El PP rechaza negociar y continúa aplazada la renovación al Poder Judicial

El PP rechaza la negociación y la Moncloa insiste en comunicarse sin éxito tras el 4-M con el interlocutor de los populares.

El PP rechaza la negociación y la Moncloa insiste en comunicarse sin éxito tras el 4-M con el interlocutor de los populares.

El PP ha rehusado tras las elecciones madrileñas regresar a sentarse para negociar con La Moncloa la renovación aplazada del órgano de gobierno de los jueces y ese bloqueo aboca a la Justicia a una obstrucción sin antecedentes. Esa negación ha sido “deliberado” y “premeditado”, conforme a las fuentes directas de la negociación. El interlocutor del Gobierno, el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, se ha comunicado muchas veces tras el 4-M con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, sin éxito. El PP solicita en este momento unas condiciones que el Ejecutivo afirma que no puede cumplir e inclusive que no son legales.

La última vez que Boñalos y García Egea se sentaron para procurar desatascar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, fuera de mandato desde hace dos años y medio, fue el jueves 25 de febrero hasta casi medianoche, unas semanas después de las últimas elecciones catalanas del 14-F. Desde ese momento se han mandado más mensajes por medio de la prensa y de sus móviles que en diálogos  directos, la mayoría de las veces protocolarias. El propósito fracasado de moción de censura del PSOE en el bastión popular de Murcia, y los resultados que enlaza en otras zonas del país, a nivel nacional y, sobre todo, en Madrid, frenaron esos contactos.

Los negociadores se habían puesto el desafío de reanudar los diálogos tras los comicios del 4-M, y así lo habían llevado en público, pero ahora el paisaje ha variado de nuevo. El secretario general de Presidencia del Gobierno ha emitido algunos mensajes al secretario general del PP en los últimos días para reunirse con celeridad y no ha logrado respuesta. Y ese silencio no es casual. “No está habiendo ningún tipo de contacto y es algo deliberado y premeditado”, reafirman desde la cúpula del PP. Un nuevo contacto solo tendría significado si es para admitir y hablar sobre el marco que han precisado en sus condiciones, tienen claro lo que desean y, si no se respetan sus principios, no tiene ningún problema en levantarse, remarcan en el PP.

Los populares repiten en que sus condiciones para reanudar la negociación “están claras”, afirman que el Gobierno las sabe sobradamente y adelantan, también, que ahora desearían que varios de los compromisos que piden para intensificar la independencia del Poder Judicial “se apreciaran ya en este proceso teóricamente en marcha, al margen de las reformas legales que haya que acometer en el futuro para próximas negociaciones”, conforme a las fuentes de la dirección del PP.

Los formulación del PP, reiterados por el propio líder, Pablo Casado, se ajustan sobre todo a que Unidas Podemos no podía intervenir en esta negociación que evalúan bilateral del PSOE con el principal partido de la oposición; que entre los vocales denominados juristas para ser escogidos para el Consejo General del Poder Judicial no representan políticos de ningún partido y promover medidas que mejoraran la independencia de ese órgano de gobierno de los jueces, en línea con lo que demandan las instituciones europeas.

El PP, hasta este momento, admitía que para renovar a los 20 vocales del actual Consejo había ya un proceso en movimiento con el sistema de elección vigente y que no era factible variarlo sobre la marcha. El equipo de Casado desearía, para reactivar los diálogos detenidos, que se agregaran ya varios de esos requerimientos, especialmente el de que no haya ningún vocal de procedencia política.

En este momento los jueces, por medio de sus asociaciones representativas o con un mínimo de avales, se pueden presentar como candidatos y después los partidos eligen de entre los 51 con más respaldo a 12, seis por cada Cámara (Congreso y Senado). En los ocho puestos conservados para juristas de reconocido prestigio ha sido donde habitualmente los partidos han acomodado a vocales cercanos a sus intereses o directamente de sus propias formaciones.

Los jueces cumplieron su parte del trato y escogieron a sus candidatos. Los políticos aún no y el Consejo lleva con los mismos vocales desde 2013, en teoría para un mandato de cinco años.

