De inflar el paro al ERTE ‘fantasma’: las trampas que más realizan los empresarios

En el mes de abril del 2020, comenzó la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la cual es una campaña que es específicamente para que sean vigilados los probables incumplimientos en los ERTE, después de la ingente cantidad de expedientes que se concedieron por las autoridades laborales a las empresas, para que fuesen paliados los efectos de la crisis sanitaria. Conforme a los últimos datos, que han sido facilitados por el departamento que dirige Yolanda Díaz, hasta este momento fueron detectados 4.018 infracciones, las cuales dieron lugar a sanciones por un total de 18.341.560,21 euros. Las órdenes de servicio que se acumularon han ascendido a 35.174 y se han finalizado 26.891. Fue revelado por los registros de la Inspección, que un aproximado de  la mitad de las actas que fueron levantadas en estos meses, se han referido a infracciones que han sido calificadas como que son muy graves y por las que los empresarios se están enfrentando a multas de hasta 187.515 euros.

En concreto, el 46% de las actas que se levantaron por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a compañías en ERTE, se encuentran referidas a infracciones empresariales que se calificaron como «muy graves» en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que ha sido aprobado el texto refundido de la Ley al respecto de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Lo que quiere decir, que alrededor de la mitad de los incumplimientos se ubican en la parte más alta de la escala de gravedad que es utilizada por la Inspección. De esta manera es expresado por el Gobierno, en respuesta escrita que ha dado al Grupo Parlamentario Vox, en la que se han concretado las artimañas que más se usan en los ERTE no solo por los empresarios, ya que de igual forma, es usada por los trabajadores afectados por los procesos de suspensión de empleo en pandemia.

Para iniciar, una de las infracciones que más se han detectado por los inspectores y subinspectores de Trabajo, consiste en que el empresario proporciona ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, que tienen un disfrute incompatible con el trabajo que se tiene por cuenta ajena, en tanto que no se les ha brindado el alta en la Seguridad Social, con carácter previo al inicio de su actividad. Dicha infracción, se encuentra calificada como muy grave y es sancionada, en su grado mínimo, con multas de entre 10.001 y 25.000 euros; en su grado medio, con entre 25.001 y 100.005 euros; y, en su grado máximo, con entre 100.006 euros y 187.515 euros.

Entre las infracciones que más se cometen, esta la que está basada en que sean efectuadas declaraciones o se facilite, comunicar o consignar datos falsos o inexactos, que de cabida a que las personas trabajadoras logren obtener o disfruten indebidamente prestaciones, tal como la connivencia con sus trabajadores o con las demás personas que son  beneficiarias para que obtengan prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para que sea eludido el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de estos corresponda en materia de prestaciones. En el caso de este tipo de infracción, como también de la sanción correspondiente (máximo de 187.515 euros), la empresa se encuentra obligada a dar una respuesta directa de la devolución de las cantidades que hayan sido indebidamente percibidas por la persona trabajadora, siempre que no concurra dolo o culpa de esta.

Inflar la prestación

También, otra de las infracciones que es muy común, de la misma manera muy grave y que tiene multas de máxima cuantía, es la de el incremento indebido de la base de cotización del trabajador, de manera que llegue a provocar un incremento en las prestaciones que procedan, así como la simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones. Asimismo, también se han detectado numerosos incumplimientos cuando los empresarios dan ocupación a los trabajadores afectados por la suspensión de contratos o reducción de jornada, en el período de aplicación de las medidas de suspensión de contratos o en el horario de reducción de jornada comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo. Estos ERTE ‘fantasma’ han sido denunciados en muchas ocasiones por los propios trabajadores ante la Inspección.

También se observa una incidencia importante de la infracción empresarial referida al incumplimiento de la obligación de comunicar a la entidad gestora de la prestación por desempleo, con carácter previo a su efectividad, las medidas de despido colectivo o de suspensión o reducción de jornada, en la misma forma y con el contenido establecido reglamentariamente, como también la no comunicación, con antelación a que sean producidas, de las variaciones que sean originada al respecto del calendario que fue inicialmente dispuesto, en referencia  la concreción e individualización por trabajador de los días de suspensión o reducción de jornada, como en este último caso, que el horario de trabajo se ve afectado por la reducción. Dicha infracción, es considerada como grave y puede llevar a multas en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en su grado medio de 1.251 a 3.125 euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros.

Superando las mayoritarias infracciones empresariales, de la misma manera, han sido levantadas numerosas actas de infracción que son muy graves a trabajadores, en los momentos en los que se fue demostrado su connivencia con el empresario. Como es un ejemplo, para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que corresponden, o prolongan de forma indebida su disfrute; o simulación de la relación laboral. Así mismo, compatibilizando la solicitud o el percibo de prestaciones o subsidio por desempleo, como también la prestación por el cese de actividad de los autónomos con el trabajo por cuenta propia o ajena, exceptuando el caso del trabajo a tiempo parcial en los términos previstos en la normativa.

Por último, se destacan los incumplimientos que han sido detectados en materia de una falta de afiliación y alta de trabajadores, prestando servicios en empresas incursas en un ERTE, que son tipificado como infracción grave con multas de hasta unos 6.250 euros. Considerando infracción,  el no hacer una solicitud la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, teniendo como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo que haya establecido. A dichos efectos, basándose a la normativa vigente, es considerada una infracción por cada uno de los trabajadores que son afectados. La ley ha especificado que en ningún caso, la cuantía correspondiente a dicha infracción va a poder exceder de 10.000 euros por cada multa y el empresario, se va a enfrentar a sanciones accesorias tales como la pérdida de ayudas, subvenciones y bonificaciones.

Endurecimiento de las multas

Se debe rememorar que el Ministerio de Trabajo, se encuentra ultimando un real decreto, el cual actualizará las multas que se encuentran vinculadas a la Ley al respecto de las Infracciones y Sanciones en el Orden Social, elevándolas un 20%. La cuantía de dichas sanciones no era revisada desde el año 2007, de forma que, a juicio del Gobierno actual, fue generada una disminución de su capacidad recaudatoria, debido a que la comisión de infracciones acaba siendo más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. Por lo que, el Ejecutivo va a adecuar las multas a la evolución de la inflación, de la manera en la que le autoriza la ley, teniendo en consideración que el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha incrementado un 19,9% entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2019.

De forma general, en su grado máximo las infracciones leves van a pasar de suponer una multa de 625 euros a 745 euros; las graves, como no formalizar el contrato de teletrabajo, el cual es obligatorio con la nueva ley, se van a elevar hasta los 7.490 euros, desde los 6.250 actuales; y las muy graves, entre las que son enmarcados los fraudes en los ERTE o los incumplimientos en materia de igualdad salarial en la empresa, se aumentaran hasta los 224.830 euros, ante 187.515 euros a día de hoy. De este manera el Gobierno, teniendo iniciativa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene la pretensión de disuadir a los empresarios de que caigan en este tipo de comportamientos, bajo la amenaza de importantes sanciones por parte de la Inspección de Trabajo.

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