El Presidente de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes 17 de septiembre, que propondrá una reforma Constitucional. La información fue suministrada mientras encabezaba un acto en el que daba cuentas sobre su gestión en estos tres meses. La Moncloa sirvió de apoyo para difundir este propósito, el cual se espera se realice en el menor tiempo posible.
La intención de llevar a cabo un proyecto de reforma constitucional, es que se logre acabar con los aforamientos. Sánchez manifestó que se debe devolver a los ciudadanos la seguridad y garantía para que puedan volver a creer en la política. De esta misma forma, espera que la reforma entre en vigencia en un máximo de 60 días.
Estamos ante un cambio de época. Debemos atender los deseos de una sociedad que demanda ejemplaridad e igualdad entre la ciudadanía y sus representantes. Iniciaremos la tramitación de una reforma de la #Constitución que suprima los aforamientos en España. #Avanzamos pic.twitter.com/sv2lwYO8is
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 17, 2018
Pedro Sánchez debe contar con un acuerdo en las Cortes
El Gobierno de España ha enfrentado esta postura frente a los altos representantes políticos del país. El propósito con el que ha nacido esta propuesta, se debe a los últimos acontecimientos legales que ha enfrentado España. A causa de algunos políticos que se han valido de su envestidura para cometer actos ilícitos, es que se hace necesario anunciar esta próxima medida.
Pero, a pesar de que es Sánchez, la máxima autoridad en España, es necesario mencionar que para llevar a cabo su cometido, debe contar con un acuerdo en las Cortes. Hay que recordar el hecho de que si aprueban la reforma, la condición jurídica de muchos políticos cambiará. Por lo tanto, si cometen algún tipo de delito o infracción a la ley entonces serán juzgados por Tribunales ordinarios.
El Gobierno de España pretende ser ejemplar y lograr canalizar una relación de empatía con sus ciudadanos. Con esta premisa, los privilegios de una persona que ejerza un alto cargo de relación política, queda supeditado a regirse por la justicia común. Sin embargo, el Gobierno está haciendo un estudio del alcance que debe tener la eliminación de los aforamientos.
Suprimir los aforamientos tendrá sus limitantes
Según algunos rumores, la supresión de los aforamientos, no aplicará para las decisiones administrativas, es decir, las que se toman en ejercicio del cargo que ocupan. Por lo tanto habría limitaciones en caso de acusarles de algún acto que dependa intrínsecamente de su actuación como representante político o de Estado.
También hay que recalcar, que los demás actos que estén fuera de este nivel, sí estarían fuera de aforamientos. Por ejemplo, si reciben denuncias por conducir bajo los efectos del alcohol, si tienen problemas con un máster, como el sonado caso de Pablo Casado, o si les encuentran alguna cuenta en el extranjero con alta suma de dinero como a Luis Bárcenas.
La propuesta entrará en discusión, pero en este particular solo se verán afectados diputados, senadores y ministros. Mientras tanto, el aforamiento de los jueces, del Rey, diputados autónomos y miembros del gobiernos regionales siguen su curso. La causa de lo expuesto, es que ellos se rigen por estatutos de autonomía y no a nivel Constitucional.
