Torres acusa al PP de bloquear la respuesta migratoria y replica a las críticas de Clavijo
El Gobierno central ha rechazado las acusaciones de inacción ante el repunte de la ruta atlántica y ha situado el foco de la responsabilidad política en el Partido Popular. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sostiene que el bloqueo al reparto de menores migrantes no procede del Ejecutivo estatal, sino de la oposición del PP a las medidas planteadas para aliviar la presión que soportan Canarias, Ceuta y Melilla.
La respuesta llega después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclamase una reacción más rápida ante la llegada de embarcaciones a las islas y cuestionase la actuación del Estado. Torres ha contestado que el Gobierno autonómico debe aclarar la posición de su socio de coalición, ya que Coalición Canaria gobierna en las islas con el Partido Popular.
El Ejecutivo niega que haya desatendido la ruta atlántica
La ruta atlántica continúa siendo uno de los principales puntos de entrada irregular a España. Canarias afronta desde hace años una presión migratoria sostenida, con especial impacto en sus servicios de acogida y en la red destinada a atender a los menores que llegan sin familiares adultos.
Ante las críticas de Clavijo, el Gobierno central defiende que ha mantenido los dispositivos de vigilancia, rescate y atención humanitaria, además de reclamar una respuesta coordinada de las instituciones europeas. El Ejecutivo considera que la gestión de los flujos migratorios no puede descansar únicamente sobre las comunidades situadas en la frontera sur.
Torres ha insistido en que la situación requiere cooperación entre administraciones y ha descartado que el Estado permanezca pasivo. Su argumento es que el problema no se resuelve únicamente con más recursos para Canarias, sino también con un mecanismo estable que permita trasladar a los menores a otros territorios.
El reparto de menores, en el centro del enfrentamiento
La distribución de menores migrantes se ha convertido en el principal punto de conflicto entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas. Canarias sostiene que sus recursos están sometidos a una presión extraordinaria y reclama que el resto de territorios asuma una parte proporcional de la tutela y la atención.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende una modificación normativa para hacer obligatorio ese reparto cuando una comunidad supere determinados niveles de ocupación. La propuesta pretende sustituir el actual sistema de acogida voluntaria, que el Gobierno considera insuficiente ante situaciones de emergencia.
Sin embargo, el Partido Popular ha expresado reservas sobre el mecanismo y reclama que cualquier acuerdo incluya financiación suficiente, refuerzo de las plantillas y una política migratoria más amplia. Los populares también han pedido al Gobierno que negocie con las comunidades y que concrete las previsiones económicas antes de aprobar nuevas obligaciones.
Para Torres, esas condiciones están siendo utilizadas como argumento para retrasar una solución. El ministro ha atribuido al PP el freno a la reforma y ha emplazado a Clavijo a explicar si comparte las posiciones de su socio de gobierno o si respalda la propuesta estatal.
Clavijo reclama recursos y una respuesta coordinada
El presidente canario ha reclamado en repetidas ocasiones más medios para atender a los menores y una actuación firme frente a las redes que organizan las salidas desde la costa occidental africana. El Gobierno autonómico considera que las islas no pueden seguir asumiendo en solitario la tutela de miles de jóvenes mientras se prolonga la falta de acuerdos entre las administraciones.
Clavijo también ha advertido de que la capacidad de acogida se encuentra al límite y ha pedido que la solidaridad territorial deje de depender de acuerdos puntuales. Canarias reclama un modelo permanente, con financiación garantizada y criterios claros para activar los traslados cuando aumenten las llegadas.
La controversia se produce además en un contexto de tensión política entre los socios del Ejecutivo autonómico. Coalición Canaria defiende una respuesta urgente y reclama avances al Estado, mientras el PP mantiene una posición más crítica con la reforma impulsada por el Gobierno central. Esa diferencia dificulta que Canarias presente una postura plenamente unificada en la negociación.
Una disputa con impacto nacional
El enfrentamiento trasciende el ámbito canario. La gestión de los menores migrantes se ha convertido en uno de los asuntos más delicados de la política territorial y enfrenta al Gobierno central con las comunidades gobernadas por el PP. La falta de consenso amenaza con prolongar un modelo que todas las partes consideran insuficiente, aunque discrepan sobre la solución.
El Ejecutivo estatal sostiene que la reforma debe avanzar para evitar que la responsabilidad recaiga sobre unas pocas comunidades. El PP, por su parte, exige garantías presupuestarias y una estrategia que combine acogida, control de fronteras, cooperación con los países de origen y persecución de las mafias que operan en la ruta atlántica.
Mientras continúa el intercambio de acusaciones, Canarias reclama hechos concretos: más plazas, financiación estable y un procedimiento automático de derivación. La presión migratoria mantiene así abierto un pulso institucional en el que el bloqueo político amenaza con agravar una emergencia que afecta directamente a la atención de los menores.
