Viernes, trece de diciembre. Un grupo de madres, padres, abuelos y abuelas se reúnen con una mezcla de esperanza y desesperación frente al pleno de la Diputación de Málaga. Llevan años luchando, reclamando, exigiendo que sus hijos con necesidades educativas especiales reciban una educación inclusiva y en igualdad de condiciones. Sin embargo, una vez más, se enfrentan al muro impenetrable de la indiferencia institucional.
Entre esas voces está Sandra Bautista, madre de una niña de nueve años diagnosticada con autismo y epilepsia. Fundadora de la Asociación Plataforma Neurodiverso, Sandra lleva años asistiendo a plenos, entregando propuestas, escribiendo reclamaciones, desgastándose en una lucha que parece interminable. “Nos piden respeto mientras pisotean los derechos de mi hija”, expresa con una mezcla de rabia y cansancio.
Para Sandra, como para muchas familias, esta batalla no es solo personal, es existencial. Es la lucha por los derechos de sus hijos, por su dignidad, por su futuro. Y es que, sin recursos suficientes, no hay inclusión real. Actualmente, la contratación de personal técnico como PTIS (Personal Técnico de Integración Social), PT (Pedagogía Terapéutica) y AL (Audición y Lenguaje) es insuficiente para atender la creciente demanda. Mientras tanto, los responsables políticos se dedican a culparse mutuamente, mirando más hacia el pasado que hacia el presente.
«Nos etiquetan con la discapacidad y nos olvidan», denuncia Sandra, quien lamenta que las instituciones vean a estas familias como casos excepcionales, cuando la realidad es que cada vez son más los niños que necesitan apoyo especializado.
La escena en el pleno es desgarradora. Familias llorando en silencio, madres que intentan mantener la compostura, pero que sienten cómo se desmorona todo cuando la administración les da la espalda. “No somos un grupo de madres histéricas y locas, somos familias desesperadas buscando justicia”, insiste Sandra.
La educación inclusiva no es un privilegio, es un derecho. Sin embargo, en Andalucía, parece estar condicionado por la etiqueta de la discapacidad, una que, lejos de garantizar recursos, condena a estos niños a la exclusión.
Este grupo de familias, junto a más de 25 AMPAS de Málaga, no solo exige recursos, exige humanidad. Quieren políticas sociales que prioricen la equidad y la justicia para sus hijos, y no discursos vacíos que perpetúan un sistema educativo desigual.
La lucha continúa. Aunque las lágrimas caigan y las fuerzas flaqueen, estas familias seguirán alzando la voz. Porque sus hijos no pueden esperar, y la justicia para ellos es un derecho que no admite más retrasos.
