El colaborador de Leire Díez admite que manejó datos privados de la juez que investigó al hermano de Sánchez
Luis José Sáenz de Tejada, antiguo juez expulsado de la carrera judicial y colaborador de Leire Díez, ha reconocido que tuvo acceso a información personal sobre Beatriz Biedma, la magistrada que instruyó la causa relacionada con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Entre los datos que asegura conocer figuran el domicilio de la jueza y el colegio al que acuden sus hijas menores.
La revelación sitúa el foco sobre una posible obtención y circulación de información especialmente sensible en torno a una magistrada. Sáenz de Tejada no ha detallado cómo consiguió esos datos ni quién se los facilitó, aunque sus declaraciones apuntan a que la información habría estado en poder del entorno que investiga la Audiencia Nacional.
Datos sobre la vida privada de la magistrada
El exjuez ha afirmado que sabe dónde vive Beatriz Biedma y cuál es el centro educativo al que lleva a sus hijas. Se trata de información relativa tanto a la intimidad de la magistrada como a la seguridad de dos menores, por lo que su eventual recopilación, uso o difusión podría tener relevancia penal.
Hasta ahora, el reconocimiento de Sáenz de Tejada constituye una de las declaraciones más explícitas atribuidas a una persona vinculada al caso sobre la existencia de datos privados de la instructora. No obstante, sus palabras no aclaran por sí solas si la información fue obtenida mediante un encargo concreto, si llegó a circular entre varias personas o si se utilizó para presionar o desacreditar a la jueza.
La conexión con la causa de David Sánchez
Beatriz Biedma estuvo al frente de la investigación judicial sobre la actividad profesional de David Sánchez, músico y hermano del presidente del Gobierno. La causa convirtió a la magistrada en una figura central de un procedimiento con una elevada repercusión política y mediática.
La obtención de información sobre su domicilio y la escolarización de sus hijas se habría producido en ese contexto. La relación temporal y funcional entre ambos hechos deberá ser determinada por los investigadores, que tendrán que establecer si existió una operación organizada para localizar datos personales de la instructora.
La Audiencia Nacional investiga las actividades de un grupo en el que aparece Leire Díez, conocida por sus gestiones y contactos en distintos ámbitos políticos y empresariales. Sáenz de Tejada figura como una de las personas relacionadas con ese entorno y, según sus propias manifestaciones, habría colaborado con Díez.
Una posible línea de investigación
La información sobre domicilios y colegios puede proceder de fuentes abiertas, bases de datos privadas o accesos indebidos a registros protegidos. Cada una de esas vías presenta implicaciones jurídicas distintas. Por ello, será necesario verificar el origen de los datos, la fecha en la que fueron obtenidos y las personas que tuvieron acceso a ellos.
Los investigadores también deberán determinar si existió una finalidad concreta detrás de la recopilación. No es lo mismo disponer de información obtenida legalmente que elaborar un dossier sobre una jueza en activo con el propósito de intimidarla, condicionarla o afectar a su reputación.
- Sáenz de Tejada asegura conocer el domicilio particular de la magistrada.
- También afirma saber qué colegio frecuentan sus hijas menores.
- No ha explicado públicamente el origen exacto de esos datos.
- La Audiencia Nacional deberá determinar si hubo espionaje, seguimiento o acceso ilícito a información protegida.
La protección de la juez y de su familia
La aparición de datos sobre menores eleva la gravedad potencial del caso. Además de proteger la intimidad de la magistrada, las autoridades deben evaluar si existe algún riesgo para su familia y si resulta necesario adoptar medidas de seguridad específicas.
Por el momento, el reconocimiento de Sáenz de Tejada representa una declaración pendiente de contraste documental y judicial. La investigación tendrá que comprobar la autenticidad de la información, reconstruir su recorrido y establecer si fue utilizada dentro de una estrategia de presión vinculada a la causa del hermano del presidente.
El caso vuelve a poner sobre la mesa los límites de las operaciones de inteligencia privada y la protección de jueces que intervienen en procedimientos políticamente sensibles. Mientras avanzan las diligencias, cualquier conclusión definitiva deberá esperar a las pruebas que permitan confirmar, o descartar, el alcance real de estas actuaciones.
