El Gobierno organiza los indultos para salir del ‘procés’

El Supremo ultima el expediente con su rechazo y el de la Fiscalía. El Ejecutivo se inclina por concederlos.

El Supremo ultima el expediente con su rechazo y el de la Fiscalía. El Ejecutivo se inclina por concederlos.

El Gobierno se planifica para tomar una de las resoluciones políticas más delicadas de toda la legislatura: el otorgamiento de los indultos a los presos del procés, que llevan tres años y medio en la cárcel y fueron condenados a penas de entre nueve y 13 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación. Oficialmente, La Moncloa indica que “la decisión no está tomada”. Pero diferentes fuentes del Ejecutivo coinciden en que tanto el sector socialista como el de Unidas Podemos se inclinan por otorgar esos indultos no tanto como manera de afianzar la mayoría aun cuando sin duda blindara la relación con ERC, que tiene en la cárcel a su líder, Oriol Junqueras sino sobre todo para tratar de salir del agujero político del procés y buscar un nuevo tiempo en Cataluña que no esté supeditado por la prisión de sus principales dirigentes, entre ellos Jordi Sánchez, de Junts, el negociador clave del acuerdo con ERC en el Govern.

La determinación final la tomará el presidente, y diferentes fuentes piensan que llegará en verano, para originar menos presión política, pero hay casi consenso en el Ejecutivo no solo a favor de los indultos sino igualmente de la modificación del Código Penal para disminuir la pena por el delito de sedición, algo que además beneficiaría a los presos del procés. La reforma está lista y ha sido preparada por la vicepresidencia primera, liderada por Carmen Calvo, pero espera la orden del presidente para ver la luz. Los indultos quedarán en manos de Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, pero de nuevo son La Moncloa y Sánchez quienes señalan los tiempos. Lo que se termina ya es el tiempo de descuento porque la justicia ya ha concluido su trabajo.

El Ejecutivo recibirá en los próximos días el expediente completo del Tribunal Supremo, conforme a las fuentes jurídicas. El ministerio fiscal comunico contra los indultos y la Abogacía del Estado tan solo explico en su informe que los condenados habían reintegrado el dinero malversado en el referéndum ilegal sin pronunciarse sobre la conveniencia o no de conceder la medida de gracia. Entre tanto, el tribunal sentenciador culminara esta semana su informe después de confirmar que la enorme mayoría de los presos, a los que dio la oportunidad de expresarse en relación al indulto, no han contestado y el único que lo ha hecho Jordi Cuixart no ha declarado ningún arrepentimiento ni admitido el delito. Con estos antecedentes, fuentes jurídicas indican que el informe del tribunal igualmente  no será favorable.

El Gobierno le hace frente así a la disyuntiva de aprobar los indultos por motivos políticos, para proporcionar una solución a la inmensa crisis originada por el reto independentista, o rechazar la medida de gracia con el razonamiento de que no cuenta con informes favorables ni de la Fiscalía ni del tribunal sentenciador.

En el último semestre de 2020, el Ministerio de Justicia tramitó 1.664 expedientes de indulto, de los que solo se otorgaron 18  poco más del 1%, todos ellos fueron parciales y todos contaban con alguno de los informes preceptivos a favor. Esas 18 medidas de gracia tuvieron informes favorables del tribunal sentenciador y de la Fiscalía en 7 de las 11 ocasiones; en otras 10 había solo informe favorable del tribunal sentenciador y en una el dictamen a favor era solo de la Fiscalía. El otorgamiento de indultos se disminuyó demasiado en el último Gobierno de Mariano Rajoy (2015-2018) y desde entonces son muy pocos.

El rechazo de la Fiscalía del Supremo a los indultos recalcaba que si bien los informes penitenciarios con pronóstico favorable de reinserción indicaban su buen comportamiento y su plena sujeción a la normativa vigente, no exhibía “dato objetivo alguno” que acreditara el arrepentimiento de los independentistas o su rechazo del hecho delictivo por el que habían sido condenados.

El Supremo resolvió a principios de este mes solicitar a los 12 condenados para que declararan lo que pensaran conveniente dado que los líderes independentistas no habían solicitado el indulto sino que habían sido terceras personas quienes lo habían hecho y les dio cinco días para responder antes de tomar una decisión. La mayoría de los presos independentistas comprendieron que se trataba de una pregunta trampa y prefirió por no contestar.

Solo Cuixart envió una respuesta en la que no exhibía arrepentimiento ni admitía el delito. De hecho, antes de que su abogado respondiera al Supremo, Cuixart redacto en su cuenta de Twitter: “¿Qué se han creído? No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento ni indulto. La defensa de la democracia no admite chantajes. Lo volveremos a hacer. ¡Viva Cataluña libre!”. El principal dirigente independentista preso, Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, expreso en septiembre: “Somos inocentes y nuestra opción es la amnistía”.

Esta última vía de la amnistía está absolutamente rechazada por el Gobierno por “inconstitucional”, pero los indultos se abren paso inclusive aun cuando los propios presos, por motivos políticos, no desean solicitarlos ni cooperar para colocar las cosas más sencillas. Para el Ejecutivo se trata de un bien mayor, que es la oportunidad de buscar una salida al laberinto catalán. Sánchez tiene la última palabra, pero el contexto político que se respira en el Gobierno es transparentemente favorable a dar ese paso.

 

 

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