El Comité de Bioética ha avalado la segunda dosis con AstraZeneca para la persona que rechace la vacuna de Pfizer

Ya ha sido dada la última palabra por el Comité de Bioética de España, en el embrollo de la segunda dosis de AstraZeneca. Su conclusión ha sido que «parece ética y legalmente recomendable» que las personas que vayan ser vacunado con dos vacunas que sean diferentes (AstraZeneca+Pfizer), como ha propuesto el Ministerio de Sanidad, vayan a firmar un protocolo de consentimiento que ja sido informado específico, que acredite su rechazo a la vacunación como también que disponen de la suficiente información del riesgo de sufrir trombos con el fármaco de AstraZeneca. «Ello no supone alterar o renunciar, en modo alguno, al criterio general de consentimiento verbal para la vacunación frente a la Covid-19», se ha indicado en este informe.

 

Dicho órgano asesor, que es presidido por Federico Montalvo, ha tenido en la mesa un dilema: si ningún español va a poder elegir su vacuna, cómo se puede permitir que se haga a los dos millones de trabajadores esenciales (profesores, militares , policías…) menores de 60 años, tal y como ha acordado el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. En su informe han dejado claro que en el contexto actual de la pandemia, sin las dosis suficientes para que se pueda alcanzar una cobertura universal, «la vacuna no se puede administrar a demanda o elección» de los ciudadanos. Sin embargo, de igual forma comprenden que si una persona la rechaza y la alternativa es quedarse sin vacunar sería puesto en riesgo la salud colectiva. En bien de esa colectividad y previo al rechazo por escrito, se podría admitir quebrar el principio de igualdad de todos los españoles, interpretan y con esa vuelta tuerca han resuelto el dilema. «Esta propuesta no supone una adaptación de la estrategia nacional de vacunación a los deseos de los individuos», han aclarado.

 

Consentimiento confidencial

El ciudadano que vaya a rechazar por escrito el fármaco de Pfizer como segunda dosis no va asumir responsabilidades individuales si tuviese una complicación de salud que se derive de la vacuna que se ha elegido. «El paciente deja constancia por escrito que rechaza el fármaco. También que ha sido informado y conoce los posibles riesgos. No se deja la responsabilidad al paciente, como ocurre con otros procedimientos médicos, por ejemplo, antes de entrar en una cirugía», ha detallado Montalvo.

 

Si son aceptadas las recomendaciones por el Ministerio de Sanidad, acepta las recomendaciones del Comité de Bioética, quien vaya a solicitar su segunda dosis de AstraZeneca, va a ser informado verbalmente de los riesgos y va a tener que firmar su rechazo ha expresado en un documento que va a ser confidencial. De igual forma, se va a informar verbalmente de las probables complicaciones de que se opte por una vacuna distinta en la segunda dosis, en dicho caso de Pfizer. Pese a que en este último caso, no se va a tener que firmar ningún documento. La vacunación de este colectivo que se quedó en el limbo se va a reanudar previsiblemente la próxima semana, tal y como se ha ido anunciando a varias comunidades como Madrid, Murcia o Andalucía.

 

Con un voto particular

En este momento se elevará el informe del Comité de Bioética a la comisión de Salud Pública, en el cual participa el Ministerio de Sanidad y las autonomías. Se votó por unanimidad de los doce miembros, pese a que ha tenido un voto particular, el del jurista José Miguel Serrano. Este experto ha coincidido con el informe aprobado el cual es éticamente admisible en la administración de la vacuna de AstraZeneca como segunda dosis a las personas que de forma voluntaria lo soliciten. Sin embargo, ha querido dejar constancia de su malestar ya que el Ministerio de Sanidad solicitó la opinión de este comité en tanto su decisión ya se dio a conocer a la opinión pública. De igual forma, ha manifestado su desacuerdo con la amplia exposición sobre la no obligatoriedad de la vacunación que se ha reflejado en el informe.

 

El documento se redactó de manera urgente a petición del Ministerio de Sanidad. Lo hizo en un intento de salvaguardar la decisión que más quebraderos de cabeza le dio desde que empezó la campaña de vacunación del Covid. No obstante, el Gobierno no ha considerado oportuno preguntar a esta institución al respecto de la Ley de Eutanasia, tal vez debido a que podía tener prevista su respuesta: no se ha podido considerar un derecho ni tampoco una prestación sanitaria, tal y como ha recogido la norma que se ha aprobado este año.

 

Dicho organismo ha sido de carácter consultivo. Lo han formado científicos expertos en bioética, médicos y reconocidos juristas. El Gobierno no va a tener la obligación de que se adopten sus informes, sin embargo sus opiniones importan y tienen peso.

Decisión técnica, no política

Tomar la decisión de qué vacuna van a poder ponerse los menores de 60 años que ya recibieron una primera dosis de AstraZeneca, tuvo que haber sido una cuestión completamente técnica y científica. Sin embargo, la discusión ha superado el debate puramente sanitario. En prácticamente dos meses, técnicos, comunidades autónomas y el propio Ministerio de Sanidad, estuvieron enredados en busca de la solución más cercana al riesgo ‘cero’.

 

El dilema ha sido dirimir si ha sido más seguro que se completara el tratamiento con un fármaco que en casos muy extraños pudiendo desencadenar un trombo, o que se pruebe con otra vacuna distinta. La Agencia Europea del Medicamento ya se ha pronunciado al respecto, como han hecho de igual manera numerosas sociedades científicas. Y en su opinión, los beneficios de haber puesto una segunda dosis a personas que no sufrieron reacciones graves con la primera, superaron de una forma clara los probables riesgos.

 

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha decidido introducir otra variable al poner en marcha una investigación española con 600 personas para conocer más sobre los riesgos de que se combine la vacuna Pfizer con AstraZeneca. La investigación ha sido positiva y Sanidad, ha optado por la recomendación de Pfizer con la oposición de nueve comunidades autónomas. Para que se contestara a todos se ha permitido que se proporcione AstraZeneca, previamente a que se firmará de un consentimiento informado del paciente. Dicha alternativa fue cuestionada por haber dejado en manos de los ciudadanos dicha responsabilidad y así mismo debido a la inquietud que pueda despertar.

 

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