El Supremo ha concluido que las leyes sanitarias permiten que hayan confinamientos «puntuales» sin tener la necesidad del estado de alarma

Después que han pasado once días después de que culminara el estado de alarma, el Tribunal Supremo se pronunció al respecto del margen que las leyes sanitarias han dado a las comunidades autónomas para la imposición de las restricciones. Siendo su conclusión que esta legislación sí permite que se dicten confinamientos perimetrales.

El Supremo ha rechazado de esta manera la interpretación más extrema que hizo algún tribunal superior de justicia, que ha considerado que para cualquier limitación de derechos fundamentales ha sido necesario que se recurra a la legislación de excepción, por ejemplo el estado de alarma. De esta manera lo hizo el TSJ del País Vasco, que ha denegado todas las medidas que se han solicitado por el gobierno autonómico.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha considerado que el cóctel que se forma por tres leyes sanitarias «autoriza limitaciones puntuales de la libertad de circulación». Tratándose, ante todo, de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, en conjunto con la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública.

Que vayan a poder ser dictadas lo cual no significa que todos tienen que ser avalados judicialmente. Para poder el preceptivo visto bueno de los TSJ, los confinamientos tienen que cumplir algunos requisitos que, en la práctica, van a excluir en casos como el cierre de autonomías o provincias enteras.

REQUISITOS

El tribunal indica los filtros que tienen a su autorización: «que la Administración: (i) acredite la existencia de una enfermedad transmisible grave que ponga en peligro la salud y la vida de las personas; (ii) justifique que esa limitación es imprescindible para impedir dicha transmisión por no haber otros medios eficaces para lograrlo; (iii) determine en función del número de enfermos y de su localización la extensión subjetiva y territorial de la limitación; y (iv) fije fundadamente el tiempo indispensable en que ha de mantenerse la limitación para impedir la difusión de la enfermedad».

Los magistrados de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo han indicado que los TSJ tienen que comprobar si todo lo anterior se cumplió. Si es de esta manera, van a examinar si la restricción que se ha propuesto en cada caso «es efectivamente idónea, necesaria y proporcionada». Si es así, se va a dar el visto bueno a su entrada en vigor.

La decisión -cuyo sentido y elementos principales ha adelantado el Supremo pero que se conocerá en su integridad en los próximos días- es referida al recurso que se ha interpuesto por el Gobierno de Canarias en contra de la negativa del TSJ a que sean avalados los confinamientos de las islas que van a superar cierto umbral de contagios. El Alto Tribunal ha considerado que la decisión del TSJ «se ajusta a los anteriores parámetros, pues ha comprobado razonadamente la insuficiencia de la motivación ofrecida para justificar la limitación y la inconsistencia de la medida con las excepciones previstas».

OTROS RECURSOS

De igual forma, el TSJ canario consideraba, como la mayoría de los TSJ y en este momento el Supremo, que la normativa sanitaria permitía los confinamientos. Sin embargo, estimaba que las medidas concretas que eran propuestas no han sido razonables. Un ejemplo de esto, ha sido que los magistrados no han visto base para que pudiese eximirse del confinamiento impuesto a quien tuviese una reserva de hotel.

Dicho recurso se ceñía a los confinamientos perimetrales, lo cual ha supuesto que el Supremo todavía no ha fijado criterio al respecto de otro tipo de medidas, como los límites en las reuniones sociales o el toque de queda. Para esto va a ser necesario que le lleguen otros recursos que planteen dichas medidas.

En este viernes la misma sección ha resuelto los recursos de la Junta de Andalucía y a la Fiscalía en contra de la negativa del Tribunal Superior de Justica (TSJ) de Andalucía de que no se autorice el confinamiento de la localidad granadina de Montefrío.

Los magistrados han explicado que se haga ya no tiene sentido, puesto que detrás del revés en el TSJ la Junta no solamente ha recurrido al Supremo, ya que ha dictado una nueva orden que ha dejado sin efecto la petición de confinamiento. Esta segunda actuación ha vaciado de contenido la primera.

Detrás del fin del estado de alarma, el Gobierno endosó al Supremo la unificación de criterios al respecto de las restricciones. La decisión del Ejecutivo de que no se afronte una reforma que aclarase la normativa ha sido criticada desde la judicatura. En este momento el Supremo ha puesto algún límite a su nueva tarea: «El nuevo procedimiento de ratificación judicial de medidas sanitarias y el recurso de casación no dejan de ser un procedimiento y un recurso seguidos ante órganos jurisdiccionales, de manera que debe haber alguna cuestión que resolver. No es función de los jueces y tribunales contencioso-administrativos ejercer una función consultiva».

CÓMO ACTUAR

Debido a que todo en este recurso de casación es nuevo, el Supremo ha aclarado a la Junta -y debido a la extensión de resto de CCAA- cómo se tiene que actuar en tanto el TSJ no avala una restricción de derechos que vaya a proponer. Puesto que no ha tenido llegada a surtir efecto, no es necesario que se revoque.

«Si la ratificación judicial es denegada, no es preciso que la Administración acuerde ‘dejar sin efecto’ el acto que recogía las medidas sanitarias, pues se trata de un acto que nunca ha sido legalmente eficaz. Otra cosa, por supuesto, es que la Administración pueda -o incluso deba- dar publicidad a la denegación de la ratificación judicial de las medidas sanitarias, especialmente en el supuesto de que previamente éstas hubieran tenido alguna clase de publicidad oficial», ha dicho la resolución.

 

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