El ruido de Sol no alumbra una alternativa política
La concentración instalada en torno a la Puerta del Sol vuelve a poner sobre la mesa una vieja tentación de la política española: convertir el malestar ciudadano en un espectáculo permanente y presentar el desorden como una forma superior de participación. El problema no es que la plaza acoja protestas. El problema aparece cuando la protesta sustituye al debate y la consigna pretende ocupar el espacio de las propuestas.
El llamado akelarre de Sol se presenta como una reacción contra el sistema, pero sus formas recuerdan demasiado a fórmulas ya conocidas. Hay gestos, proclamas, escenografía y una retórica de ruptura que aspira a recuperar el espíritu del 15-M. Sin embargo, entre aquel movimiento y su actual sucedáneo media una diferencia esencial: entonces existía una energía social transversal; hoy parece imponerse una representación más reducida, ruidosa y autorreferencial.
La protesta no puede vivir al margen de la ley
En una democracia, manifestarse es un derecho. También lo es exigir explicaciones a los poderes públicos, cuestionar las decisiones del Gobierno y denunciar las injusticias. Pero ningún derecho funciona al margen de las obligaciones que lo acompañan. La ocupación de la vía pública, los cortes, las molestias a vecinos y comerciantes o la presión sobre las instituciones deben someterse a las reglas comunes.
La actuación de la Delegación del Gobierno resulta especialmente relevante en este contexto. Su responsabilidad consiste en garantizar el ejercicio de las libertades, pero también la seguridad, la movilidad y la convivencia. La permisividad no puede confundirse con neutralidad, del mismo modo que una intervención policial desproporcionada tampoco debería utilizarse como respuesta automática ante cualquier protesta.
El equilibrio es delicado, pero imprescindible. Si la Administración permite concentraciones sin límites claros, transmite la impresión de que existen grupos con un trato privilegiado. Si las prohíbe sin una justificación suficiente, alimenta el relato de quienes sostienen que las instituciones temen a la calle. En ambos casos, la falta de criterios transparentes deteriora la confianza pública.
Del descontento a la caricatura
El malestar social no nace de la nada. La vivienda inaccesible, la incertidumbre laboral, la presión fiscal, el deterioro de algunos servicios públicos y la desconfianza hacia los partidos explican que una parte de la ciudadanía busque nuevos cauces de expresión. Ignorar esas preocupaciones sería un error político. Pero convertirlas en una representación teatral también lo es.
Una protesta eficaz necesita objetivos reconocibles, interlocutores y capacidad para traducir las demandas en decisiones. Cuando todo se resume en proclamar que el sistema está podrido, que las instituciones son ilegítimas y que cualquier límite constituye represión, el movimiento pierde capacidad de convencer a quienes no comparten su diagnóstico completo.
El 15-M, con todas sus contradicciones, logró introducir en la agenda asuntos que después fueron asumidos por buena parte de la política española. Sus herederos no pueden limitarse a repetir lemas, recuperar símbolos y confiar en la viralidad de las imágenes. La nostalgia no es un programa y la provocación no equivale a la movilización social.
La ley no puede convertirse en un arma retórica
La discusión sobre una posible ley del miedo o sobre nuevas restricciones de derechos exige algo más que titulares alarmistas. Cualquier reforma legal que afecte a la protesta, la seguridad o la libertad de expresión debe analizarse con rigor: qué conductas pretende regular, qué garantías incorpora y qué controles judiciales establece.
Presentar toda norma como una amenaza total conduce a la desinformación. Defender cualquier medida del Ejecutivo como una respuesta inevitable al caos conduce al autoritarismo administrativo. Entre ambos extremos existe el terreno de la política democrática: leyes proporcionadas, controles independientes y explicaciones públicas sobre sus efectos.
Sol no necesita un nuevo ritual de confrontación. Necesita que las instituciones escuchen, que los organizadores concreten y que la ciudadanía pueda protestar sin quedar atrapada entre la indiferencia del poder y el ruido de quienes confunden radicalidad con eficacia.
La calle también exige responsabilidad
La legitimidad de una movilización no se mide por el volumen de sus consignas ni por la cantidad de días que permanece en una plaza. Se mide por su capacidad para representar un problema real, respetar a quienes no participan y ofrecer una salida posible. Sin esos elementos, la protesta corre el riesgo de convertirse en una escena cerrada sobre sí misma.
El Gobierno, por su parte, debería evitar cualquier apariencia de instrumentalización. La oposición no puede ser tratada como una molestia y la movilización afín como una expresión espontánea de democracia. Las mismas reglas deben aplicarse a todos. Esa igualdad, más que cualquier gesto de autoridad, es la mejor garantía frente a la sospecha de arbitrariedad.
El futuro de este episodio dependerá menos de la épica de sus protagonistas que de su capacidad para abandonar la representación y entrar en el terreno de las propuestas. Si no lo hace, el akelarre de Sol quedará como otra escena de la política española del ruido: mucha indignación, escaso programa y ninguna respuesta para quienes siguen esperando soluciones.
