Canarias reduce la población en riesgo de pobreza, pero mantiene importantes bolsas de vulnerabilidad
La población de Canarias situada por debajo del umbral de la pobreza descendió del 20,5% en 2022 al 17,6%, según los datos de la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios elaborada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). La evolución fue analizada en el Parlamento por la consejera de Bienestar Social, que defendió una mejora de los servicios sociales y de las políticas de protección desplegadas en las islas.
El dato supone una reducción de 2,9 puntos porcentuales en un periodo marcado por la presión sobre los hogares, el encarecimiento de la vivienda y el aumento del coste de productos básicos. Sin embargo, la cifra también significa que casi uno de cada cinco residentes continúa por debajo del umbral de la pobreza, una realidad que limita el alcance de cualquier mensaje triunfalista.
Una mejora que debe consolidarse
Durante su comparecencia, la responsable autonómica puso el foco en la evolución positiva de los principales indicadores sociales. La reducción registrada por el ISTAC refleja una menor incidencia de la pobreza respecto a 2022, aunque no permite concluir por sí sola que las desigualdades hayan quedado resueltas.
Los indicadores de renta y condiciones de vida ofrecen una fotografía general de la situación de los hogares. En ese retrato conviven la mejora estadística y las dificultades concretas de miles de familias para afrontar el alquiler, las facturas, la alimentación o los gastos relacionados con la crianza y los cuidados.
Por este motivo, la consejera defendió la necesidad de mantener las políticas públicas de apoyo y reforzar la atención a las personas que siguen en una situación más precaria. La reducción del porcentaje de población bajo el umbral de pobreza constituye una señal favorable, pero también plantea el reto de evitar que la recuperación sea desigual entre territorios, hogares y grupos de edad.
El Índice DEC reconoce avances en los servicios sociales
La valoración parlamentaria se apoyó también en la referencia al Índice DEC 2025, una evaluación independiente sobre el desarrollo de los servicios sociales. Según explicó la consejera, el informe reconoce por primera vez una mejora de la posición de Canarias en este ámbito.
La inclusión de una evaluación externa aporta una perspectiva diferente a la de los datos estadísticos autonómicos. Mientras la encuesta del ISTAC mide la situación económica y las condiciones de vida de los hogares, el Índice DEC analiza la evolución y el desarrollo del sistema de servicios sociales.
La coincidencia entre ambos enfoques permite hablar de una tendencia positiva, aunque no de una solución definitiva. La reducción de la pobreza necesita apoyarse en una red de servicios capaz de responder con rapidez, criterios homogéneos y recursos suficientes a quienes solicitan ayuda.
El reto de que la ayuda llegue a tiempo
La mejora de los indicadores no elimina los problemas relacionados con la gestión de las prestaciones. La ciudadanía necesita saber cuánto tarda en recibir una respuesta, qué requisitos debe cumplir y qué ocurre cuando una solicitud queda bloqueada por falta de documentación o por la coordinación entre administraciones.
En este punto, la transparencia y la rendición de cuentas resultan esenciales. No basta con comunicar que los datos mejoran: también es necesario publicar información clara sobre los tiempos de tramitación, el número de expedientes pendientes, los recursos disponibles y la distribución territorial de la atención social.
Una política social eficaz debe combinar la prevención de la pobreza con respuestas inmediatas para las situaciones de emergencia. Las familias que pierden ingresos, afrontan un desahucio o no pueden asumir el coste de los suministros no pueden esperar a que las mejoras estadísticas se traduzcan, con el tiempo, en una solución.
La vivienda y el coste de la vida, en el centro del debate
El descenso de la pobreza se produce en un contexto en el que el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales factores de vulnerabilidad en Canarias. Los alquileres, la escasez de oferta y la concentración de empleo en determinados territorios dificultan que la mejora de los ingresos se convierta automáticamente en una mayor seguridad económica.
La evolución futura dependerá, por tanto, de la capacidad de las administraciones para coordinar las políticas de empleo, vivienda, educación, dependencia y atención a la infancia. La protección social no puede funcionar como una suma de ayudas aisladas, sino como una red conectada que acompañe a las personas hasta recuperar su autonomía.
Los datos conocidos dibujan un escenario con avances, pero también con obligaciones pendientes. Canarias ha reducido la proporción de población por debajo del umbral de la pobreza y ha recibido una valoración más favorable de sus servicios sociales. El siguiente paso será demostrar que esa mejora se mantiene, alcanza a todos los territorios y se traduce en respuestas más rápidas y eficaces para los hogares que todavía no han salido de la vulnerabilidad.
