Juan Carlos I, ha pagado más de cuatro millones al fisco en una segunda regularización

Una segunda regularización ha hecho Juan Carlos I, debido a rentas que no han sido declaradas en algunos ejercicios que han sumado más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que abonó más de cuatro millones a la Agencia Tributaria, conforme explicaron fuentes que son conocedoras de la operación. Desde el pasado mes de agosto, el rey emérito, expatriado en Emiratos Árabes Unidos, el pasado 9 de diciembre al fisco ya le había abonado 678.393 euros, que corresponden a una deuda tributaria de 2016 a 2018, en el que abdicó y perdió la inviolabilidad. Con dicho pago, Juan Carlos I reconoció el fraude, sin embargo al haberse adelantado a que presentara la regularización previamente a que le fuese comunicada la apertura de la investigación, ya que trataba de eludir el delito fiscal.

Fue presentado por la defensa del rey emérito, una declaración que es voluntaria a la Agencia Tributaria por los ocho millones de euros que Juan Carlos I, que ha recibido en vuelos de una compañía de jet privados, que fueron pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, que es propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans, conforme han señalado fuentes cercanas al caso. Es considerado, que el disfrute de dichos, como un pago en especie obligado a que se tribute como IRPF a Hacienda.

Se ha constituido la fundación Zagatka, en Liechtenstein el 1 de octubre de 2003. Y tiene como primer beneficiario a Álvaro de Orleans, quien es un ingeniero y empresario de 73 años, quien es un primo lejano del rey emérito. Conforme a sus estatutos, se ha creado para que ayuden al que en aquel momento, el jefe del Estado dando reconocimiento para su contribución a la democracia en España. Un hijo de Orleans, es el segundo beneficiario; Juan Carlos I el tercero y Felipe VI el cuarto, en el supuesto del fallecimiento de los Orleans. En el quinto lugar se encontraban figurando Elena y Cristina de Borbón.

El mes de junio pasado, de la fundación Zagatka ha hecho una modificación de sus estatutos y suprimió a Juan Carlos I y a sus tres hijos como beneficiarios de esta. Desde ese momento, solamente están figurando como únicos beneficiarios de sus fondos Álvaro de Orleans y su hijo Andrés. Y su objetivo estatutario es que se garantise la asistencia financiera para la familia de su fundador. En el mes de marzo del pasado año, la cuenta de Zagatka llegó a acumular cerca de 10 millones de euros, conforme a lo que ha dicho Orleans.

Álvaro de Orleans, ha declarado en el pasado mes de diciembre de 2020, que ha pagado muchos vuelos para el rey emérito, pero que este no es su testaferro, esto lo dijo en una entrevista en Ginebra. También aseguraba el primo y amigo de este rey emérito, que lo ha hecho para proteger la vida privada de Juan Carlos I y esto sigue con la tradición familiar de los Orleans de brindarle ayuda a la monarquía española.

Contactos con Hacienda

El abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez Junco, mantuvo contactos con el Ministerio de Hacienda para la nueva regularización fiscal de este anterior jefe del Estado, que estaba siendo estudiada desde hace meses y que hasta este momento no se había ejecutado. Ha sucedido el atraso por la dificultad del rey emérito y de sus asesores para que llegase a aflorar la millonaria cantidad que tuvo que abonar. Juan Carlos I, va a tener que demostrar el origen del dinero, con el que le pagó a Hacienda.

En este momento la cuota defraudada a Hacienda que ha admitido Juan Carlos I, ha superado con mucho la regularizada en el mes pasado de diciembre y de igual forma los 120.000 euros anuales, que ha establecido la ley como límite para el delito fiscal.

