Obras Públicas formaliza por 58,18 millones el contrato para mejorar uno de los grandes corredores viarios de Tenerife
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha formalizado el contrato para ejecutar una actuación destinada a mejorar la capacidad y las condiciones de circulación de uno de los principales corredores viarios de Tenerife. Los trabajos serán realizados por la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L.
El importe de adjudicación asciende a 58.182.981,26 euros, IGIC incluido. La firma del contrato permite avanzar desde la fase administrativa hacia la ejecución material de una obra considerada estratégica para la red viaria insular.
Una inversión de más de 58 millones de euros
La actuación busca reforzar la capacidad de la infraestructura y mejorar las condiciones de circulación en uno de los ejes con mayor relevancia para los desplazamientos en Tenerife. El objetivo declarado es favorecer una movilidad más fluida y segura, además de responder a las necesidades actuales de un corredor sometido a una elevada presión de tráfico.
La adjudicación se ha concedido a una UTE, una fórmula habitual en contratos de obra pública de elevada dimensión. Este modelo permite que varias compañías concurran conjuntamente y asuman la ejecución del proyecto bajo una responsabilidad compartida, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Administración.
El importe comunicado incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), un dato relevante para conocer el coste total que deberá afrontar el erario público. En este tipo de contratos, la cifra final debe analizarse junto con el presupuesto base de licitación, las posibles modificaciones y la evolución de las certificaciones de obra.
El control del gasto, clave durante la ejecución
La formalización del contrato no supone el final del escrutinio público. A partir de ahora, la atención se centrará en que los trabajos se desarrollen dentro del presupuesto, los plazos y las condiciones técnicas fijadas en los pliegos.
La Administración deberá supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la UTE y justificar cualquier cambio que pueda afectar al coste o al calendario. Las modificaciones contractuales, los reajustes de anualidades, las revisiones de precios y los contratos complementarios son algunos de los elementos que pueden alterar el importe inicialmente previsto.
En una obra de esta magnitud, la transparencia exige que la ciudadanía pueda consultar de forma clara la información esencial del expediente: adjudicataria, importe, duración, responsables de la dirección de obra, certificaciones abonadas y grado de ejecución. También resulta relevante conocer si se producen incidencias, paralizaciones o ampliaciones de plazo.
Sin irregularidades comunicadas, pero con obligaciones de rendición de cuentas
La formalización del contrato no implica por sí misma la existencia de irregularidades. Tampoco se han comunicado, en la información disponible, anomalías relacionadas con la adjudicación. Sin embargo, el volumen de fondos públicos comprometido obliga a mantener un seguimiento riguroso durante todas las fases del proyecto.
La prevención de la corrupción en la contratación pública no depende únicamente de la fase de concurso. También requiere controles sobre la ejecución real de las obras, la calidad de los materiales, el cumplimiento de las condiciones laborales y medioambientales y la correspondencia entre los trabajos certificados y los efectivamente realizados.
La publicación periódica de estos datos permitiría comprobar si la inversión avanza conforme a lo previsto y facilitaría la labor de fiscalización de los órganos de control, los grupos políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía.
Una actuación pendiente de resultados sobre el terreno
Con la formalización, la UTE integrada por Ferrovial Construcción y Asyota Asfaltos y Obras queda vinculada a la ejecución de los trabajos por el importe establecido. El siguiente paso será trasladar el contenido del contrato a la realidad de la carretera y acreditar que la actuación cumple los objetivos previstos.
La mejora de la capacidad viaria deberá traducirse en unas condiciones de circulación más adecuadas para quienes utilizan diariamente este corredor de Tenerife. Para ello, será determinante que la obra se ejecute con planificación, que se minimicen las afecciones al tráfico y que se informe con antelación de los cortes o desvíos que puedan producirse.
El proyecto representa una de las inversiones relevantes de Obras Públicas en la red insular. Su éxito no se medirá únicamente por la finalización de los trabajos, sino también por la calidad de la infraestructura, el respeto al presupuesto y la disponibilidad de información suficiente sobre el uso de los fondos públicos.
