España establece la ley de eutanasia e integra el quinto país del mundo en regularla

Uno de los requisitos, es que el solicitante debería padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. España se ha sumado este jueves a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá como uno de los primeros países del mundo que regulan la eutanasia. El Congreso de los Diputados, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, ha aprobado la ley impulsada por el PSOE, que comenzara a regir dentro de tres meses. Para pedirla, el afectado debe “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le produzca un “sufrimiento intolerable”. Aun cuando se ha suprimido del título de la propuesta durante el debate parlamentario, la Ley regula tanto la eutanasia propiamente dicha, que se administrara directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente, como lo que se ha denominado suicidio médicamente asistido, la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de forma que este se la pueda auto administrar, para producir su propia muerte.

Con la aprobación de la ley, España se agrega a un estricto grupo de países en los que la eutanasia está permitida por Ley. En Portugal, el Constitucional se ha opuesto a la ley, mientras que en Colombia la práctica es legal, según una sentencia del Tribunal Constitucional, pero no está reglamentada. En Nueva Zelanda está previsto que la ley entre a regir en noviembre. En partes de Estados Unidos y Australia la práctica igualmente está permitida.

Ley garantista

La ley española se diferencia de las otras leyes vigentes, porque es más garantista, establece un renglón de pasos que pueden retrasar el proceso, desde que el paciente lo pida, más de un mes. Este comienza por la solicitud del enfermo, que debe ser expresada por escrito dos veces en 15 días. En esta petición debe quedar claro que la determinación no es el resultado de ninguna presión externa. También, para garantizarse de la transparente voluntad del solicitante, este debe haber dispuesto por escrito de la información que se tenga sobre su proceso médico, las diversas alternativas y posibilidades de proceder, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones a que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia. Una vez comenzado el proceso, el enfermo podrá cambiar su decisión en cualquier momento y, una vez que reciba la autorización pertinente, retrasar su aplicación todo lo que quiera.

A partir de la segunda demanda, el médico del paciente debe enviar la solicitud a la comisión autonómica correspondiente, que decide qué dos profesionales, ajenos al caso, examinarán la solicitud. Posteriormente, la comisión aprobará o rechazará la decisión de esos dos profesionales. La ley no establece la composición de esta comisión, que determinará cada comunidad autónoma, salvo que deberá constar de al menos siete personas, con especialistas médicos, jurídicos y en enfermería. Esta comisión deberá contestar a la petición en 19 días.

El sentimiento y el descanso

La ley ha sido propuesta por el Grupo Socialista, pero ha tenido  un gran impulso de familiares de personas que han solicitado ayuda para morir, reunidas por la plataforma Change.org, que hace algo más de un año presentaron un millón de firmas a favor de la proposición: las familias de Maribel Tellaetxe, que había pedido a su marido y a sus hijos que la ayudaran a morir cuando el alzhéimer le borrara sus nombres; de María José Carrasco, la mujer con esclerosis múltiple avanzada cuyo marido está acusado por facilitarle un medicamento para suicidarse o, entre otras, Asun Gómez, pareja de Luis de Marco, quien murió tras más de un mes de agonía hasta que adquirió una sedación terminal. “Hoy me iré a la cama habiendo dejado una mochila”, ha dicho antes de la sesión Danel Lorente, hijo de Maribel, pensativo frente a la escalinata del Congreso. “Es una emoción y un alivio”, ha agregado su hermano David. “Amatxu no pudo disfrutar de este derecho”.

Por otra parte,  Asun Gómez ha señalado que ha tenido que oír que la llamaran asesina, pero esta lucha también es una forma de amor. El 87% de los ciudadanos están de acuerdo con la eutanasia, y eso sin contar que haya quien lo haga sin atreverse a decirlo, ha recalcado, en referencia a encuestas como las de Metroscopia, que corroboran un apoyo progresivo y sostenido a la medida.

Los dolientes no han podido continuar el debate desde la tribuna de invitados por las medidas de seguridad frente a la covid. La  discusión ha pasado por las Cámaras con PP, UPN y Vox solicitando una ley de paliativos que ninguno ha presentado, y asegurando que con esta disposición  se legaliza   el asesinato. Y el resto, apoyando con matices el proyecto de ley sobre los fundamentos de que el derecho a una vida digna debe ir pegado al de tener una muerte digna. Vox ya ha anunciado que va apelar la ley ante el Constitucional, y ha avisado de que si llega al poder la derogaría.

La ley ha obtenido el rechazo de la Organización Médica Colegial, que comunica que va a vigilar cómo se reglamenta la objeción de conciencia de los profesionales y asegura que la eutanasia no es un acto médico, aun cuando la ley prevé que sea un derecho convertido en una prestación del sistema de salud. Igualmente el Comité de Bioética de España no ha aceptado que se conceptúe como un derecho.

Los seguidores de la ley tampoco piensan que su labor haya culminado. Asun Gómez ha expresado su miedo a que las comisiones autonómicas tengan rumbo que hagan que en unos sitios sea más fácil recibir el apoyo pedido que en otros. Ángel Hernández, el marido de María José Carrasco, a la que ayudó a morir, señala en la misma dirección: Ahora les queda su implementación, informa.

Ahora bien, Javier Velasco presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), ha expresado que la ley ahorrará mucho sufrimiento a muchas personas. Se solicitaran escasas eutanasias, pero la ley la aprovechara toda la sociedad. En los países donde la eutanasia es legal, indica DMD, su ejercicio presume entre el 1% y el 4% del total de fallecimientos anuales. En un año normal (sin pandemia) en España fallecen algo más de 420.000 personas, por lo que es prudente considerar que entre 4.000 y 17.000 personas disponen adelantar su muerte cada año una vez la ley esté en vigencia. La vivencia internacional aconseja que las cantidades serán más pequeñas al comienzo e irán creciendo según crezca el conocimiento sobre la ley entre la ciudadanía, los profesionales sanitarios y las propias administraciones.

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