Canarias volverá a pedir al Estado que asuma el triaje de los menores migrantes
El Gobierno de Canarias reclamará de nuevo al Estado que asuma el triaje de los menores migrantes que llegan al archipiélago. La petición se abordará el próximo lunes, 7 de septiembre, en una reunión entre la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
El encuentro llega en un contexto de presión sostenida sobre los servicios públicos canarios, especialmente sobre la red de protección de menores. El Ejecutivo autonómico considera que la atención inicial de quienes llegan a las islas debe contar con una implicación directa del Estado y no recaer de forma casi exclusiva en la administración regional.
Una competencia que Canarias quiere trasladar al Estado
Durante la reunión, la consejera defenderá que el Estado se haga cargo de las primeras actuaciones tras la llegada de personas migrantes. Ese proceso, conocido como triaje, permite identificar las circunstancias de cada persona, determinar si es menor de edad y establecer cuál debe ser la respuesta administrativa y asistencial.
En el caso de los menores que llegan solos, esta fase resulta especialmente relevante. De ella depende su derivación a los recursos de protección, la evaluación de sus necesidades y la posterior coordinación entre las distintas administraciones. Canarias sostiene que se trata de una responsabilidad que debe abordarse con medios estatales y criterios homogéneos.
La petición no es nueva. El Gobierno autonómico ya ha reclamado en anteriores ocasiones una mayor participación del Ejecutivo central en la gestión migratoria. Ahora pretende que la reunión sirva para reabrir esta cuestión y avanzar hacia un modelo en el que la comunidad autónoma no soporte por sí sola el peso de la recepción y la atención inicial.
La red de protección afronta una presión creciente
La llegada de menores migrantes obliga a Canarias a activar recursos de acogida, atención social, asistencia jurídica y protección. Estas funciones corresponden a la comunidad autónoma, que debe garantizar la atención de los niños y adolescentes una vez que quedan bajo tutela administrativa.
Sin embargo, el Ejecutivo canario diferencia entre la protección de los menores y la gestión de las llegadas. Su planteamiento es que la identificación, la clasificación inicial y la coordinación de los traslados deben realizarse con una estructura estatal estable, capaz de responder a las necesidades del archipiélago y de evitar que los servicios autonómicos queden desbordados.
La situación también afecta a los municipios y a las entidades que colaboran en la atención social. La presión sobre los centros, el personal especializado y los recursos de emergencia complica la gestión ordinaria y obliga a ampliar plazas y servicios. Para Canarias, la respuesta debe ser compartida y sostenida en el tiempo, no limitada a medidas puntuales.
La reunión con Inclusión será clave para fijar responsabilidades
La reunión entre Candelaria Delgado y Elma Saiz permitirá analizar las responsabilidades de cada administración en la atención a la migración. La consejera acudirá con la solicitud de que el Estado asuma el triaje y refuerce su papel en una crisis que, según el Gobierno autonómico, tiene una dimensión nacional y europea.
Canarias reclama que la cooperación institucional se traduzca en mecanismos concretos. Entre ellos se encuentra una mejor coordinación para la recepción de los menores, el intercambio de información y la derivación a otros territorios cuando sea necesario. La comunidad autónoma considera que estas medidas son esenciales para garantizar una atención adecuada y evitar la saturación de su sistema de protección.
El Ejecutivo regional también busca que la respuesta tenga continuidad. La gestión de la llegada de menores no puede depender únicamente de la capacidad de reacción ante cada emergencia, sino que requiere planificación, financiación y personal suficiente. En este sentido, el triaje se presenta como una pieza previa para ordenar todo el proceso.
Canarias pide una respuesta coordinada y estable
La posición del Gobierno de Canarias parte de una idea central: el archipiélago es la puerta de entrada de una ruta migratoria, pero no debe afrontar en solitario las consecuencias de esa situación. La administración autonómica insiste en que la protección de los menores debe mantenerse como prioridad, al tiempo que reclama una distribución más equilibrada de las tareas y de los costes.
El encuentro del próximo lunes servirá para conocer el margen de acuerdo entre ambas administraciones. Canarias espera que el Estado acepte asumir un papel más directo en el triaje y que la cooperación se concrete en recursos, protocolos y actuaciones coordinadas.
La reunión se celebrará mientras continúa el debate sobre el modelo de atención a los menores migrantes no acompañados y sobre la necesidad de reforzar la solidaridad territorial. Para el Gobierno canario, cualquier avance deberá permitir que los niños y adolescentes reciban una respuesta rápida, especializada y acorde con sus derechos, sin que la capacidad de acogida de las islas marque los límites de la protección.
