El consejo internacional de expertos en IA pide más impuestos a las tecnológicas y mayor protección para los menores
El panel internacional que asesora al Gobierno en materia de inteligencia artificial recomienda elevar la contribución fiscal de las grandes empresas tecnológicas y reforzar los controles destinados a proteger a niños y adolescentes. Sus conclusiones plantean una estrategia basada en una regulación más exigente, una supervisión pública sólida y el impulso de la soberanía tecnológica europea.
El grupo de expertos considera que el desarrollo de la inteligencia artificial está avanzando a un ritmo superior al de las normas diseñadas para controlarlo. Por ello, reclama medidas que permitan repartir mejor los beneficios económicos de esta transformación y reducir sus posibles efectos negativos sobre el empleo, la privacidad, la educación y la convivencia democrática.
Más fiscalidad para financiar la transición digital
Una de las principales propuestas pasa por revisar la fiscalidad aplicada a las compañías tecnológicas con mayor presencia en el mercado de la inteligencia artificial. El objetivo sería que las empresas que obtienen grandes ingresos gracias a los datos, la automatización y los modelos avanzados contribuyan de forma proporcional al impacto que generan.
Los expertos vinculan esta mayor aportación tributaria con la necesidad de financiar políticas públicas. Entre ellas figuran la formación de trabajadores, la investigación, la modernización de los servicios públicos y los mecanismos de supervisión de los sistemas automatizados.
La propuesta no se limita a crear nuevos impuestos. También apunta a mejorar la capacidad de las administraciones para identificar dónde se genera el valor económico y evitar que las grandes plataformas trasladen sus beneficios a jurisdicciones con una carga fiscal más baja.
Una protección reforzada para niños y adolescentes
El panel considera prioritario establecer garantías específicas para los menores. La expansión de los asistentes conversacionales, las herramientas generativas y las plataformas capaces de crear imágenes, vídeos o voces plantea riesgos adicionales para un público que todavía está desarrollando sus capacidades críticas.
Entre las medidas que se plantean se encuentran controles de edad más eficaces, límites al uso de determinados sistemas y una mayor transparencia sobre la forma en que se recopilan y procesan los datos de los usuarios jóvenes. También se reclama que las empresas evalúen de manera específica el impacto de sus productos en la salud mental, la privacidad y el rendimiento educativo.
La protección, según el panel, no debería descansar únicamente en las familias. Las plataformas tendrían que asumir una responsabilidad más clara en el diseño de sus servicios, mientras que los centros educativos y las instituciones públicas necesitarían recursos para enseñar un uso seguro y crítico de la inteligencia artificial.
Europa debe reducir su dependencia tecnológica
El informe apuesta asimismo por reforzar la soberanía tecnológica europea. La dependencia de proveedores extranjeros para acceder a modelos de inteligencia artificial, capacidad de cálculo, servicios en la nube y grandes volúmenes de datos puede limitar la autonomía de los Estados y aumentar su vulnerabilidad.
Para corregir esta situación, los expertos defienden una inversión sostenida en infraestructuras propias, centros de datos, supercomputación y modelos desarrollados en Europa. También piden facilitar el acceso de universidades, empresas emergentes y organismos públicos a recursos tecnológicos que hoy se concentran en un reducido grupo de compañías.
La soberanía tecnológica no se plantea como un cierre del mercado, sino como la capacidad de Europa para tomar decisiones sin depender por completo de actores externos. Contar con alternativas propias permitiría proteger mejor la información sensible y adaptar los sistemas de IA a las lenguas, leyes y valores europeos.
Más control sobre los sistemas de alto impacto
El consejo de expertos reclama ampliar la supervisión sobre las aplicaciones que pueden influir directamente en derechos fundamentales. En este ámbito entrarían, entre otros, los sistemas utilizados para seleccionar personal, conceder ayudas, evaluar a estudiantes, detectar posibles fraudes o tomar decisiones relacionadas con la seguridad.
La recomendación incluye reforzar las auditorías independientes y exigir que las organizaciones puedan explicar cómo funcionan sus herramientas. Cuando una decisión automatizada tenga consecuencias relevantes para una persona, debería existir la posibilidad de revisarla y recurrirla ante un responsable humano.
El panel también considera necesario mejorar la trazabilidad del contenido generado por inteligencia artificial. Identificar imágenes, vídeos, audios y textos sintéticos ayudaría a combatir la desinformación, las suplantaciones de identidad y las campañas de manipulación, especialmente durante procesos electorales o situaciones de emergencia.
Una regulación que avance al ritmo de la tecnología
Las recomendaciones dibujan un modelo en el que la innovación debe ir acompañada de responsabilidad. El reto para las administraciones será encontrar un equilibrio entre fomentar el desarrollo de nuevas herramientas y evitar que la rapidez del mercado deje sin protección a ciudadanos y trabajadores.
El mensaje central del panel es que la inteligencia artificial no puede regularse únicamente cuando aparecen daños. La evaluación de riesgos, la transparencia y la rendición de cuentas deberían incorporarse desde el diseño de cada sistema, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
El Gobierno deberá valorar ahora cómo trasladar estas propuestas a sus políticas públicas. Las decisiones que se adopten en fiscalidad, protección de menores, inversión tecnológica y control de los algoritmos marcarán la posición de España y de Europa en la próxima etapa de la inteligencia artificial.
