Isabel Díaz Ayuso del PP en la Asamblea de Madrid: de ser investigada, a investigar al Gobierno de Pedro Sánchez

Díaz Ayuso aprovecha su triunfo para impulsar una comisión sobre los contagios en Barajas tras seis años en los que se fiscalizó la administración y corrupción de su partido.

Díaz Ayuso aprovecha su triunfo para impulsar una comisión sobre los contagios en Barajas tras seis años en los que se fiscalizó la administración y corrupción de su partido.

Después del triunfo electoral del 4-M, el PP contraataca. La Asamblea de Madrid lleva seis años aminorada a un puñado de frases demoledoras el cuarto de siglo de esta formación al frente de la Comunidad de Madrid. “No se ha hecho una gestión en defensa del interés público”. “La contratación no ha sido transparente”. Las instituciones gobernadas por el PP pudieron ser usadas por los responsables de administrarlas para conseguir beneficios ilegítimos en favor de intereses partidistas, personales o empresariales. Son las conclusiones de cinco comisiones de investigación impulsadas entre 2015 y 2021 por los partidos de la oposición. Las consecuencias de la minoría parlamentaria de los Ejecutivos de Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso. “Una cacería política”, conforme al PP. Hasta el 4-M. Díaz Ayuso tiene 65 diputados. Fin del vía crucis. Comienzo de la revancha.

Díaz Ayuso asiste este miércoles por primera vez después de su victoria electoral. La Real Casa de Correos sirve de escenario para su rueda de prensa. No nombra a Esperanza Aguirre, ni a ninguno de sus antecesores, pero es ineludible recordar a la expresidenta, y a las comisiones empujadas para investigar la época en la que principiaron las tramas corruptas de Lezo, Gürtel o Púnica. ¿La razón? Después de ver cómo la Asamblea fiscalizaba la administración de aquellos Ejecutivos populares con mayoría absoluta (2003-2011), sus decisiones sobre las residencias en la pandemia, o la concesión de un aval a una empresa participada por su padre por parte de Avalmadrid, la primera resolución de Díaz Ayuso es comunicar que aprovechará la mayoría del PP para impulsar una nueva comisión.

Le pedirá al grupo popular en la Asamblea que plantee una comisión de investigación para examinar en el Parlamento autonómico el tránsito del aeropuerto de Madrid-Barajas y su relación con la pandemia en su Comunidad, comunica. Necesitan conocer qué protocolos se están colocando en marcha para controlar la entrada del virus; cuántos pasajeros han estado afectados; dónde van estos casos…, agrega. “Ha habido una absoluta falta de transparencia”.

Sánchez, en el blanco

Díaz Ayuso no lo expresa, pero todo el mundo comprende que coloca en la diana a Pedro Sánchez y al Gobierno de España, responsables del control de los pasajeros en el aeropuerto internacional. Que ese sea el primer comunicado en la primera rueda de prensa de la líder conservadora tras el 4-M evidencia que el PP planifica utilizar su peso en la Asamblea para deteriorar a sus rivales. Díaz Ayuso tiene más diputados que toda la izquierda junta (PSOE, Más Madrid y Podemos). Parlamentariamente, eso vale oro.

Las comisiones de investigación pueden ser propuestas por una quinta parte de los diputados o por dos grupos parlamentarios. Con 65 diputados, el PP en solitario lograra comenzar los trámites. La oposición trazara sus dudas sobre que la Asamblea tenga competencias para indagar un tema que no tiene que ver con el Gobierno de la Comunidad, sino con el de España, como evidencia que la formación conservadora pretenda a que comparezcan hasta tres ministros (José Luis Ábalos, al frente de Transportes; y Carolina Darias y Salvador Illa, los dos responsables de Sanidad durante la pandemia). Pero la alteración del funcionamiento en la vida del Parlamento de Madrid ha quedado claro: el PP quiere llevar la decisión tras seis años de penalidades que han perjudicado directamente a sus presidentes.

Cristina Cifuentes tuvo que presentarse a declarar a una comisión de investigación sobre el caso máster. Aun cuando guardó silencio, su imagen compareciendo, cabeza gacha y labios cerrados, recorrió las televisiones y los periódicos, deteriorando también más su figura.

Díaz Ayuso esquivo por poco presentarse a declarar a la comisión de Avalmadrid, impulsada gracias al respaldo de sus socios de la pasada legislatura (Ciudadanos y Vox), pero leyó en primera persona las discutidas conclusiones que abandono el cónclave. Conforme ese texto, la entidad semipública, que financia a pymes y empresas, dio un trato “preferente” y “personalizado” en 2011 a la hoy presidenta en funciones, cuando notifico a la política popular en relación a las condiciones de un aval otorgado a una empresa participada por su padre (MC Infortécnica) para que consiguiera un crédito de 400.000 euros.

También, conforme a  ese controvertido balance, la empresa actuó de forma “irregular” en el proceso de aprobación de la operación y fue “negligente” cuando fracasó y le tocó procurar recuperar el dinero público perdido. En medio, Díaz Ayuso admitió la donación del piso paterno, que así quedó fuera de la persecución de los acreedores.

El espesor de esas palabras llevaba la firma de Vox. En esa comisión está una de los orígenes de la desconfianza que separa a Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, la líder de la extrema derecha en Madrid. Igualmente, la semilla de la nueva actitud del PP en la Asamblea. Algo así como que donde las dan las toman. Y para muestra, la primera proposición de Díaz Ayuso: una investigación proyectada para desgastar al PSOE.

 

 

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