La portavoz del Gobierno de España, Isabel Celaá, aseguró el pasado 14 de septiembre que el Ejecutivo mantiene su posición de rechazo hacia la gestación subrogada, puesto que consideran que es una compra-venta de niños. La funcionaria pública dio a conocer la negación que tiene el Estado ante la técnica, también conocida como vientre de alquiler, en una rueda de prensa que realizó posterior a la reunión que mantuvo con el Consejo de Ministros.
En su exposición ante diversos medios de comunicación, la representante del Gobierno que preside Pedro Sánchez, afirmó dicha respuesta luego de ser consultada acerca de si el Estado coincide con la opinión que ofreció la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, quien en una entrevista que ofreció a EFE, comparó la práctica de inseminación con el tráfico de órganos y bebés que realizan algunas mafias alrededor del mundo.
La gestación subrogada es una práctica legal en países como Rusia, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Grecia y Ucrania.
A pesar de que la gestación subrogada aún no se encuentra legalizada en el territorio ibérico, desde que se conoce el procedimiento, cada año llegan a España un aproximado de entre 700 y 1000 niños, provenientes de otros países donde si se práctica legalmente la técnica anteriormente mencionada.
Declaraciones de Carcedo
La nueva ocupante del cargo de ministra para la Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, aseguró en una entrevista concedida a EFE el pasado jueves, que se podría comparar la práctica conocida como vientre e alquiler con el tráfico de órganos y de menores. Asimismo, apuntó que debería considerarse ilegal en la comunidad internacional.
En su declaración la funcionaria del Gobierno, recordó que la gestación subrogada aún no es legal en España, por lo cual se deberían tomar acciones previas para imposibilitar los acuerdos internacionales que existen con otros países que si permiten dicha técnica. En este sentido, los niños que llegan a territorio español se encuentran protegidos por diferentes derechos y leyes que permiten obtener su documentación.
Carcedo también mencionó que hay que regular a las agencias de gestación subrogada que operan en el país, por lo cual “habrá que analizar en qué marco legal se mueven y, si traspasan algún límite en algún asunto que interfiera con la legislación española, se podría actuar”.
Respuesta de asociaciones
Las declaraciones ofrecidas por la nueva ministra de Sanidad no cayeron muy bien a los ciudadanos que han recurrido a la gestación subrogada para tener hijos. Marcos Jonet, presidente de la Son Nuestros Hijos, apuntó que las palabras que ofreció la funcionaria pública se encargan de promover el odio en contra de los niños y las familias que han procedido a la práctica del vientre de alquiler.
El representante de la asociación que apoya la técnica de inseminación, respondió a Carcedo asegurando que “es un absoluto disparate, una falta de respeto y un desconocimiento de la gestación subrogada”. En sus declaraciones hizo hincapié es que la actividad se encuentra regulada en países como Grecia, Canadá y Portugal, los cuales mantienen una posición limpia en lo que respecta a derechos humanos.
Por su parte, David Monje, gerente de Go4Baby, aseguró que se encuentran tranquilos, puesto que no están realizando ninguna labor que atente en contra de la legalidad. Además, denunció que las palabras de la ministra trata como delincuentes a todos aquellos que se ven obligados a practicar la gestación subrogada para poder tener hijos.
