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Sánchez activa la vía de urgencia para intentar salvar el decreto de vivienda

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre no impedirá al Gobierno en funciones llevar al Congreso su primer decreto de vivienda. Pedro Sánchez pretende aprovechar el margen de actuación que todavía conserva la Cámara Baja para corregir el revés parlamentario de la semana pasada y sacar adelante, al menos, el texto que reúne el grueso de las medidas.

La estrategia pasa por aprobar de nuevo este martes, en el Consejo de Ministros, los dos decretos que fueron rechazados. Una vez adoptados por el Ejecutivo, ambos deberán ser trasladados a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que mantiene determinadas competencias cuando las Cortes están disueltas o fuera del periodo ordinario de sesiones.

Una carrera contrarreloj antes de la disolución de las Cortes

El anuncio electoral sitúa al Gobierno en funciones y abre el proceso que culminará con la próxima disolución de las Cortes. Sin embargo, ese paso no implica que el Congreso quede completamente inactivo. La Diputación Permanente permite mantener abierta una vía parlamentaria para abordar asuntos que no pueden esperar a la constitución de las nuevas Cámaras.

En este escenario, el Ejecutivo busca acelerar la tramitación de sus medidas de vivienda. El objetivo prioritario es que el primero de los decretos, considerado el más importante por incluir el paquete central de actuaciones, llegue a ser convalidado pese al fracaso registrado en la votación anterior.

La maniobra tiene un componente político evidente. La aprobación permitiría al presidente exhibir capacidad de reacción después de perder una votación clave y evitar que la convocatoria electoral deje bloqueadas las principales iniciativas anunciadas por el Gobierno en materia de vivienda.

La Diputación Permanente, clave para la votación

La Diputación Permanente será el escenario en el que se decidirá el futuro de los decretos. Aunque sus funciones son más limitadas que las del Pleno del Congreso, este órgano puede actuar durante los periodos en los que la Cámara no está reunida con normalidad y también tras la disolución de las Cortes, dentro de las competencias que le atribuye el ordenamiento.

El Gobierno confía en que el primer decreto disponga de los apoyos suficientes para salir adelante. La aritmética parlamentaria, que ya provocó el rechazo de la semana pasada, vuelve a ser determinante. La nueva votación no solo medirá el respaldo al contenido de las medidas, sino también la capacidad del Ejecutivo para mantener acuerdos en una fase marcada por la precampaña electoral.

La aprobación de un decreto ley exige su convalidación parlamentaria dentro del plazo establecido. Si no obtiene el respaldo necesario, la norma decae. Por eso la decisión de volver a aprobar los textos y llevarlos de inmediato a la Diputación Permanente constituye una apuesta de máxima urgencia.

Dos decretos con distinto horizonte político

La operación contempla recuperar los dos decretos que no superaron la votación anterior, aunque el Gobierno concede especial relevancia al primero. En él se concentra el núcleo de las medidas de vivienda y, por tanto, su convalidación sería presentada como el principal resultado de esta nueva ofensiva parlamentaria.

El segundo texto también será aprobado de nuevo por el Consejo de Ministros y seguirá el mismo recorrido institucional. No obstante, el respaldo que pueda reunir cada decreto dependerá de las negociaciones y de la disposición de los grupos parlamentarios a apoyar al Ejecutivo en vísperas de las elecciones del 29 de noviembre.

El calendario electoral condiciona toda la operación

La convocatoria electoral modifica de forma inmediata las prioridades del Gobierno. Con las Cortes a punto de disolverse y el Ejecutivo en funciones, el margen para impulsar nuevas iniciativas se reduce considerablemente. De ahí que Moncloa haya optado por recuperar de forma inmediata los decretos fallidos, en lugar de esperar a la próxima legislatura.

La votación en la Diputación Permanente se convertirá así en una prueba política antes de la campaña. Si el decreto principal supera el trámite, Sánchez podrá defender que las medidas de vivienda han encontrado una salida pese al bloqueo inicial. Si vuelve a caer, el Gobierno afrontará las elecciones con una nueva derrota parlamentaria sobre uno de sus asuntos prioritarios.

La operación, por tanto, combina una vía institucional todavía disponible con una necesidad política urgente: aprobar el decreto de vivienda antes de que el calendario electoral cierre definitivamente el actual ciclo parlamentario.

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