La aerolínea Plus Ultra rescatada por el gobierno y la presunta conexión venezolana

La aerolínea Plus Ultra fundada por los directivos que arruinaron  Air Madrid y siempre en pérdidas, reiniciará este mes sus vuelos a Caracas. La SEPI no impondrá un nuevo consejero delegado.

De conformidad con el expediente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para conceder 53 millones de euros a Plus Ultra (34 millones vía préstamo participativo y el resto como crédito ordinario) con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas. Estos son los argumentos que constan en dicho expediente: El Gobierno aprobó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, después de estimar que era una compañía estratégica porque su oferta de vuelos va orientada a migrantes que residen en España o a sus familiares de países como Venezuela, Ecuador o Perú, que no tienen cobertura para esa demanda, a un precio factible y con un conveniente número de frecuencias, de manera competente por otras aerolíneas tradicionales. El hecho de que haya sido la segunda empresa, después de Air Europa y a la par de Duro Felguera, en recibir el auxilio público se debe absolutamente a una cuestión cronológica, ya que presentó su solicitud en septiembre pasado, siendo una de las primeras empresas en realizarlo. Igualmente se ha tomado en consideración para la resolución del  rescate salvar los 350 empleos directos y otros 2.500 indirectos relacionados a la función de la aerolínea y su repercusión en la amplitud futura.

Según  fuentes cercanas de la operación, que separan la decisión de cualquier posición política, en lo peculiar, de la potencial alianza de los máximos accionistas de la aerolínea con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

De conformidad con lo comunicado por La SEPI,  han considerado que, dado la magnitud de la aerolínea y la limitada cantidad del capital aportado, no es indispensable por ahora tratar el nombramiento de un nuevo consejero delegado ni el ingreso en el consejo de administración de la aerolínea. La circunstancia confronta con lo sucedido en Air Europa, empresa en la que la sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda ha conciliado el nombramiento del primer directivo y ha ingresado en el consejo de la aerolínea de la familia Hidalgo.

El suministro de dinero público, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo, ha asombrado tanto en medios financieros y sectoriales como en el ámbito político. En el primer caso, porque la aerolínea ha estado constantemente en números rojos desde su fundación en 2011, aun cuando empezara a operar en 2016. Desde ese momento, acarrea unas pérdidas acumuladas de 10,6 millones de euros y en 2019, el último ejercicio fiscal del que ha mostrado cuentas en el Registro Mercantil, tuvo un resultado negativo de 2,1 millones de euros.

Su cupo de mercado en el sector es insignificante. La aerolínea operó un total de 823 vuelos en los aeropuertos españoles en 2019, transportando 156.139 pasajeros, lo que la coloca en el puesto 166 de las aerolíneas que operan en España, con menos del 0,1% de cuota, y lejos de la igualmente rescatada Air Europa, recibirá 475 millones, que transportó 19 millones de viajeros. Plus Ultra opera solo con cuatro aviones de la familia A340, un cuatrimotor que Airbus ha dejado de fabricar por su alto consumo de combustible y emisiones contaminantes.

Para  poder recibir las ayudas trazadas para las empresas estratégicas, Plus Ultra ha tenido que entregar un proyecto de viable que garantice, entre otros puntos, que reintegrara los créditos recibidos en un término de siete años. Un desafío significativo si se tiene en cuenta la crisis de  la pandemia que ha estimulado una duda en el restablecimiento del tráfico aéreo y que su facturación en el ejercicio fiscal de 2019 fue de 63,5 millones de euros.

Air Madrid y la presunta conexión venezolana

Las factibles consecuencias políticas del rescate igualmente han desatado una dura polémica. Fernando González Enfedaque y Julio Miguel Martínez, los fundadores españoles de Plus Ultra, eran los directivos de Air Madrid cuando la empresa de vuelos chárter quebró en las Navidades de 2016 dejando en tierra a 64.000 viajeros, varios de ellos migrantes ecuatorianos, para los que el Gobierno tuvo que fletar un avión militar. Los dos responsables fueron exculpados por la Audiencia Nacional de la quiebra, pero Fernando González fue condenado en 2019 por un delito fiscal en conexión con un caso inmobiliario en el País Vasco a once meses y 29 días de prisión, según publicó el diario vasco El Correo.

Más impregnado en la discusión que la quiebra de Air Madrid ha tenido la posible relación de los propietarios de Plus Ultra con el gobierno venezolano, que ha llevado a PP y Vox a presentar propuestas en el Congreso para que el Ejecutivo explique el rescate. La  principal razón es que el 47,2% del capital de la aerolínea está en manos de Snip Aviation, en cuyo consejo están tres directivos venezolanos: Rodolfo José Reyes Rojas, como presidente; Raif El Arigie Harbie, como vocal, y Roberto Roselli Mieles como consejero delegado de Plus Ultra, como apoderado.

Todos ellos han sido vinculados con negocios protegidos y con el beneplácito de la Administración del presidente venezolano Maduro y de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Esta última protagonizó un conflicto diplomático en enero de 2020 después de ser recibida en el aeropuerto de Madrid-Barajas por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a pesar de que la Unión Europea ha prohibido su entrada en territorio comunitario por la violación de los derechos humanos del régimen chavista.

Por otra parte, con una comunicación, Ábalos  se desligo ayer del rescate de Plus Ultra al momento que reivindicaba el impulso del apoyo a Air Europa, aconsejando que mientras terció en los auxilios de la aerolínea de los Hidalgo, en el caso de la compañía chárter ha sido competencia única de la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige la ministra María Jesús Montero. Agrego, el ministro y secretario de Organización del PSOE, al afirmar, que el Ministerio de Transportes no ha tenido nada que ver y, por lo tanto, no puede dar muchas explicaciones. Imagina que ha sido aprobado por el gestor del fondo del programa de rescate de empresas de la SEPI que tiene todos los requisitos legales para ello.

El rescate ha estimulado la labor de Plus Ultra, que continuara sus vuelos para la ruta Caracas-Madrid y viceversa desde el 24 de marzo, con frecuencia de un vuelo diario cada 15 días. El Ministerio de Asuntos Exteriores no recomienda  el viaje a Venezuela “salvo por razones de extrema necesidad”, debido a la situación sanitaria y social. A pesar del aviso, los viajeros podrán volar sin restricciones, mostrando un test PCR negativo, como los del resto de países, desde la capital venezolana hasta Madrid en sendos vuelos programados para el 25 de marzo y el 8 de abril, mientras la mayor parte de las comunidades autónomas españolas conservan la prohibición para sus habitantes de dejar la región en esas fechas por el cierre perimetral.

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