El Supremo se ha opuesto a los indultos del “procés”: solamente están en la búsqueda de que el Gobierno “corrija” la sentencia

Se ha opuesto el Tribuna Supremo, a que los líderes independentistas que se han condenado en el juicio del “procés” se vayan a beneficiar de cualquier tipo de indulto -total o parcial- al no apreciarse razones de justicia, equidad y utilidad pública que van a justificar la concesión de la medida de gracia.

El tribunal que ha condenado a los doce que se han acusado por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia ha considerado que las penas que se han impuesto (de hasta trece años de prisión) no han sido desproporcionadas conforme con los hechos que se han cometido y ha subrayado también que no existe prueba alguna de arrepentimiento de parte de estos. De esta misma forma, han dejado claro que los argumentos que se han expuesto en favor de la medida debido a diversas asociaciones y particulares “desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo”.

Para el Supremo el indulto no va a poder presentarse como una segunda instancia frente al Gobierno, como tampoco “el último mecanismo” para que se repare la supuesta vulneración de derechos fundamentales y menos en tanto se ha esgrimido “una responsabilidad penal colectiva, solidaria, compartida” debido a los denominados “presos del procés”. Una responsabilidad que es grupal “ligada por vínculos de coincidencia ideológica” que, conforme a la Sala, “entorpece” la argumentación para que se extinga esa responsabilidad por medio de la medida de gracia. La Sala ha hecho hincapié en que las razones que se han esgrimido pierden cualquier justificación “cuando se presenta “como presos políticos” a quienes han sido autores de una movilización “encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos”. El informe -del que fue ponente el presidente de la Sala Pena, el magistrado Manuel Marchena– preciso que la pena solamente ha dejado de ser necesaria en tanto cumplió con la finalidad que ha legitimado su imposición.

La Sala ha subrayado que “la constatación del fracaso” de los fines de prevención que ha perseguido (evitar una posible reincidencia), “apreciable sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales” (en referencia a la falta de arrepentimiento y a su insistencia en que lo volverían a hacer), ha obligado a que se rechace el indulto.

“Ni el más débil indicio de arrepentimiento”

Sin embargo el Supremo ha indicado, que en forma alguna se aferra “a concepciones ya obsoletas acerca del significado de la resocialización del penado”, ante todo en tanto el condenado “no comparte ni se identifica con los valores sociales hegemónicos”. Eso sí, ha añadido -defiende- una sociedad pluralista, que se inspira en valores democráticos “puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores”.

El tribunal ha destacado que los condenados no contribuyeron a que se justifiquen las razones de justicia, equidad o utilidad pública que van a legitimar el ejercicio del derecho de gracia y que no va a poder que se haga constar en su informe “la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento”, ni siquiera “flexibilizando ese requerimiento legal y liberando su exigencia de la necesidad de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado”.

Al haber ejercido su derecho a la última palabra en el juicio como en sus declaraciones públicas posteriores -recalcan los magistrados- quedó patente ”su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticos -de incuestionable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía”. Ha afectado a socios del Gobierno.

El Tribunal Supremo ha llamado a la atención al respecto de la “singular perspectiva que ofrece el presente caso, en el que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia”.

Y lo ha hecho al haber valorado el argumento de la Fiscalía de que el artículo 102 de la Constitución ha impedido el “autoindulto” a miembros del Gobierno (lo que el Ministerio Público considera que incluye a los integrantes de un ejecutivo autonómico como el que presidía Puigdemont en su momento).

Sin embargo, los magistrados se han desmarcado de este debate y han insistido en que “no es a la jurisdicción penal a la que incumbe el análisis de la concurrencia de los presupuestos normativos que legitiman una decisión gubernamental llamada a dejar sin efecto una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo”.

Sin embargo, sí precisan que en tanto, como ocurre en este caso, las penas que se han impuesto han incluido las de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, “las razones ligadas al cumplimiento de los fines de la pena y a la prevención especial” han adquirido una relevancia “de la que no puede prescindirse”.

Las penas son proporcionadas a la gravedad de los hechos

La Sala ha entendido que tampoco ha procedido el indulto invocando una presumible desproporción de las penas. Y ha rememorado que el delito de sedición que han cometido nueve de los doce condenados ha supuesto “un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones como fundamento de la convivencia en el marco constitucional”. Lo que se encontraba en juego, han subrayado, que no ha sido la preservación del orden público, “sino la solidez de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democrática”.

Y en referencia al delito de malversación, los magistrados han considerado que es “evidente” que en cualquier sistema penal democrático “la aplicación de fondos públicos a fines ilícitos, mediante actos expresivos de la deslealtad en el manejo de caudales públicos, constituye un delito al que se asocian graves penas privativas de libertad”. Para culminar, el tribunal de igual forma ha argumentado la razón de que niega el indulto a los tres ex consellers que solamente han sido condenados por desobediencia: “la ausencia de cualquier razón que obligue a corregir” las penas que se han impuesto, que no han visto contrarias al principio de proporcionalidad.

La contumacia de Jordi Cuixart

Este informe ha citado a Jordi Cuixart que en su respuesta a la Sala ha afirmado que todo lo que ha hecho lo volvería a hacer debido a que no ha cometido ningún delito. Esas palabras han sido para el tribunal “la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal”.

Cabe resaltar -ha añadido la Sala- han expresado “una actitud antidemocrática” que puede avalar que cualquier ciudadano puede llegar a esgrimir razones de conciencia y de compromiso social para “pulverizar las bases de la convivencia”, que se conviertan en ineficaces las resoluciones judiciales y “sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico”, vulnerando de está manera de los derechos fundamentales de los ciudadanos “que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual”. También de Cuixart, solamente el ex conseller Santi Vila ha contestado al requerimiento del Supremo para que hicieran un pronunciamiento al respecto de las peticiones de indulto. “Con su silencio privaron a la Sala de la valoración de los elementos decisivos para respaldar nuestro informe”, han lamentado los magistrados.

Y pese a que los pronunciamientos de los condenados no vayan a llegar a exteriorizarse públicamente en referencia a su parecer al respecto de los indultos o inclusive se ha llegado a sugerir un rechazo a la medida “por lo que pudiera suponer de aceptar un perdón por lo que se entiende que no debe ser perdonado”, el tribunal ha mantenido que “la indiferencia o indolencia, aparente y puramente fingida o real” ubica a varios de los condenados “en las antípodas de lo que en abstracto sería la actitud que cabe esperar de quien aspira a ser indultado”.

Y en referencia a la petición de amnistía de Cuixart, el tribunal se ha mostrado contundente y ha rememorado que dicha medida, que se encuentra “justificada en momentos políticos de transición de un sistema totalitario hacia un régimen democrático”, se tradujo “en no pocos casos” en un medio “hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales”.

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here