La UCO investiga un pago de 14.980 euros vinculado a la campaña europea de Teresa Ribera
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado a la investigación sobre la presunta guerra sucia socialista nuevos indicios relacionados con la campaña del PSOE para las elecciones europeas de 2024, encabezada por la entonces ministra Teresa Ribera.
El informe policial, ya remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, apunta a que el partido habría abonado 14.980 euros al digital Crónica Libre en concepto de publicidad durante aquella campaña. La investigación trata de determinar si ese pago respondió únicamente a una contratación publicitaria o si formó parte de una operativa más amplia de desvío de fondos.
Un pago bajo análisis judicial
El documento de la UCO recoge varios indicios que, según los investigadores, deben ser analizados en el marco de la causa abierta por el presunto uso irregular de recursos del PSOE. La cantidad señalada aparece vinculada a la candidatura socialista a las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en junio de 2024.
Por el momento, el informe policial no equivale a una resolución judicial ni acredita por sí mismo la comisión de un delito. Corresponde al juez instructor valorar la documentación, contrastarla con el resto de las diligencias y decidir si existen elementos suficientes para adoptar nuevas medidas.
La investigación se centra en esclarecer el destino de determinados fondos y las relaciones entre distintas personas, entidades y estructuras presuntamente vinculadas a la denominada guerra sucia. En ese contexto, los pagos a medios de comunicación o empresas de servicios aparecen como uno de los aspectos que los agentes tratan de reconstruir.
Crónica Libre y la campaña europea
El pago investigado habría sido realizado a Crónica Libre, un medio digital dirigido por la periodista Patricia López, fallecida posteriormente. La cantidad, 14.980 euros, habría correspondido a servicios publicitarios relacionados con la campaña europea del PSOE.
La UCO analiza si la prestación contratada se ajustó a los trabajos facturados y si existió una relación directa entre ese desembolso y las actuaciones que los investigadores atribuyen a las llamadas estructuras de las «cloacas». La comprobación de la publicidad, su alcance y su justificación será relevante para determinar la naturaleza de la operación.
En este tipo de investigaciones, la existencia de una factura o de un pago no permite concluir automáticamente que se haya producido una irregularidad. La clave está en comprobar si el servicio se prestó realmente, quién autorizó el gasto, de qué partida salió el dinero y si el importe correspondía a una actividad electoral legítima.
La Audiencia Nacional examina la presunta trama
El caso se encuentra bajo la dirección del juez Santiago Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional las diligencias relacionadas con la presunta guerra sucia socialista. La documentación de la Guardia Civil amplía ahora el foco hacia los gastos de la campaña de las elecciones europeas de 2024.
Los investigadores sitúan parte de la operativa bajo la presunta dirección de Santos Cerdán, antiguo dirigente del PSOE. Esta atribución forma parte de las hipótesis que se están examinando y deberá ser confirmada o descartada mediante pruebas durante la instrucción.
La incorporación del informe puede abrir nuevas líneas de investigación, como el análisis de los contratos de publicidad, los movimientos bancarios y las comunicaciones entre las personas que participaron en la gestión de la campaña. También podrían revisarse otros pagos realizados a medios o proveedores durante el mismo periodo.
Próximos pasos de la instrucción
El juez deberá decidir ahora qué diligencias considera necesarias para verificar los indicios recogidos por la UCO. Entre las posibilidades se encuentran solicitar documentación adicional al PSOE, requerir información al medio beneficiario del pago o citar a declarar a las personas que intervinieron en la contratación.
- Comprobar el origen y la aplicación de los 14.980 euros.
- Verificar los servicios publicitarios presuntamente contratados.
- Determinar quién autorizó y ejecutó el pago.
- Analizar si existen operaciones similares vinculadas a la campaña europea.
La investigación permanece abierta y, hasta que exista una resolución firme, las personas y entidades mencionadas conservan su derecho a la presunción de inocencia. El informe de la UCO aporta nuevos elementos a la causa, pero será el procedimiento judicial el que determine si esos indicios tienen relevancia penal.
