Puigdemont vuelve a poner a Sánchez contra las cuerdas
La relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts vuelve a entrar en una fase de máxima tensión. Carles Puigdemont ha demostrado una vez más que su apoyo parlamentario no está garantizado y que cada votación puede convertirse en una prueba de resistencia para el Ejecutivo. La imagen política es clara: el presidente necesita mantener abiertas todas las vías de negociación para evitar que una nueva crisis termine desalojándolo de La Moncloa.
La fragilidad de la mayoría que sostiene al Gobierno no es una novedad, pero sí lo es la capacidad de sus socios para condicionar la agenda política. El PSOE depende de una suma amplia y heterogénea en la que conviven formaciones con intereses territoriales, ideológicos y estratégicos muy distintos. Junts ocupa una posición especialmente relevante porque sus diputados pueden inclinar el resultado de iniciativas esenciales.
Una mayoría sometida a negociación permanente
Desde la investidura, el Ejecutivo ha tenido que gestionar una legislatura marcada por los acuerdos puntuales. Cada norma exige conversaciones previas, concesiones y, en ocasiones, rectificaciones. En este escenario, Puigdemont conserva una capacidad de presión superior a la que correspondería a la representación numérica de Junts.
El líder independentista sabe que el Gobierno necesita sus votos para sacar adelante medidas relevantes. También conoce el coste que tendría para Sánchez una derrota parlamentaria: no siempre implicaría una convocatoria electoral inmediata, pero sí alimentaría la sensación de debilidad y abriría un nuevo frente dentro y fuera del Congreso.
Por eso, las negociaciones entre el PSOE y Junts no se limitan a una cuestión concreta. Cada acuerdo se convierte en una pieza de un equilibrio más amplio, en el que están en juego la estabilidad del Ejecutivo, la relación con Cataluña y la capacidad del presidente para controlar su propia agenda.
La vivienda, otro frente abierto
La política de vivienda se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos de la legislatura. La Ley de Vivienda de 2023 fue aprobada con el respaldo de varias fuerzas parlamentarias, entre ellas EH Bildu, y pretendía reforzar la protección de los inquilinos, regular determinados mercados tensionados y limitar algunas subidas de alquiler.
Sin embargo, sus efectos han generado un intenso debate. El Gobierno defiende que la norma ofrece herramientas para contener los precios y proteger a las familias. Sus críticos sostienen que la regulación puede reducir la oferta de viviendas en alquiler, incentivar el mercado temporal y dificultar el acceso de los jóvenes y de los hogares con menos ingresos.
El debate también tiene una dimensión política. Que una ley de alcance nacional dependiera del apoyo de fuerzas independentistas y nacionalistas ha alimentado las críticas de quienes consideran que Sánchez ha construido su mayoría sobre acuerdos difícilmente compatibles entre sí. En el caso de EH Bildu, además, su pasado político y la presencia en sus listas de personas condenadas por delitos relacionados con ETA siguen provocando rechazo en amplios sectores.
Puigdemont endurece el precio del apoyo
La estrategia de Junts pasa por convertir cada negociación en una oportunidad para obtener compromisos concretos. El partido no se presenta como un socio estable del Gobierno, sino como una fuerza que vota en función de sus propios objetivos. Esa posición le permite marcar distancias con el PSOE y, al mismo tiempo, mantener abierta la puerta a futuros acuerdos.
Para Sánchez, el problema consiste en compatibilizar esas exigencias con las de sus demás aliados. Una concesión a Junts puede provocar malestar en otros grupos, mientras que una negativa puede poner en riesgo una votación decisiva. La ecuación parlamentaria obliga al Ejecutivo a avanzar con cautela y a evitar que una discrepancia puntual se convierta en una ruptura definitiva.
El riesgo de una legislatura bloqueada
La presión no afecta únicamente a las leyes de vivienda. Los Presupuestos, las medidas económicas y cualquier reforma que requiera mayoría parlamentaria quedan expuestos a la misma dinámica. La ausencia de una mayoría sólida dificulta la planificación política y transmite una sensación permanente de provisionalidad.
El Gobierno intenta presentar cada acuerdo como una muestra de capacidad negociadora. La oposición, en cambio, lo interpreta como una cesión constante ante partidos que no comparten un proyecto común para el conjunto de España. Entre ambas lecturas se desarrolla una legislatura en la que la estabilidad depende más de la aritmética que de la cohesión.
La metáfora del desahucio resume esa situación: Sánchez no está necesariamente ante una salida inmediata, pero sí ante un propietario parlamentario que puede endurecer las condiciones en cualquier momento. Puigdemont no necesita romper todos los puentes para aumentar la presión. Le basta con recordar que, sin sus votos, la mayoría del presidente puede quedarse sin suelo.
