Hacienda no ha investigado a Juan Carlos I en septiembre de 2020 a pesar de haber sido alertada por un juez

El juez que se encarga de investigar el “caso Villarejo” en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha entregado el 10 de septiembre de 2020 un auto a la Abogacía del Estado en el cual se indicaba que la Fiscalía Anticorrupción le informó de que las conversaciones entre Corinna Larsen y el comisario jubilado José Manuel Villarejo al respecto de la fortuna oculta del Rey emérito han revelado “unas potenciales contingencias tributarias”, que han merecido “la atención de las autoridades tributarias”. Conforme han indicado en este auto, de 27 de julio de 2020, las sospechas que se han vertido por la empresaria germanodanesa al respecto del monarca pudiendo “derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal”.

De esta manera consta en una notificación, a la cual tuvo acceso en exclusiva el periódico La Razón, en la cual el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha hecho constar que notificó de manera personal a una Abogada del Estado personada en la causa el auto de 27 de julio de 2020 en el que se ha hecho la advertencia de las cuentas de Don Juan Carlos I. En esta resolución el instructor de igual manera ha acordado que se reabra la causa en contra de la examiga del monarca.

Dicha resolución no ha identificado a qué abogada del Estado se le ha notificado el auto. En otras comunicaciones del “caso Tándem” sí consta que los documentos han sido entregados a Rosa María Seoane, que se conoce por ser la responsable de la actuación de los servicios jurídicos del Estado en casos tan conocidos como el “procés” y el “caso Pujol”. Sin embargo, fuentes de la investigación han asegurado a este periódico que en el “caso Villarejo” de igual forma han trabajado por lo menos otras dos mujeres en representación de la Abogacía del Estado.

No inició una inspección

No obstante, a pesar de haber sido advertidos de manera oficial los servicios jurídicos del Estado, la Agencia Tributaria no se ha decidido a comenzar una inspección de las cuentas del Rey emérito hasta los mediados de mayo. Ha sido en esta fecha el momento en el que el abogado del Rey emérito, Javier Sánchez-Junco, ha comunicado a la opinión pública que Hacienda comenzó una inspección fiscal después de haber llevado a cabo su cliente las dos regularizaciones fiscales. En la primera Juan Carlos I ha abonado 678.393 euros para que sorteara un probable delito fiscal debido a la utilización de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que se encuentra siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La segunda regularización ha sido más cuantiosa: pagó en febrero 4.395.901 euros para sortear un delito en contra de la Hacienda Pública por haberse beneficiado de por lo menos 8 millones de euros en concepto de viajes sufragados por su primo Álvaro de Orleans-Borbón por medio de la Fundación Zagatka. El montante total que se ha abonado en sendas regularizaciones ha superado los cinco millones de euros.

El secretario general del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, que consultó el periódico La Razón, mostró su “sorpresa” debido a la manera de actuar de la Abogacía del Estado en la pieza que está separada del “caso Villarejo” que se denomina “Carol”, debido a que “como técnico, con una experiencia profesional de décadas de trabajo, sé que los servicios jurídicos del Estado deben entregar los contenidos esenciales de estas resoluciones a la parte que representa, en este caso a la Agencia Tributaria. Por eso, es evidente que alguien en la Administración del Estado habría recibido esta información y, lo que sorprende, a nuestro juicio, es que nadie haya actuado para haber abierto una comprobación tributaria. No solo porque por lo diga un juez o la Fiscalía Anticorrupción, sino por los indicios que se conocían desde 2018”, ha destacado este funcionario.

“Un delito agravado”

Mollinedo ha indicado, en este mismo sentido, que si Hacienda hubiese dado apertura en ese momento a una inspección a Don Juan Carlos I “podrían haberse impedido las dos regularizaciones, y entonces podría haberse imputado al emérito al menos un delito fiscal agravado, ya que según nuestros cálculos en al menos un ejercicio fiscal podría haber superado los 600.000 euros de fraude”, continúa Mollinedo, que ha considerado que “el ánimo de defraudar o dolo podría quedar patente por haber utilizado una fundación” para que mueva su dinero oculto en Suiza.

 

De manera precisa, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda ya reclamó el 12 de julio de 2018 a la Agencia Tributaria, después de la publicación de una parte de las conversaciones de Corinna Larsen con el excomisario Villarejo, que comenzará una investigación de las personas que se encuentren implicadas en las conversaciones en las que la empresaria germanodanesa ha dicho que el Rey emérito la utilizó como testaferro. Han considerado “que había indicios suficientes para llevarla adelante, pues las acusaciones vertidas en las cintas publicadas tenían la entidad suficiente como para que la AEAT les prestara la máxima atención y las verificara”, han rememorado estos funcionarios en una nota de prensa.

Un informe “singular”

Gestha de igual forma, ha criticado la actuación del inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, por suscribir el 5 de septiembre de 2018 “un más que singular informe de dos párrafos sobre el monarca emérito que remitió al Juzgado Central de Instrucción número 6, solo un día después” de que el juez García Castellón le hubiese pedido que hiciera la investigación de los hechos.

En dicho informe el jefe de la Inspección indicaba de manera sucinta que Don Juan Carlos I no había hecho  la presentación de su declaración informativa de bienes y derechos ubicados en el extranjero, en tanto simultáneamente ponía de manifiesto que en “las diversas fuentes de información de que dispone la Agencia Estatal de Administración Tributaria no hay constancia de que S.M. el Rey emérito D. Juan Carlos I posea cuentas corrientes en el extranjero”.

“Este escueto informe”, concluyen los técnicos de Hacienda, “contrasta con la extensión y profundidad habituales de los informes de la ONIF, y contrarían las funciones y competencias que se le atribuyen” en la Ley.

 

Ahora la Agencia Tributaria está tratando de determinar por medio de una inspección si las dos regularizaciones fiscales que se han presentado por Don Juan Carlos I, han sido suficientes para que este vaya a evitar una imputación debido a un delito en contra de la Hacienda Pública. La Fiscalía del Tribunal Supremo no se ha planteado llamar a declarar al Rey emérito.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here