El PSOE presiono para retrasar el informe de fiscalización tas el 28-A. motivo por el cual, el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó ayer por mayoría. El Informe de fiscalización de la Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña durante el periodo, comprendido entre los años 2011 y 2017. Periodo durante el cual se supuso un dispendio de 421 millones de euros de dinero público con un único objetivo: la independencia de Cataluña.
Y por si fuese poca la información ya revelada, el informe ha contado con el anuncio de la presentación de un voto particular. El cual es el de la consejera del PSOE, María Dolores Genaro. Esto luego de ser debatido en el Pleno, matizaciones que afectaban a partes sustanciales del informe. Además, según fuentes consultadas del Tribunal de Cuentas. “algunos consejeros habían trasladado inquietudes que obedecían más a directrices de la Generalitat sobre su ámbito competencial”.
Además, el Pleno del Tribunal de Cuentas decidió aprobar el día de ayer. Un reciente informe que ha salido a relucir recientemente. Y en el que se cifran en 421 millones el desvío de fondos públicos. De allí entonces, que los 5 consejeros socialistas trataron de posponer su aprobación y una anunció ayer un voto particular. Incluso, la Generalitat también quiso retrasarlo con alegaciones extemporáneas.
El informe
La elaboración del informe ha sufrido múltiples presiones. Desde que se aprobó en las Cortes a finales de diciembre de 2017. Esta aprobación, fue realizada por la comisión mixta del Congreso y el Senado. Además de que, el trabajo de fiscalización estaba casi finalizado a mediados de septiembre de 2018. Con la finalidad de poder ser presentarlo antes del inicio del juicio del 2procés2. Sin embargo, gracias a la ingente cantidad de alegaciones. Así como la aportación de documentación de forma extemporánea por parte de la Generalitat ha dilatado su terminación varios meses.
También se ha conocido que: tras el debate en la Sección de Fiscalización del TCu del pasado jueves 21 de marzo. Donde se hacía referencia a las presiones del Gobierno para intentar postergar su aprobación después de las elecciones del 28-A. y según aseguran fuentes del TCu. Sin tener en cuenta que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado ya se habían pronunciado en dos escritos presentados el pasado 14 de marzo. “Ese día los cinco consejeros propuestos por el PSOE en bloque propusieron que se retrasase la aprobación del informe después de las elecciones de abril”.
Consecuencias económicas
Sin duda alguna, después de las investigaciones realizadas. Las andanzas por el mundo de Artur Mas, Carles Puigdemont y los consejeros del Govern. En su obsesión por internacionalizar el “procés” tendrán consecuencias económicas. Ya que existen aproximadamente 7 millones de euros sin justificar, por lo tanto están en el punto de mira para que se restituyan a las arcas públicas. El abogado del Estado del Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, estima que «procede la remisión a la Sección de Enjuiciamiento con el fin de depurar la responsabilidad contable que pudiera derivarse de los hechos”.
