La dimisión de Óscar Puente no debería convertirse en una medalla política
El PSOE ha encontrado en la dimisión de Óscar Puente una nueva forma de hacer campaña: presentar una obligación política como si fuera una hazaña extraordinaria. La salida de un cargo público, cuando existen razones políticas, de gestión o de responsabilidad, no constituye por sí misma un acto de heroísmo.
Dimisionar forma parte de las reglas básicas de la democracia. Es una herramienta de rendición de cuentas y, en determinados casos, una consecuencia lógica de la pérdida de confianza. Convertirla en un mérito excepcional desvirtúa su significado y alimenta una comparación interesada: la de quienes, según el relato oficialista, asumen responsabilidades frente a quienes se aferran al puesto.
Una obligación presentada como ejemplaridad
El problema no está en valorar una decisión personal o política. El problema aparece cuando esa decisión se utiliza para construir una campaña de imagen. La comunicación del PSOE parece buscar que la ciudadanía no examine únicamente los hechos, sino que premie la puesta en escena de la renuncia.
En política, la responsabilidad no se mide por el tono del comunicado ni por la solemnidad del anuncio. Se mide por las decisiones tomadas, por las consecuencias de la gestión y por la capacidad de explicar qué ha ocurrido. Una dimisión puede ser digna, necesaria o tardía. También puede responder a una estrategia para cerrar una crisis sin asumir todas sus responsabilidades.
Por eso resulta poco serio colocar cualquier renuncia en el pedestal de la ejemplaridad. Antes de aplaudir, conviene hacer preguntas: ¿por qué se produce?, ¿llega a tiempo?, ¿se han dado explicaciones suficientes?, ¿existen responsabilidades adicionales?, ¿se han corregido los errores que provocaron la crisis?
La política de las comparaciones
El mensaje lanzado por el PSOE se apoya en una idea sencilla y eficaz: no todos los políticos actúan igual. El argumento tiene una parte evidente. Hay dirigentes que dimiten, otros que son cesados y otros que permanecen en sus puestos pese al desgaste institucional o a la presión pública.
Sin embargo, la frase no puede utilizarse como sustituto de la evaluación concreta de los hechos. La democracia no necesita una competición permanente de gestos, sino procedimientos claros y responsabilidades verificables. Comparar una dimisión con la actitud de otros dirigentes puede servir para la propaganda, pero no necesariamente para aclarar una crisis.
El riesgo es que la política se convierta en un escaparate de gestos individuales. Un ministro abandona el cargo y el partido transforma esa decisión en una prueba de superioridad moral. Mientras tanto, quedan en segundo plano las preguntas sobre la gestión, los controles internos, la transparencia y las consecuencias para la ciudadanía.
La rendición de cuentas no es un acto de campaña
La rendición de cuentas exige algo más que abandonar un despacho. Incluye explicar las decisiones adoptadas, reconocer los errores, facilitar la investigación de los hechos y garantizar que los mecanismos de control funcionen. Si hay indicios de irregularidades, la responsabilidad política no puede presentarse como un punto final automático.
En asuntos relacionados con la gestión pública, la dimisión tampoco debe utilizarse para evitar el escrutinio. La salida de un responsable puede ser el primer paso para aclarar lo ocurrido, pero nunca debería cerrar el debate. La ciudadanía tiene derecho a conocer los datos, las responsabilidades concretas y las medidas que impedirán que una situación similar se repita.
- Una dimisión no elimina las responsabilidades previas.
- La propaganda no sustituye a la transparencia.
- La ejemplaridad debe acreditarse con hechos, no con mensajes partidistas.
- La rendición de cuentas debe alcanzar también a los equipos y estructuras de decisión.
El doble rasero erosiona la confianza
La ciudadanía percibe con rapidez cuándo los partidos aplican criterios distintos según quién esté bajo presión. Una renuncia propia se presenta como valentía; una ajena, como reconocimiento del fracaso. Esa doble vara de medir contribuye a la desconfianza y refuerza la sensación de que las responsabilidades políticas dependen más del color del Gobierno que de la gravedad de los hechos.
Si el PSOE quiere reivindicar una cultura de responsabilidad, debería defender reglas aplicables a todos. La misma exigencia debe valer para ministros, presidentes autonómicos, alcaldes y altos cargos, con independencia de su partido. De lo contrario, el mensaje pierde credibilidad y queda reducido a una operación de posicionamiento.
Menos relato y más explicaciones
La dimisión de Óscar Puente puede ser analizada desde distintas perspectivas, pero ninguna obliga a convertirla en una medalla al mérito. La decisión debe valorarse por sus causas, por el momento en que se produce y por las respuestas que la acompañen.
En una democracia madura, dimitir no debería ser una excepción digna de celebración, sino una posibilidad normal dentro de la responsabilidad pública. Lo verdaderamente extraordinario sería que los partidos dejaran de utilizar las renuncias como armas de propaganda y aceptaran someterse al mismo estándar de exigencia que reclaman a sus adversarios.
No todos son iguales, ciertamente. Pero la diferencia no se demuestra con campañas de imagen. Se demuestra aceptando controles, ofreciendo explicaciones y asumiendo las consecuencias cuando la gestión pública falla.
