transitorio de seis meses exentos de impuestos, como la tasa Tobin.

Las medidas que se aprobaron en esta nueva ley van a llegar inclusive al mundo del cine. Para las desgravaciones en el Impuesto de Sociedades a productores cinematográficas, se van a exigir una serie de certificados y se va a solicitar la incorporación en los créditos de los lugares específicos, como también la autorización de utilización del título de la obra y del material gráfico y audiovisual al respecto del rodaje para la promoción en España y en el extranjero teniendo fines culturales y turísticos.

En lo que se refiere al catastro, las enmiendas que se aprobaran van a modificar la regulación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de cara a la valoración que tendrá que realizar la Dirección General del Catastro en tanto la Agencia Tributaria vaya a solicitar su participación frente a alegaciones del contribuyente o reclamaciones. De forma concreta, se ha estado buscando que en sus informes el valor de referencia que se ha ratificado o corregido se encuentre motivado por medio de la resolución que vaya a traer causa, como también sus módulos de valor medio, factores de minoración y el resto de elementos.

Han alcanzado los cambios de la ley de igual forma, a los nuevos requisitos para que se hagan inspecciones sorpresa. La entrada hacia el domicilio de los contribuyentes «deberá estar debidamente justificada y motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada». La solicitud al igual que la concesión de la autorización judicial, ha proseguido la enmienda, y van a poder practicarse previamente del comienzo formal del correspondiente procedimiento «siempre que el acuerdo de entrada contenga la identificación del obligado tributario, los conceptos y períodos que van a ser objeto de comprobación y se aporten al órgano judicial».

De igual forma, la nueva ley es establecida la prohibición del denominado software de doble utilización, la cual consiste en programas informáticos que van a permitir que se manipule la contabilidad. El fin es que no se permita ni la producción ni la tenencia de programas y sistemas informáticos que vayan a posibilitar la manipulación de datos contables y de gestión. Ha exigido que los sistemas informáticos o electrónicos que vayan a soportar procesos contables o de gestión empresarial se vayan ajustar a algunos requisitos que se encarguen de garantizar la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones.

Obligaciones para las criptomonedas

Son incluidas las criptomonedas de igual forma en la modificación de la ley de lucha en con del fraude fiscal. Es incorporada la obligación de que se informe al respecto de la tenencia y operativa con monedas virtuales, tanto ubicadas en España como en el extranjero si afectan a contribuyentes españoles. De esta forma, se va a exigir información al respecto de saldos y titulares de las monedas en custodia. También, se va a establecer la obligación de que se suministre información al respecto de las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos, con criptomonedas.

Fuera de estos puntos, la ley incluye la transposición de normativa europea en contra de la elusión fiscal, que se conoce como ATAD. Con esta, se han establecido normas en contra de estas prácticas que han incidido de forma directa en el mercado interior, adicional a incorporar algunas de las materias que se han tratado por la OCDE en su plan para que se evite la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. En dicha ley que se aprobó en este martes, se van a incorporar a la legislación española, los ámbitos de la directiva concernientes a la Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y a la imposición de salida o “Exit Tax”. Por una parte, para el refuerzo de la tributación en España de rentas que se han venido localizando en territorios de baja fiscalidad, y de esta manera que se evite su deslocalización. Por otra parte, se persigue que se asegure que las empresas que se han trasladado a otro país no vayan a ddejr de tributar por bases imponibles que legalmente tienen que quedar gravadas en España. De está forma, con el “Exit Tax” se ha buscado que se garantice que, en tanto una empresa vaya a trasladar sus activos o su residencia fiscal fuera del Estado, fue  dicho por el Estado grave del valor económico de cualquier plusvalía que se creó en su territorio, todavía en tanto la plusvalía en cuestión aún no se haya hecho en el instante del traslado de activos. De esta forma, se logra que tributen en España las plusvalías que se han generado en tanto una sociedad que es trasladada su residencia fiscal al extranjero.

Con el rechazo del PP y Vox

El Congreso aprobó esta norma, que ha pasado en este momento al Senado para que se complete su tramitación, con el voto en contra del PP y Vox, en tanto que la respaldaron las formaciones que dan apoyo al Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Esquerra Republicana decidió abstenerse.

No obstante, en la reciente ronda de votaciones previamente de su aprobación, la oposición derrotó este martes en el Congreso de los Diputados al Gobierno y congeló la subida de facto que se ha previsto para este año en el impuesto de matriculación. Dicha enmienda salió adelante con votos del PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PDeCAT y el PRC. El PSOE y Unidas Podemos votaron en contra y el PNV se abstuvo.

Esta no fue la única votación que perdió el Gobierno, debido a que la oposición, en dicho caso con el voto de Unidas Podemos, logró hacer una introducción dicha ley una enmienda de ERC que ha encomendado al Gobierno encargar a expertos independientes un análisis y evaluación de la economía sumergida, el fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos.

Conforme es resumido en la enmienda, este informe tiene que ser presentado y debatido por las Cortes Generales, para que se promuevan medidas correctoras oportunas como modificaciones organizativas, recursos humanos o materiales para que se consiga la reducción del fraude y la economía que se encuentra sumergida, con la fiscalización de sus resultados periódicamente por las Cortes. Dicha enmienda salió adelante con votos del PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, y el PDeCAT, en tanto que el PSOE, el PNV y el PRC votó en contra y Ciudadanos ha optado por abstenerse.

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