España aprueba aumentar la garantía obligatoria de los productos de 2 a 3 años

España incrementa la garantía de los productos. De los dos años obligatorios actuales se pasará a una garantía legal de tres años. Así lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, que igualmente ha resuelto ampliar el tiempo mínimo que deberán facilitar los fabricantes a nivel de reparación. En vez de los cinco años actuales, las compañías deberán colocar durante al menos 10 años las piezas de repuesto de los productos que ya no vendan, lo que concederá proporcionar su reparación pese a que el producto sea antiguo.

La reciente medida está establecida en un Real Decreto-ley ómnibus, que igualmente incorporara nuevos derechos y garantías para los usuarios ante la prosperidad del comercio online, en línea con lo planteado por la Unión Europea, que a finales de noviembre aprobaba el llamado ‘derecho a reparar’.

La novedosa normativa que aumenta la garantía de los productos a tres años es la inmersión de la normativa europea y además aplicará por primera vez en relación a los contenidos y servicios digitales, que deberán dar al menos dos años de garantía. Unos contenidos que «no cuestan dinero al consumidor sino que se obtienen a cambio de sus datos personales», conforme los detalla el Ministerio de Consumo. Entre los productos recolectados en esta categoría se incorporan «programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo, archivos de audio, archivos de música, juegos digitales, libros electrónicos u otras publicaciones electrónicas».

La durabilidad de un producto se determina con un punto de vista objetivo. Cuando un producto no tenga la durabilidad acordada en el contrato de compra, el cliente tendrá derecho a optar entre la reparación o la sustitución del mismo. Esta nueva normativa aumenta de tres a cinco años el plazo para cuando un cliente no esté conforme y se pasa de seis meses a uno o dos años, en función del objeto, el periodo para confirmar que no se está conforme con el producto comprado.

La principal variación en este apartado es que el consumidor solo deberá comprobar que el producto comprado no es acorde a lo pactado, sin necesidad de  probar su falta de conformidad en el instante de la entrega, como hasta ahora. Otro cambio es que las garantías comerciales que se insertan en la publicidad predominarán a las de la declaración de garantía legal si son más favorables para el consumidor.

Por ahora,  no se conoce cuándo entrará en vigencia. Habrá que esperar a su publicación en el BOE para saber los por menores restantes de esta nueva normativa que presume una extensa mejora de los derechos de los consumidores al comprar nuevos productos.

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