El acuerdo de Delcy Rodríguez con iFlytek abrió la puerta a la vigilancia con inteligencia artificial en Venezuela
El Gobierno venezolano presentó en 2025 un memorando de entendimiento con la empresa china iFlytek como una oportunidad para acelerar la modernización tecnológica del país. Sin embargo, el acuerdo también despertó preocupación por el posible uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al reconocimiento, el análisis de datos y la vigilancia de la población.
La iniciativa fue impulsada por Delcy Rodríguez en un momento en el que Caracas buscaba reforzar sus relaciones con China y ampliar la cooperación tecnológica con empresas del país asiático. El proyecto quedó rodeado de interrogantes por la trayectoria de iFlytek y por la falta de información pública sobre el alcance real de las soluciones previstas.
Qué es iFlytek y por qué genera preocupación
iFlytek es una compañía china especializada en inteligencia artificial, reconocimiento de voz, procesamiento del lenguaje natural y análisis automatizado de grandes volúmenes de información. Sus sistemas pueden utilizarse en ámbitos como la educación, la sanidad, la atención al cliente o la traducción.
El problema aparece cuando estas capacidades se integran en estructuras de seguridad y control social. La empresa ha sido señalada por Estados Unidos por su participación en tecnologías vinculadas a la vigilancia y la represión. Esa acusación convirtió cualquier acuerdo con un Gobierno con un historial cuestionado en materia de derechos humanos en un asunto especialmente sensible.
Las herramientas de reconocimiento de voz y de análisis de comunicaciones pueden identificar patrones, clasificar conversaciones o localizar determinados términos y perfiles. Combinadas con bases de datos estatales, cámaras y sistemas de identificación, también pueden facilitar un seguimiento más preciso de ciudadanos, activistas, periodistas o miembros de la oposición.
Un memorando con más preguntas que respuestas
El Ejecutivo venezolano describió el pacto como un paso hacia la modernización tecnológica. No obstante, la información disponible no permite determinar con claridad qué productos se iban a desplegar, qué organismos tendrían acceso a ellos ni qué controles existirían sobre los datos recopilados.
La diferencia entre un acuerdo de cooperación y un sistema operativo de vigilancia es importante. Un memorando puede limitarse a establecer líneas de trabajo, intercambio de conocimientos o futuras negociaciones. Para que exista una infraestructura de control plenamente funcional hacen falta contratos, adquisiciones, integración con redes públicas y protocolos de uso.
Hasta ahora, no se ha detallado públicamente si el proyecto llegó a superar esa fase inicial. Tampoco se conocen especificaciones verificables sobre servidores, bases de datos, cámaras, sistemas biométricos o plataformas de monitorización que pudieran haberse incorporado a través de la colaboración con iFlytek.
Cómo podría utilizarse la inteligencia artificial
En un escenario de aplicación amplia, la tecnología podría emplearse para transcribir comunicaciones, detectar palabras clave, identificar voces o analizar grandes cantidades de información publicada en internet. También podría servir para cruzar datos de ciudadanos y construir perfiles automatizados basados en sus relaciones, desplazamientos o actividad digital.
Estas funciones no son necesariamente ilegales cuando se utilizan con garantías y bajo supervisión independiente. El riesgo aumenta cuando no existe transparencia, una autoridad judicial efectiva ni mecanismos para que los afectados puedan conocer, corregir o impugnar el tratamiento de sus datos.
- Reconocimiento de voz: identificación o clasificación de personas a partir de sus características vocales.
- Análisis de lenguaje: detección automatizada de términos, temas y patrones en conversaciones o textos.
- Integración de datos: combinación de registros para elaborar perfiles y establecer relaciones entre individuos.
- Supervisión masiva: seguimiento de actividad digital o comunicaciones a gran escala, con escaso control externo.
El contexto político venezolano
La preocupación no se explica únicamente por la tecnología. También influye el entorno político en el que se plantea su utilización. Organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años detenciones arbitrarias, persecución de opositores y restricciones a la libertad de expresión en Venezuela.
En ese contexto, una herramienta diseñada para interpretar voz, texto o comportamiento puede convertirse en un instrumento de presión política si se utiliza para identificar disidentes o anticipar movilizaciones. La inteligencia artificial no decide por sí sola qué debe vigilarse, pero puede ampliar de forma considerable la capacidad de un Estado para recopilar y procesar información.
Qué ocurrió con el proyecto tras la captura de Nicolás Maduro
El futuro del acuerdo quedó aún más condicionado después de la captura de Nicolás Maduro. El cambio de escenario político plantea dudas sobre la continuidad de los compromisos asumidos por el Ejecutivo anterior y sobre el destino de cualquier infraestructura tecnológica que se hubiera adquirido o instalado.
Sin una auditoría independiente, resulta imposible saber si el memorando quedó paralizado, si fue renegociado o si algunas de sus iniciativas continuaron bajo otra estructura administrativa. También es necesario aclarar qué ocurrió con los datos que pudieran haberse recopilado y quién conserva el control de los sistemas relacionados con el proyecto.
La prioridad, según los expertos en derechos digitales, debería ser garantizar la trazabilidad de cualquier herramienta de vigilancia, revisar los contratos y establecer límites legales explícitos. La modernización tecnológica solo puede considerarse un avance si protege la privacidad y permite exigir responsabilidades por los abusos.
Una alianza tecnológica bajo escrutinio
El acuerdo entre Delcy Rodríguez e iFlytek resume uno de los principales dilemas de la inteligencia artificial: las mismas tecnologías que mejoran servicios públicos también pueden reforzar el control estatal. En Venezuela, la ausencia de detalles y de supervisión independiente impide evaluar con precisión qué se llegó a implementar.
Por ahora, el asunto sigue marcado por la incertidumbre. Más allá de la cooperación anunciada, quedan por responder preguntas esenciales: qué herramientas se contrataron, qué datos podían procesar, qué organismos tendrían acceso y si el proyecto sobrevivió a la captura de Maduro. Las respuestas serán determinantes para conocer si aquel memorando fue una promesa de modernización o el primer paso hacia una vigilancia más sofisticada.
