El 10 de junio es la fecha en la que el Consejo de Ministros, ha acordado que exhumará a Franco, del Valle de los Caídos. Para después proceder inmediatamente a su inhumación en el Panteón de Mingorrubio en El Pardo. Que es el lugar donde también yacen los restos de su esposa, la señora Carmen Polo.
Esto ha sido anunciado este viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Quien además ha dado por concluido el procedimiento para sacar al dictador de la basílica de Cuelgamuros. Y así poder cumplir con las últimas modificaciones, impulsadas precisamente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esto vía decreto de ley, sobre la ley de Memoria Histórica.
Sin embargo, para esta decisión. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. Ya que después de esta decisión puede suspender de manera cautelar el proceso o incluso contravenir la decisión del Ejecutivo.
Una ley del parlamento
Además, Calvo ha comentado que: “Lo que nos corresponde como Gobierno es cumplir con una ley votada en el Parlamento. Y hacer realidad una modificación de la ley de Memoria Histórica”. Esto para defender la postura del Gobierno, que con su decisión contraviene la voluntad de los familiares de Franco. Que desde el primer momento se han mostrado en contra de la exhumación. Y que además optaban, en caso de que se produjera, por la re inhumación en la catedral de la Almudena.
Por ellos, la vicepresidenta del Gobierno también ha justificado la elección del lugar porque es donde ya reposa Carmen Polo. Además, esta ha argumentado que la decisión del Ejecutivo sobre la ubicación. Se ha debido básicamente a la insistencia de la familia en re inhumar los restos en La Almudena. Lugar que Calvo ha definido como “improcedente”. Gracias al informe de la Delegación de Gobierno de Madrid rechazando el lugar por motivos de seguridad y orden público.
La elección del 10 de junio
Calvo, también se ha encargado de justificar la elección del 10 de junio. Por situarlo tras la cita con las urnas. Muy a pesar de que el Gobierno toma esta última decisión ya en periodo electoral.
Por lo tanto, en estos momentos solo un pronunciamiento del Tribunal Supremo con medidas cautelares podría paralizar el proceso. Calvo ha asegurado que esta decisión la debe cumplir cualquier Gobierno. Salvo que se apruebe una norma que inhabilite la que lo hace posible.
Esto quiere decir, que si hubiese un nuevo Gobierno después del 28 de abril. Una de sus primeras medidas debería ser un Real Decreto que modificase el aprobado por Sánchez en caso de que se quisiera impedir la exhumación.
Calvo ha confiado en que la Iglesia ya ha manifestado que “no se opondrá a la exhumación”. Y ante el rechazo del Prior de El Valle de los Caídos ha contestado que el Gobierno tiene. “instrumentos más que suficientes para ejecutar los acuerdos del Consejo de Ministros”.
