El exCEO de Plus Ultra asegura que la aerolínea hipotecó varios aviones antes de recibir el rescate público
El antiguo consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, ha presentado un nuevo escrito de cooperación judicial en el que describe la operativa financiera utilizada por la compañía antes de acceder al rescate de 53 millones de euros concedido durante la pandemia. Según su declaración, la aerolínea habría hipotecado varios aviones para presentar una imagen financiera más sólida y ocultar una situación de quiebra técnica.
El documento ha sido registrado el mismo día en que el bróker neerlandés Simon Leendert Verhoeven ha comparecido ante el juez José Luis Calama, instructor del caso en la Audiencia Nacional. La investigación analiza las circunstancias que rodearon la ayuda pública concedida a Plus Ultra y la solvencia real de la compañía cuando se aprobó la operación.
Una operativa para mejorar la apariencia financiera
Roselli sostiene que la aerolínea recurrió a la constitución de garantías sobre parte de su flota con el objetivo de modificar la imagen que ofrecían sus cuentas. La fórmula habría permitido reforzar temporalmente determinados indicadores financieros y facilitar el acceso a financiación y respaldo institucional.
La tesis expuesta por el exCEO apunta a que esas operaciones no respondían únicamente a una necesidad ordinaria de financiación. En su escrito, las presenta como una pieza relevante de la estrategia seguida para maquillar la situación patrimonial de Plus Ultra antes de solicitar el apoyo del Estado.
La cuestión resulta especialmente relevante para la causa porque la concesión del rescate estaba vinculada a la consideración de la aerolínea como una empresa estratégica y a la acreditación de que atravesaba dificultades temporales como consecuencia de la pandemia. La investigación judicial trata de determinar si, en el momento de pedir la ayuda, la compañía cumplía realmente los requisitos exigidos.
Un rescate de 53 millones durante la pandemia
Plus Ultra recibió 53 millones de euros procedentes del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas creado durante la crisis sanitaria. El mecanismo fue gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Sepi, y estaba destinado a compañías consideradas viables antes del impacto económico provocado por la COVID-19.
La ayuda generó desde el principio una fuerte controversia política y judicial. Parte del debate se centró en la situación económica de la aerolínea, en su relevancia estratégica y en el procedimiento utilizado para autorizar el desembolso público. También se examinó la posible existencia de conexiones e intermediaciones políticas en torno a la operación.
En este contexto, el nuevo escrito de Roselli introduce detalles sobre el modo en que se habrían estructurado determinadas operaciones financieras antes del rescate. El antiguo directivo vincula esas decisiones con la necesidad de ofrecer una apariencia de solvencia suficiente para superar el análisis previo a la ayuda.
La declaración del bróker neerlandés
La comparecencia de Simon Leendert Verhoeven ante el juez Calama añade otro elemento a la investigación. El bróker neerlandés está siendo interrogado por su posible conocimiento o participación en las operaciones financieras relacionadas con la aerolínea y con la preparación de la solicitud de ayuda pública.
Su declaración deberá ser contrastada con la documentación incorporada al procedimiento y con el resto de testimonios. La Audiencia Nacional trata de reconstruir la cadena de decisiones que llevó a Plus Ultra a buscar financiación, establecer garantías sobre sus aeronaves y solicitar posteriormente el respaldo del Estado.
La versión aportada por Roselli no cierra la investigación. Al contrario, plantea nuevas cuestiones sobre quién diseñó las operaciones, qué información conocían los distintos responsables y si las garantías constituidas sobre los aviones alteraron la valoración real de la compañía.
El papel de las supuestas intermediaciones
El rescate también ha sido relacionado en el procedimiento con la presunta intervención del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Las referencias a esa posible mediación forman parte del contexto que rodea la ayuda, aunque deberán ser concretadas y acreditadas durante la instrucción.
La investigación deberá establecer si existieron gestiones externas para favorecer la concesión de los fondos y si esas actuaciones tuvieron alguna influencia en la decisión administrativa. Por ahora, la principal línea de análisis se centra en la situación económica de Plus Ultra y en la información facilitada para justificar su acceso al fondo de solvencia.
La documentación será clave para determinar responsabilidades
El contenido del escrito presentado por Roselli tendrá que ser cotejado con los contratos de financiación, los registros de las aeronaves, las cuentas de la compañía y los informes utilizados para evaluar el rescate. También será necesario determinar cuándo se constituyeron las hipotecas y qué efecto contable tuvieron sobre el balance de Plus Ultra.
Si se confirmara que las operaciones sirvieron para ocultar una quiebra técnica previa a la ayuda, el hallazgo podría afectar a la valoración judicial de los requisitos del rescate. En cambio, si se trató de operaciones habituales de financiación y no alteraron sustancialmente la imagen patrimonial de la empresa, su relevancia penal podría ser distinta.
El juez Calama deberá ahora valorar estas nuevas informaciones junto con las declaraciones de los investigados y la documentación financiera. La causa continúa abierta mientras se analiza si la compañía cumplía las condiciones para recibir los 53 millones de euros y si hubo irregularidades en la preparación o aprobación de la operación.