Ha sido previsto por la legislación, que cualquier contribuyente pueda evitar que lo acusen de delito fiscal, si hace un abono de su deuda, previamente a que Hacienda o la justicia, le lleguen a notificar del comienzo de actuaciones. El artículo 305.4 del Código Penal, ha considerado como que se encuentra ya regularizada la situación tributaria, en el momento en el que proceda el contribuyente al completo reconocimiento y ha pagado la deuda, previamente a que se le haya enviado una notificación por la Administración tributaria,  el comienzo de actuaciones de comprobaciones o investigaciones  que estén encaminadas a la determinación de las deudas tributarias, que son objeto de la regularización, previamente a que el ministerio fiscal, el abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se tratase interpusiera querella o denuncia en contra de el dirigida. O previamente de que el ministerio fiscal o el juez de instrucción realizara actuaciones, que le permitiesen tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

El mismo artículo del Código Penal, agrega que la regularización va a impedir que se le persiga [al defraudador], debido a las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que de forma exclusiva en relación a la deuda tributaria que es un objeto de regularización, el mismo pudiese haber cometido con carácter previamente a la regularización.

Sin embargo, la ley ha exigido que la regularización pueda ser completa y veraz, para que las autoridades tributarias y la Fiscalía del Tribunal Supremo la han considerado como correcta, a efectos de que se aplique el artículo 305.4 y han exonerado al rey emérito de un probable delito fiscal. El hecho de que se presentara una segunda regularización fiscal, puede que lleve a que cuestione que la primera fuese completa, sin embargo, la respuesta va a depender del análisis de si se llega a tratar de los mismos ejercicios fiscales o de las mismas materias.

Aun la Fiscalía del Tribunal Supremo, se encuentra analizando si va a ser correcta la regularización que el previo monarca ha realizado hace dos meses y medio, con el pago de una deuda tributaria de 678.393 euros, por medio de su abogado, Javier Sánchez-Junco. En tal caso, se trataba de la regularización de los fondos opacos que, entre 2016 y 2018, suministrándole al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, teniendo intereses en España. Anticorrupción, que ya se encontraba investigando dichos pagos, a pesar de que no se lo había notificado al padre del Rey, interrogando en torno a los mismos al propio empresario y a Nicolás Murga Mendoza, un coronel del Ejército del Aire y ayudante de campo de Juan Carlos I, por más de una década, que ha tenido una presunta actuación como testaferro. Conforme a la investigación de la Fiscalía, las tarjetas que pagaba Sanginés-Krause han funcionado para que se abonaran gastos diversos del rey emérito y sus familiares (entre los que no figuran los Reyes actuales), como viajes, regalos, hoteles y restaurantes.

Tres investigaciones

En tres causas distintas se está investigando al rey emérito en tres causas diferentes, por un equipo de cuatro fiscales.

  • Por el presunto cobro de comisiones ilegales en las obras del AVE a La Meca, que se han adjudicado por 6.500 millones a un consorcio español.
  • Debido a la disposición de dinero de un empresario mexicano, de parte del rey emérito.
  • Debido a la presunta posesión de sociedades en paraísos fiscales que tienen fondos millonarios.

Tienen confianza de la defensa de Juan Carlos I, en que la primera sea archivada debido a los hechos se han referido a la etapa en que este todavía era jefe del Estado y gozaba de inviolabilidad; la segunda, debido a la regularización fiscal; y la tercera, ya que ha negado la existencia de esas cuentas. Ninguna de estas tres fue archivado todavía, sin embargo el fiscal tampoco dio el paso de que sea presentada una querella frente a la Sala de lo Penal del Supremo, por lo que el rey emérito se encuentra aforado.

Posible declaración voluntaria frente al fiscal

En el momento en que se marchó hacia Abu Dabi, el 3 de agosto pasado, Javier Sánchez-Junco, abogado del rey emérito, realizó la difusión de un comunicado en el que este aseguró que su cliente iba a estar “a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos”, y dejó claro que no iba a pretender en ningún caso que este fuese sustraído a la acción de la Justicia.

Se encuentra aforado Juan Carlos I, frente el Supremo (igual que las reinas Letizia y Sofía y la Princesa de Asturias), esto en virtud de una reforma legal que fue aprobada en junio de 2014, después de su abdicación. Solamente un juez del Supremo, puede citarle a que declare como investigado, si llega a presentarse la correspondiente querella y es admitido a trámite. Sin embargo, la Fiscalía puede, conforme a fuentes jurídicas, llegar a ofrecerle la posibilidad de que declare de forma voluntaria, para que aclare el origen de las rentas que quiere regularizar. Lo que va a permitir que se acelere su regreso a España.

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