El juicio que libró a Marbella de Jesús Gil

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Se presentó como un acuerdo en el que todos ganaban e, incluso, como un acto de generosidad de Jesús Gil hacia la ciudad que le había otorgado en las urnas el bastón de mando y un poder absoluto. En realidad era un ardid para financiar con dinero público el sueño del alcalde de situar al Atlético de Madrid en lo más alto del fútbol español.

Apenas llegado al gobierno municipal de Marbella, en junio de 1991, Gil abrió un boquete en las arcas del Ayuntamiento. Su gestión, según quedaría reflejado muchos años después en las sentencias dictadas en múltiples procesos judiciales, de los que los ‘casos Saqueo 1 y 2’ y ‘Tribunal de Cuentas’ fueron los más significativos, supuso una continua fuga de fondos de la ciudad de Marbella hacia una caja única que confundía lo público con lo privado. La ‘operación Malaya’, que se desencadenó cuando Gil ya llevaba dos años fallecido, pondría el epílogo al periodo que su llegada a la Alcaldía había abierto 15 años antes.

Pero hubo un proceso judicial que adquiriría años después capital importancia. Fue el que analizó el desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella directamente a las cuentas del club con cuya propiedad se había hecho Jesús Gil algunos años antes.

Una denuncia presentada en 1998 por la entonces concejala socialista Isabel García Marcos –condenada años después en el ‘caso Malaya’–, a la que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción, dio lugar a un proceso judicial instruido por el juez Santiago Torres que en sus comienzos se conoció como ‘caso Atlético’ y más tarde como ‘caso Camisetas’ y que llevó a Gil primero a la cárcel, después al banquillo y finalmente a una condena por inhabilitación que lo acabaría expulsando del sillón de la Alcaldía. Este 1 de junio se cumplen 20 años del inicio de aquel juicio que acabaría con la carrera política de Gil.

El periódico de aquel día de 2000 daba cuenta de los conflictos pendientes entre el Gobierno de José María Aznar y la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves, advertía del retraso en la licitación de la autovía entre la Ronda Este y Rincón de la Victoria, recogía que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, apostaba por evitar la paralización indefinida de las obras del edificio El Morlaco, recordaba el inminente inicio de una Eurocopa a la que la selección española acudía bajo la dirección de José Antonio Camacho e informaba también de un acontecimiento que se había convertido en noticia de alcance nacional: Jesús Gil se sentaba por primera vez en el banquillo de la Audiencia Provincial de Málaga, que por entonces tenía su sede en el Palacio Miramar.

Lo acompañaban otros 11 acusados, entre quienes se encontraban varios personajes célebres, Miguel Ángel Gil Marín (uno de los hijos del alcalde), el entonces vicepresidente del Atlético, Enrique Cerezo, los expresidentes del Sevilla Luis Cuervas y José María del Nido, quien sería posteriormente alcalde de Marbella Julián Muñoz, el exasesor legal de Gil José Luis Sierra, que se enemistó para siempre con el entonces alcalde a raíz de este proceso, o el exteniente de alcalde de Marbella Pedro Román.

Dos meses antes, el tribunal se había constituido para abordar las cuestiones previas, en las que Gil había desplegado toda su batería de descalificaciones contra el juez instructor y denunciado, como era habitual, que era víctima de persecución política. Ninguna fue admitida y el juicio dio comienzo finalmente ese 1 de junio.

Se preveía una vista oral larga y densa, cargada de declaraciones de peritos y de cerca de un centenar de testigos. Se trataba de dilucidar la posible malversación de 450 millones de pesetas de la época (2,7 millones de euros) de dinero público del Ayuntamiento de Marbella que terminaron en cuentas del Atlético de Madrid bajo el amparo de un supuesto patrocinio. Sobre Gil recaían las acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público y una petición fiscal de 34 años de prisión.

Pese a la aparente sensación de impunidad con que se movía, Gil tenía motivos para estar preocupado. La instrucción del caso había marcado un hito en Marbella, con registros en el Ayuntamiento y en el estadio Vicente Calderón y el ingreso del propio Gil en prisión el 7 de enero de 1999, de donde salió cuatro días después gracias a un informe médico que advirtió que sufría insuficiencia cardíaca.

El juicio se prolongó durante 18 sesiones y la sentencia, que se conocería en octubre, quedaría muy lejos de la petición fiscal. Gil fue condenado a 28 años de inhabilitación por cuatro delitos de prevaricación y pero no por los delitos de falsedad, malversación de caudales públicos y fraude. La mayor parte de los acusados resultaron absueltos y sólo Pedro Román y el apoderado de la empresa municipal Modesto Perodia fueron condenados con Gil.

La sentencia no lo devolvió a la cárcel, pero al ser ratificada dos años más tarde por el Supremo acabó con su carrera política. El 23 de abril de 2002, horas antes de que la Audiencia de Málaga comunicara oficialmente al Ayuntamiento que el alcalde estaba inhabilitado, Gil presentó su dimisión. Nueve días más tarde, el pleno elegía a Julián Muñoz como su sucesor. La etapa más negra de la historia de Marbella comenzaba a dar sus últimos estertores.

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