La venta de Uniper puede dejar miles de millones sobre la mesa para los contribuyentes alemanes
El Estado alemán se prepara para devolver Uniper al sector privado después de rescatar a la compañía energética en 2022, en plena crisis provocada por el corte del suministro de gas ruso. La operación permitió evitar el colapso de uno de los principales grupos energéticos del país, pero también comprometió alrededor de 14.000 millones de euros de dinero público.
Ahora, Berlín afronta una decisión con importantes consecuencias para las arcas públicas: vender Uniper como un grupo integrado o dividir sus distintas actividades para obtener un precio más elevado. La primera opción puede parecer más sencilla desde el punto de vista político y estratégico, pero la segunda podría generar mayores ingresos para el contribuyente.
Un rescate extraordinario durante la crisis del gas
Uniper quedó atrapada por su dependencia del gas ruso. La compañía había asumido compromisos de suministro a largo plazo y, cuando Moscú redujo progresivamente las entregas a Europa, tuvo que comprar gas en el mercado internacional a precios mucho más altos para cumplir sus contratos.
El desequilibrio amenazó la viabilidad financiera del grupo. Para impedir una quiebra con posibles efectos en cadena sobre el sistema energético alemán, el Gobierno intervino y puso fondos públicos a disposición de la empresa. El rescate convirtió al Estado en su accionista de referencia.
La intervención cumplió su objetivo inmediato: mantener el suministro y proteger la estabilidad del mercado. Sin embargo, una vez superada la emergencia, Berlín debe decidir cómo recuperar el máximo valor posible de esa inversión y cuál es el papel que Uniper debe desempeñar en la política energética nacional.
El dilema entre seguridad energética y rentabilidad
La intención de mantener juntas las distintas áreas de Uniper se apoya en una idea comprensible: contar con una gran empresa energética bajo control alemán puede ofrecer mayor capacidad de respuesta ante futuras crisis. El grupo reúne actividades relacionadas con la generación eléctrica, el comercio de energía y el suministro de gas, entre otras operaciones.
Ese razonamiento, no obstante, puede confundir seguridad energética con tamaño empresarial. Tener todas las actividades bajo una misma estructura no garantiza por sí solo un suministro más seguro. La resiliencia depende también de disponer de proveedores diversificados, infraestructuras suficientes, reservas estratégicas y una regulación capaz de reaccionar ante situaciones excepcionales.
Además, un conglomerado con negocios muy diferentes puede resultar más difícil de valorar para los inversores. Las áreas con mejores perspectivas de crecimiento pueden quedar diluidas dentro de un grupo sometido a actividades más maduras, intensivas en capital o expuestas a una mayor volatilidad.
La alternativa: vender Uniper por partes
La división de Uniper permitiría presentar cada negocio ante compradores especializados. Las actividades de generación eléctrica, las infraestructuras de gas, el comercio energético o los proyectos vinculados al gas natural licuado pueden tener perfiles de riesgo y expectativas de rentabilidad muy distintos.
Separar esas unidades podría aumentar la competencia durante el proceso de venta y facilitar que cada activo encontrase al inversor dispuesto a pagar más por él. Un comprador industrial podría valorar especialmente una red o una capacidad de almacenamiento, mientras que un fondo de inversión podría centrarse en negocios con ingresos previsibles y potencial de crecimiento.
La operación también obligaría a hacer visibles las fortalezas y debilidades de cada división. Esa transparencia podría favorecer una valoración más precisa y evitar que los negocios más atractivos subsidiasen indirectamente a los menos rentables.
Los riesgos de una fragmentación
La venta por separado no está exenta de dificultades. Dividir una empresa energética puede exigir reorganizar contratos, sistemas operativos, equipos directivos y compromisos de inversión. El proceso podría alargarse y generar costes adicionales, especialmente si existen activos o servicios compartidos.
También habría que proteger los intereses estratégicos de Alemania. Determinadas infraestructuras no deberían quedar sometidas únicamente a criterios financieros, sobre todo si desempeñan un papel relevante en el suministro nacional. El Estado podría conservar participaciones minoritarias, establecer condiciones regulatorias o utilizar mecanismos de control sobre activos considerados críticos.
El riesgo político tampoco es menor. La venta de una compañía rescatada con dinero público puede generar críticas si los nuevos propietarios obtienen beneficios elevados poco después de la privatización. Berlín tendría que demostrar que el proceso es competitivo, transparente y favorable a los contribuyentes.
Una decisión que marcará el balance del rescate
El objetivo no debería ser simplemente completar la reprivatización de Uniper cuanto antes. La prioridad tendría que consistir en recuperar la mayor parte posible de los fondos destinados al rescate sin poner en peligro la estabilidad energética del país.
Mantener el grupo unido puede ofrecer una respuesta política fácil y transmitir una imagen de control estratégico. Pero esa estructura podría ocultar valor y limitar los ingresos de la venta. Una separación cuidadosamente planificada, con garantías para los activos esenciales, permitiría combinar seguridad energética y disciplina financiera.
La decisión de Berlín será, por tanto, algo más que una operación corporativa. Determinará si el rescate de Uniper termina siendo una costosa solución de emergencia o una inversión pública capaz de recuperar una parte significativa de su valor. Para los contribuyentes alemanes, la diferencia puede medirse en miles de millones de euros.