Ante el bloqueo en esos organismos constitucionales, el Gobierno proyecto en otoño lanzar una reforma legal para cambiar el método de elección del Consejo (ahora de tres quintos y, según aquella reforma, solo por mayoría) pero la oposición y las asociaciones judiciales se amotinaron y el Ejecutivo recibió recriminaciones de la Comisión Europea. Lo que sí consiguió el Gobierno en marzo fue aprobar una propuesta de ley en el Congreso para restringir las competencias de un Consejo General del Poder Judicial en funciones, sobre todo a la hora de ejecutar nuevos nombramientos. Esta limitación ha originado que haya 46 cargos judiciales que no han logrado ser renovados en 2021.

El PP escasamente se ha movido en sus exigencias, al menos en público, pese a que desde el Gobierno los interlocutores, tanto de La Moncloa como el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han terminado de sus comunicaciones bilaterales que el grueso de la negociación de estos órganos constitucionales ha estado muchas veces a punto de cerrarse. Y ahí agregan el cambio en el Defensor del Pueblo y muchas vacantes en el Tribunal Constitucional, que ni PP ni PSOE desea desligar de sus cuerdos para el Poder Judicial. Desde los dos bandos se ha admitido inclusive que el “perfil” de 18 de los 20 vocales del Consejo se había acordado en verano pasado y hasta en la reunión frustrada del 25 de febrero.

El obstáculo será Ricardo De Prada

La dificultad se suscitó, especialmente, con la propuesta como vocal del magistrado José Ricardo de Prada, al que los populares piensan que es cercano a Podemos y que redactó las frases más duras contra el PP y Mariano Rajoy en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. El PP fundamenta su rechazo en que De Prada “no ha sido validado ni avalado por sus compañeros, y por tanto, no vale”. Podemos ha defendido su extenso currículo y su independencia profesional. En el Gobierno y el PSOE lo han ratificado hasta ahora, pero menos aun verían mal que el propio De Prada proponga su retirada, para quitar ese escollo y facilitar el consenso. No se lo han pedido.

Desde el Gobierno se argumenta que “la pelota de esta negociación está en manos del PP” y recalcan que no se puede eternizar un Poder Judicial en estas condiciones que no se ajusta con lo que han decidido los españoles con su voto en las urnas últimamente. Las fuentes gubernamentales socialistas señalan que desearían conocer de primera mano las nuevas condiciones del PP, pero adelantan que lo que no puede debatirse es la legalidad del proceso ya vigente: “Hay un mecanismo en marcha con el que el listado de los jueces candidatos ya ha obtenido sus avales y, si ahora el PP cuestiona esa legalidad, los propios jueces lo podrían impugnar”. En el Ejecutivo se presentan más abiertos a discutir sobre mejoras en la elección de los jueces para el Consejo, pero no admiten que los 20 vocales tengan que proceder directamente de las asociaciones profesionales, porque justifican la idea de la participación de las Cortes mejora la representatividad puramente gremial.

46 vacantes por elegir en 2021

El órgano de gobierno de los jueces cerrará este año con al menos 46 vacantes por cubrir, entre ellas nueve plazas de magistrado en el Tribunal Supremo (por jubilación o fallecimiento) y seis presidencias de tribunales superiores de justicia. En la antedicha lista de los 46 cargos pendientes de provisión representa nueve plazas en el Supremo, de las cuales cinco competen a lo contencioso, dos a lo social, una a lo civil y otra a la Sala de lo Militar. En los tribunales superiores territoriales no podrá designarse a los presidentes de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia. En todos los casos, el nombramiento involucre reelección o sea nuevo no puede hacerse con el Consejo en funciones y solo quedará desbloqueado cuando se cambie el órgano de gobierno de los jueces. La misma circunstancia impactara a la presidencia de las audiencias provinciales de Huesca, Álava, Ávila, Barcelona, Gipuzkoa, Murcia, Logroño, Teruel, Cádiz, Sevilla, Girona, Burgos y Lugo. El resto son 18 plazas en los tribunales autonómicos.

 

 

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