Transportes adjudicó la seguridad del tramo del accidente a una empresa sancionada con 17 millones
El Ministerio de Transportes encargó el mantenimiento de la seguridad en el tramo de la línea Madrid-Sevilla donde chocaron un AVE y un tren de Iryo en Urda a una empresa que había sido sancionada dos años antes con 17 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La adjudicación fue realizada por Adif, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, en enero de 2024. El contrato se concedió sin competencia efectiva, ya que únicamente se presentó una oferta al procedimiento.
La sanción de la CNMC estaba relacionada con el amaño de contratos. Pese a ese antecedente, la compañía pudo concurrir y resultar adjudicataria de los trabajos vinculados a la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Un contrato adjudicado tras la llegada de Óscar Puente
La adjudicación se produjo dos meses después de que Óscar Puente tomara posesión como ministro de Transportes. El encargo quedó en manos de Adif, organismo responsable de la gestión y conservación de buena parte de la red ferroviaria española.
El contrato afectaba al tramo de la línea en el que posteriormente se produjo el accidente de Urda. La existencia de la sanción previa de la CNMC plantea dudas sobre los controles aplicados durante el proceso de contratación y sobre los criterios utilizados para valorar la solvencia y la idoneidad de la empresa.
La multa de 17 millones de euros no se impuso por un incidente relacionado con la seguridad ferroviaria, sino por prácticas destinadas a alterar la competencia en la contratación. Sin embargo, el antecedente adquiere relevancia política y administrativa al conocerse que la compañía fue elegida para desarrollar trabajos en una infraestructura crítica.
Una sola oferta en el procedimiento
Uno de los aspectos destacados del expediente es la ausencia de competencia durante la licitación. Solo una empresa presentó oferta, por lo que no hubo comparación entre distintas propuestas económicas o técnicas.
La falta de concurrencia no implica por sí misma que la adjudicación fuese irregular. No obstante, en contratos relacionados con la seguridad de una línea ferroviaria, el dato puede alimentar el debate sobre la transparencia del procedimiento y la necesidad de reforzar la supervisión de los adjudicatarios.
La Administración debe comprobar que las compañías que optan a este tipo de trabajos cumplen los requisitos establecidos en los pliegos. También debe valorar si existen circunstancias que puedan comprometer su capacidad para contratar con el sector público, especialmente cuando hay sanciones firmes por conductas contrarias a la competencia.
El accidente de Urda pone el foco en los controles
El conocimiento de este contrato se produce después del choque entre un AVE y un tren de Iryo en Urda, en la provincia de Toledo. La conexión Madrid-Sevilla es una de las principales líneas ferroviarias del país y soporta diariamente un elevado volumen de tráfico de alta velocidad.
La adjudicación del mantenimiento en el tramo afectado no permite establecer, por sí sola, una relación causal entre la contratación y el accidente. Cualquier conclusión sobre las causas del siniestro deberá apoyarse en las investigaciones técnicas y judiciales que correspondan.
La cuestión que queda abierta es si la empresa cumplió correctamente las obligaciones incluidas en el contrato y si los sistemas de vigilancia de la infraestructura funcionaron como estaba previsto. También será necesario determinar qué controles realizó Adif antes, durante y después de la ejecución de los trabajos.
La responsabilidad de Adif y Transportes
Adif, como entidad adjudicadora, tiene la responsabilidad directa de tramitar los contratos, verificar la documentación de las empresas y supervisar la prestación de los servicios. El Ministerio de Transportes, por su parte, ejerce la tutela sobre la compañía pública.
El caso abre varios interrogantes sobre la coordinación entre los registros de sanciones y los procedimientos de contratación pública. Una multa por prácticas anticompetitivas puede no impedir automáticamente que una empresa participe en una licitación, pero la Administración debe analizar sus efectos y aplicar, cuando proceda, las medidas previstas en la normativa.
- La adjudicación se formalizó en enero de 2024.
- El contrato afectaba a la seguridad y el mantenimiento de un tramo de la línea Madrid-Sevilla.
- La zona está situada en el entorno de Urda, donde chocaron un AVE y un tren de Iryo.
- La empresa había sido sancionada por la CNMC con 17 millones de euros por amañar contratos.
- Solo se presentó una oferta al procedimiento.
La investigación del accidente deberá esclarecer las causas concretas del choque y determinar si existieron fallos técnicos, de mantenimiento, de señalización o de coordinación. Mientras tanto, la adjudicación vuelve a situar el foco sobre los mecanismos de control de la contratación pública y sobre la exigencia de máxima solvencia en los servicios relacionados con la seguridad ferroviaria.
