Escrivá plantea compensar el alza de las pensiones si caen los precios

Ya fue definida la fórmula por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para que se revaloricen las pensiones sin que los jubilados vayan a perder poder adquisitivo. Después de diversas propuestas a los agentes sociales, Escrivá ha presentado el lunes su última oferta: las subidas van a ser con la inflación media del año previo. Sin embargo, va a haber un mecanismo para que se absorban las alzas en tanto el IPC sea negativo, tal como sucedió en 2020, y de esta manera se evite que los pensionistas lleguen a ganar todavía más poder adquisitivo. En dichos casos las prestaciones no van a tener un aumento ese año, sin embargo la ganancia que se ha obtenido por la inflación negativa se va a compensar en los tres años posteriores, conforme a fuentes de la negociación. Siendo esta es una de las bases de la primera fase de la reforma, que Escrivá desea finalizar antes de que llegue abril para que se satisfaga a Bruselas.

En el año 2020, los precios tuvieron una caída de un 0,2% de media. En comparación de las pensiones, continuando las previsiones iniciales de inflación, habían incrementado a comienzos de año un 0,9%. Eso se ha traducido en una ganancia de poder adquisitivo que se consolidó más tarde. Para que se evite esto —y el aumento de gasto que supone—, la Seguridad Social, preparó un nuevo mecanismo de revalorización anual que fue detallado a los sindicatos y las patronales en las negociaciones que tienen abiertas al respecto de la reforma de las pensiones.

El pasado lunes, se les ha entregado el texto que empieza específicamente por dicho punto, la “nueva fórmula de revalorización para el mantenimiento del poder adquisitivo”. Para que sea asegurado dicho objetivo, ha planteado una revalorización anual que, en comparación de este momento, va a tomar la inflación media entre diciembre del ejercicio anterior y noviembre del siguiente. Lo que significa, que se utilizará el Índice de Precios al Consumo que ya fue registrado y no una previsión que más tarde se compensa como se hace en este momento. También, en  tanto el IPC medio sea negativo, las pensiones no van a subir y la diferencia se va a absorber en los próximos tres años en que se tengan que aumentar las pensiones. Dicha propuesta va a modificar la inicial, que era que se tome una media móvil del IPC en cinco años.

En la espera de lo que pueda suceder en la negociación con los agentes sociales, este futuro mecanismo de absorción solamente  va a ser activado, lógicamente, en tanto los precios tengan una caída.

El primer punto de la primera fase de reforma de las pensiones que se ha planteado en Escrivá y que va a querer tener lista rápidamente. Algunas fuentes al tanto de las negociaciones con los agentes sociales, inclusive han hablado de un par de semanas, pese a que varias se van a mostrar escépticas. A los sindicatos y empresarios, no les ha convencido para nada las propuestas de la Seguridad Social. Este viernes, apuntaban que es “Es solo una propuesta del Gobierno que no es compartida por los agentes sociales en la mesa. Tiene que haber cambios sustanciales tanto en contenidos como en plazos”, esto lo han dicho en una de las organizaciones que participan en la negociación.

En dichos contenidos se encuentra el paquete de medidas para que sea alargada la edad real de la jubilación y que tenga un acercamiento de esta manera a la legal, que este año se esta ubicando entre los 65 y los 66 años (y va a llegar a una franja entre los 65 años y los 67 en 2027). La primera de estas, va a ser el veto a la llamada jubilación forzosa que fue pactada en los convenios colectivos. Sin embargo, dicho punto se encuentra pendiente de la contrapropuesta que vayan a hacer en conjunto con los sindicatos y las patronales en la mesa de negociación.

Jubilación anticipada

El lunes se ha entregado el documento, que de igual forma que concluido las restricciones a la jubilación que se anticipa voluntariamente, a la que podría tener acceso dos años previos de que llegue a la edad legal de jubilación que es correspondiente. El planteamiento de la Seguridad Social, ha sido que los coeficientes reductores que se han aplicado se lleguen a calcular por meses de adelanto sobre la edad legal de retiro y no por trimestres, como en este momento. Para la realización, Escrivá ha planteado un periodo que sea transitorio de tres años. El resultado final es que va a haber pensiones mucho más bajas para aquellos que se acojan a esta modalidad y, por tanto, un menor atractivo para que se haga.

