Esta tarde en el Congreso, el PSOE votara en contra de la proposición de ley impulsada, que está siendo impulsada por el PP. Y con la cual se pretende penalizar la convocatoria de un referéndum ilegal. Ya que los socialistas están seguros que con el juicio al “procés”. Que se ha celebrado durante todos estos días el Tribunal Supremo ha demostrado claramente que el Código Penal. Funciona correctamente, y tal cual como está redactado, dejando claro que no es necesario introducir ninguna modificación.
Pero como era de esperarse, los populares se mantienen firmes en defender que con esta penalización. Los políticos independentistas tendrían que ser juzgados, por un delito más. Que es el de la convocatoria ilegal y esto llevaría a que las penas serían mayores. Ya que el juicio al “procès” se ha mantenido girando entorno a si existió malversación, rebelión y sedición el día primero de octubre.
El PP está dispuesto a introducir penas de prisión. De tres a cinco años, esto para quien o quienes promuevan una consulta ilegal e inhabilitación.
Prisión e inhabilitación absoluta
En el comunicado, se proponen penas de prisión que irían de tres a cinco años. E incluso está contemplada la posibilidad de establecer la inhabilitación absoluta. Por un periodo de tiempo superior a los tres y cinco años. De la pena impuesta para cualquier autoridad o funcionario que se encargue de convocar o autorice la celebración de un referéndum ilegal, en el país.
Por lo tanto, para aquellos funcionarios o autoridades que se tomen la libertad de autorizar una consulta ilegal. Los populares están pidiendo de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años a la duración de la pena impuesta.
Y para aquellos que ejerzan de intermediarios en un referéndum ilegal, faciliten, promuevan o aseguren su realización. el PP pide penas de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.
La proposición de Ley
La exposición de motivos, para la proposición de esta ley se basa en que, los acontecimientos recientes. Demuestran claramente que las conductas de usurpación de atribuciones y participación en consultas ilegales. “revisten de suficiente entidad como para merecer un reproche penal”. Por tanto, bajo estos motivos se demuestra que las formas diferentes de control de la legalidad, que se han manejado hasta ahora. “no han sido suficientes para reprimir y disuadir de las conductas que los mismos penaban”.
Ya que si nos vamos 10 años atrás, el convocar, promover o ejercer de interventor en un referéndum ilegal. Estaba claramente penado en el Código Penal. Pero, al pasar los años los grupos políticos, para su beneficio decidieron despenalizar esta posibilidad.
Por tanto, el PP pretende utilizarlo este debate político para evidenciar una vez más. Las alianzas que mantiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas. Y sobre todo para reforzar su imagen de partido que frena y combate al secesionismo. Sin embargo, aunque el Pleno aprobara esta tarde el texto, su tramitación no podría completarse antes del próximo 5 de marzo. Fecha en la cual el Congreso se disolverá por la convocatoria de elecciones. Y caerán o quedaran sin efecto todas las iniciativas que no hayan sido ya aprobadas.
