El pasado 13 de septiembre un juzgado de Andorra imputó a 28 personas, entre ellas dos ex ministros del gobierno del ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y funcionarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), implicados en el expolio de 2.000 millones de euros a PDVSA. Los nombres de los funcionarios que pertenecían al chavismo son Nervis Villalobos y Javier Alvarado, ambos ex viceministros de Energía.
La fiscal, Canólic Mingorance, acusó a los implicados de haber creado una red criminal para el lavado de capitales en el territorio andorrano. La jurista aseguró además, que entre los años 2007 y 2012 los imputados se encargaron de sobornar a empresas que posteriormente fueron agraciadas con grandes cantidades de dinero provenientes de PDVSA. En este sentido, se mencionó a diferentes directivos de la empresa de petróleos venezolana y a miembros del gobierno del ex mandatario fallecido.
7 de las 28 personas implicadas en el caso de corrupción son de nacionalidad venezolana.
Otros nombres que dio a conocer la justicia de Andorra, y que se encuentran inmiscuidos en el caso, fueron el de Diego Salazar, primo del ex presidente de PDVSA y ex embajador de la ONU, Rafael Ramírez, quien se encuentra actualmente en la clandestinidad; asimismo, el de Francisco Jiménez Villaroel, ejecutivo de la petrolera; y Luis Carlos de León Pérez, ex abogado de la compañía venezolana.
El documento donde se presentó la denuncia establece que PDVSA se encuentra inmersa en diversas actividades ilícitas, luego de lavar alrededor de 2.000 millones de euros a través de la Banca Privada de Andorra (BPA). De igual forma, reveló que la compañía utilizaba empresas fantasmas para cometer sus fechorías, las cuales eran de un alto ejecutivo del BPA, a quien se le pagaban millonarias sumas de dinero para llevar a cabo las operaciones.
Más nombres implicados
Entre las personas implicadas en el caso también se menciona el poderoso magnate de seguros, Omar Farías; el ex presidente de la filial de la petrolera Ingeniería y Construcción, José Ramón Arias Lanz; la esposa de Diego Salazar, Rosycela Díaz; el ingeriero José Enrique Luongo; así como también Estíbaliz Basoa y Reinaldo Luis Ramírez Carreño, entre otros.
Mingorance, quien se encuentra investigando el caso desde el año 2012, asegura en su acusación de 74 páginas que los implicados en el delito “se unieron para controlar las licitaciones públicas de PDVSA y la construcción de infraestructuras energéticas contratadas por filiales de PDVSA, Corpoelec y Electricidad de Caracas”. Asimismo, puntualizó que el grupo pagó un estimado de 400.000 euros a un funcionario de la embajada venezolana en China para que se encargara de la red de compañías.
Según la información facilitada por el Diari d’Andorra, la fiscalía del Principado emitió una orden internacional de búsqueda y captura a los implicados venezolanos, a través de la Interpol. No obstante, algunos ya se encuentran a la orden de la justicia, como Diego Salazar, quien está detenido en Venezuela y enfrenta un juicio por corrupción, y Nervis Villalobos, que fue arrestado en Madrid en octubre de 2017 y Estados Unidos pide su extradición por delitos de la misma índole.
