Feijóo plantea revisar la concesión y la pérdida de la nacionalidad española
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que, si llega al Gobierno, promoverá una revisión del sistema de acceso a la nacionalidad española. La medida afectaría tanto a los criterios de concesión como a las condiciones para conservarla y a los supuestos en los que podría perderse.
Feijóo ha defendido una política migratoria basada en la apertura a quienes quieran trabajar y cumplir las leyes, pero ha advertido de que España será firme frente a quienes pretendan utilizar el país para delinquir o incumplir las normas. «Aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto», ha afirmado.
Una revisión de todo el procedimiento
La propuesta del líder popular no se limita a endurecer los requisitos de entrada o residencia. Según ha explicado, el análisis incluiría cómo se concede la nacionalidad española, cómo se mantiene y en qué circunstancias puede perderse.
Feijóo ha presentado esta revisión como una cuestión de igualdad ante la ley. A su juicio, todos los ciudadanos deben responder ante las mismas reglas, con independencia de su origen, y quienes obtengan la nacionalidad deben asumir plenamente los derechos y obligaciones que lleva aparejados.
El planteamiento abre un debate sobre la relación entre inmigración, seguridad y nacionalidad. La nacionalidad española no equivale a un permiso de residencia, sino que establece un vínculo jurídico y político con el Estado. Por ello, cualquier modificación de sus condiciones tendría que ajustarse a la Constitución, al Código Civil y a los compromisos internacionales suscritos por España.
Los supuestos actuales de pérdida
La legislación española ya contempla determinados casos de pérdida de la nacionalidad, especialmente para españoles que no lo sean de origen. El Código Civil recoge supuestos vinculados, entre otras circunstancias, al uso exclusivo de otra nacionalidad durante un periodo determinado, a la renuncia expresa o a la adquisición fraudulenta.
En el caso de la nacionalidad obtenida mediante engaño, falsedad u ocultación de información relevante, los tribunales pueden declarar su nulidad. No se trata, por tanto, de una retirada automática por la comisión de cualquier delito posterior, sino de un procedimiento sujeto a garantías y a una resolución judicial.
Este matiz resulta relevante ante la posibilidad de que el PP plantee nuevos criterios. La comisión de un delito y la obtención fraudulenta de la nacionalidad son situaciones jurídicamente diferentes. Cualquier reforma que pretendiera vincular ambas realidades debería concretar los delitos afectados, la proporcionalidad de la respuesta y las vías de recurso.
Más control sobre la integración
El anuncio se enmarca en una defensa de mayores exigencias para quienes quieran establecerse en España. Feijóo ha insistido en que el país debe estar abierto a las personas que quieran trabajar, integrarse y cumplir las leyes, pero no a quienes lleguen con la intención de aprovecharse del sistema o desarrollar actividades delictivas.
La nacionalidad por residencia exige actualmente acreditar un periodo legal y continuado de residencia, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española. Los plazos varían según la nacionalidad de origen y las circunstancias personales del solicitante.
El procedimiento también incluye pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales, además de la acreditación del nivel de español o, en determinados casos, de otras lenguas oficiales. Una eventual reforma podría poner el foco en la comprobación de estos requisitos, en la duración de los trámites o en los mecanismos para verificar que la documentación aportada es auténtica.
Un debate con límites constitucionales
La revisión anunciada tendría que afrontar varios límites legales. La Constitución protege la igualdad ante la ley, prohíbe la discriminación y reconoce derechos fundamentales que también alcanzan a las personas extranjeras en los términos establecidos por la normativa. Además, la retirada de la nacionalidad no puede convertirse en una medida arbitraria ni generar situaciones de apatridia contrarias al derecho internacional.
También sería necesario determinar si la reforma afectaría únicamente a las nuevas solicitudes o si se aplicaría a personas que ya son españolas. La retroactividad de medidas desfavorables, especialmente en materia sancionadora, plantearía dificultades jurídicas y previsiblemente provocaría recursos ante los tribunales.
Inmigración y seguridad, en el centro de la agenda
Con este anuncio, el PP sitúa de nuevo la política migratoria y el control de la nacionalidad entre sus prioridades. La formación reclama una política que combine la llegada regular de trabajadores con una respuesta más dura frente a la inmigración irregular y la delincuencia.
El alcance concreto de la propuesta dependerá de un futuro desarrollo legislativo. Por ahora, Feijóo ha fijado el principio político: facilitar la llegada de quienes quieran trabajar y respetar las normas, y reforzar los mecanismos de control frente a quienes no lo hagan. La discusión deberá concretar cómo se aplicaría ese criterio sin quebrar las garantías previstas por el ordenamiento español.