Así mismo, en el retiro parcial existe un cambio sustancial, puesto a que se ha planteado que el jubilado no va a poder concentrar en un año todo el tiempo de trabajo que le va a corresponder previamente a su retiro definitivo. Debe tener que trabajar ese tiempo en cada uno de los años. Con esto se está obstaculizando de los trucos que usan las empresas para la renovación de las plantillas a menor coste, sin embargo de igual forma, se esta dificultando la utilización del contrato del trabajador sustituto del jubilado.

El posterior retoque que se va a colocar sobre la mesa, van a ser los incentivos en la jubilación demorada por medio de varias vías. Una es la mejora del premio que reciben aquellos ha decidido seguir en el mercado laboral después de que se cumpla la edad legal, debido a que la pensión se aumentará para todos en un 4%. Dicho incentivo en este momento, se ubica entre el 2% y el 4% en función de los años cotizados. Otra propuesta es que se de una cantidad a tanto alzado por cada año completo de cotización adicional.

Adicionalmente de estos cambios, de igual forma se encuentra desglosada la senda para que el Estado haga el pago con impuestos los gastos que se van a considera impropios del sistema, continuando con la terminología que usa el Pacto de Toledo en sus recomendaciones del mes de noviembre del año pasado. Dicho camino se va a concluir en 2023, como ya se anunció por el ministro Escrivá en alguna ocasión.

En tanto salga al frente esta primera fase de la reforma, la intención de la Seguridad Social es que se aborde en una segunda tanda la derogación del factor actual de sostenibilidad (cuya aplicación se encuentra suspendida y vincula la pensión inicial a la esperanza de vida) y su sustitución por otro; la subida de las máximas de cotización; la extensión del periodo de cómputo a los 35 años; de hecho el acceso de las parejas a la pensión de viudedad, y el impulso que tienen los sistemas complementarios de pensiones. Pero, esas son las intenciones que tiene el Gobierno, aunque sin embargo no tienen coincidencia con las pretensiones de los agentes sociales.

A los empresarios y sindicatos no les ha convencido el contenido de las propuestas de la Seguridad Social. Los primeros han argumentado que todo el paquete para que la gente se jubile tiempo más tarde, va a terminar por dificultar y encarecer la renovación de las plantillas. A los segundos no les ha gustado “el perímetro” de temas que se proponen. Así mismo, tienen la creencia de que es el momento en el que se tiene que abordar desde este momento la cotización de los autónomos, conforme con los ingresos que estos perciben. Y han sostenido que la intención de la Seguridad Social, de que se cierre en tanto previamente a esta fase de negociación es prácticamente imposible.

Bruselas vigila con celo

La negociación para que se reformen las pensiones, va en paralelo con las conversaciones con Bruselas, para recibir los fondos europeos. Estos han ido teniendo vinculación con la aprobación de reformas. Y Bruselas va a examinar cada seis meses, previamente de cada desembolso, que son cumplidos hito por hito con la hoja de ruta prevista. El motivo de que se llevase a octubre el incremento a 35 años del periodo de cálculo, que es uno de los puntos que más ahorro requieren y más polémicos, implicando que va a ser un hito para que se tenga en cuenta para que sean librados dichos fondos para el final del año.

El conjunto de dicho plan de reformas, se encuentra todavía negociándose con la Comisión Europea. Y en dicho punto existen versiones que son un tanto discrepantes, conforme a con quién se consulte en el Ejecutivo: para unos, la reforma de las pensiones se encuentra casi encarrilada y, a pesar de que han reconocido que Bruselas continúa solicitando números, han considerado que España se encuentra realizando más que los demás, teniendo una mejor situación de partida en el gasto en pensiones y, por lo que, va a bastar con lo que ya se ha planteado. Para la siguiente parte, Bruselas ha creído que la reforma es insuficiente y ha pedido una mayor ambición. Máxime, en tanto al comienzo de la negociación la Comisión ha aprobado un impuesto de un ajuste fiscal en cambio de los fondos. Sin embargo, dicha exigencia se va a sortear debido a que la cláusula que levanta la disciplina fiscal por la pandemia. Esto da explicación a que el foco se va a poner en las pensiones, su déficit ha supuesto una gran porción del agujero en las cuentas del Estado y que, también, una parte en este momento se ha pretendido que pase al presupuesto sin medidas tributarias que lo compensen. El déficit de las administraciones públicas, ya está bordeaba el 3% del PIB en 2019, que es una cifra por la que Europa comienza el procedimiento para que se ponga en vigilancia fiscal a un país. En este momento, el déficit estructural puede ubicarse en el 5%, según el Banco de España. Y en el 7% conforme a la Comisión. De allí viene la relevancia que tiene la reforma de las pensiones.

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