Iglesias ha tratado flexibilizar el tercer grado de etarras en la ley de la infancia

El pasado jueves el pleno del Congreso ha aprobado la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia ante a la Violencia, con la única oposición de Vox. Teniendo 297 votos a favor siendo claramente una ley de consenso que incrementa el plazo de prescripción de los abusos a los menores, ha ampliado el concepto de violencia, ha obligado a que se use la prueba preconstituida hasta los 14 años e incorpora el deber que tienen los ciudadanos de denunciar el maltrato a niños, entre otras medidas que son novedosas.

 

Sin embargo dicha ley, la primera relevante de Unidas Podemos, ha llevado la marca de la formación en manera de artimaña, que ha estado a punto de salir adelante. En este  proyecto se incluía una modificación del Código Penal que, de haber sido aprobado, era traducido en flexibilizar el acceso al tercer grado a condenados por terrorismo, sin tener la necesidad de que hubiesen cumplido la mitad de la condena, como sucede desde la reforma de 2003; lo que quiere decir, que habría supuesto ‘beneficios penitenciarios’ a etarras de los que en este momento carecen.

 

De vuelta, con enmienda

De una manera increíble, el texto ha pasado el primer filtro del Congreso sin que tenga un grupo parlamentario se va a percatar de dicha modificación, incluyendo el PP. Ha sido en el trámite parlamentario en el Senado hace menos de una semana en tanto el Grupo Socialista ha hecho la presentación de una enmienda para que sea suprimido dicho cambio, que ha prosperado, tal y como resume el Boletín Oficial de la Cámara Alta del día 19 de mayo. Este texto ha llegado de vuelta al Congreso con la supresión de ese tercer grado para los terroristas y para los condenados debido a delitos en el seno de una organización criminal. Y ha salido adelante con un apoyo prácticamente unánime el jueves.

 

Se ha dado de esta manera la paradoja de que un proyecto de ley del Gobierno, el cual procedía de forma directa del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en tanto se encontraba al frente Pablo Iglesias, se ha modificado en un artículo tan sensible por el grupo parlamentario de su socio de Gobierno, el PSOE. Sin embargo nada trascendió de este cambio del Código Penal por la puerta de atrás hasta el día de ayer. Y el origen ha sido un hilo en Twitter del profesor de Derecho Penal y Penitenciario en la Universidad Europea de Madrid Rafael Fontán quien ha advertido, desde un punto de vista jurídico, de la reforma que se pretendió que se introdujera en una disposición de la ley de infancia.

 

La LO de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que se aprueba hoy en el Congreso, incluye diversas reformas en el Código penal.

— rafael fontán tirado (@rafaelfontan) May 20, 2021

El artículo 36 del Código Penal regula los periodos de seguridad y fija que en determinados delitos (graves) el condenado no podrá acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de su pena:terroristas, miembros de organizaciones criminales, agresores sexuales cuando la víctima tenga menos de 16 años y delitos de prostitución y corrupción de menores cuando tenga menos de 13.

 

Un hilo de Twitter

El proyecto que salió del Consejo de Ministros ha añadido a personas que tienen discapacidad que van a necesitar de una especial protección y víctimas de trata menores. Los autores de dichos delitos y los previos tampoco van a poder tener acceso al tercer grado, sin embargo se ha añadido un apartado: permitir al juez de Vigilancia Penitenciaria aplicar el régimen general de cumplimiento, lo que quiere decir, que terroristas y miembros de organizaciones criminales van a poder acceder a ese beneficio sin que hayan cumplido la mitad de la pena si «la autoridad judicial de Vigilancia Penitenciaria» de esta manera lo consideraba.

 

«Se amplía el ‘periodo de seguridad’ (art. 36.2) a los delitos de trata de seres humanos cuando la víctima sea un menor, incluyendo también la imposibilidad de obtener beneficios penitenciarios durante ese mismo periodo, pero se excluyen de ese automatismo a los condenados por delitos de terrorismo (incluidos hasta ahora), a los que sí se les podrá aplicar el régimen general», ha escrito el viernes el profesor Fontán en Twitter. Y de allí ha empezado un debate entre juristas, que ha alertado primero a la AVT.

 

«Yo interpretaba que a los condenados por delitos de trata con víctimas menores no se les iba a poder conceder permisos de salida hasta la mitad de la condena y respondí que no había ningún beneficio ni trato favorable a los presos etarras. Tras debatirlo con Fontán y otros juristas veo que tienen razón y que se favorecía ese acceso al tercer grado, que es lo que hemos denunciado», ha explicado la abogada de la AVT y doctora en Derecho, Carmen Ladrón de Guevara.

Daba potestad al juez

«El Código Penal fija claramente la imposibilidad de que los condenados por terrorismo puedan obtener el tercer grado hasta que no hayan cumplido por lo menos la mitad de la condena, es una excepción a la regla general que señala que en cualquier momento se puede conceder a un preso el tercer grado», sigue la abogada. Ni siquiera el juez de Vigilancia Penitenciaria ha podido levantar ese periodo de seguridad si ha observado buena conducta en terroristas, como sí va a tener la potestad de que se haga en otros delitos.

 

«En el texto que salió del Congreso y llegó al Senado el juez podía levantar ese periodo de seguridad, salvo en algunos casos, y se excluye de esa salvedad a los condenados por delitos de terrorismo, por tanto, se eliminaba dicha excepción y el juez de Vigilancia podría acordar la progresión al tercer grado sin haber cumplido la mitad de la condena», ha explicado Ladrón de Guevara. También agregaba otro apartado –continúa– para que se pueda acordar el tercer grado debido a razones humanitarias y en el caso de enfermedades que son muy graves incurables, y de ancianos y presos que tengan 70 años.

 

«Nos damos cuenta de que nos la han colado, lo denunciamos y ante la denuncia se ponen en contacto con nosotros tanto el Grupo Popular del Congreso como del Senado para explicarnos que finalmente la modificación no salió adelante gracias a una enmienda en la Cámara Alta del PSOE».

 

Ha parecido inexplicable que una reforma de tal calado del Código Penal no ha sido advertida por ninguno de los grupos parlamentarios en el Congreso. Cierto que no ha tenido nada que ver con el espíritu de la ley al respecto de la que se ha articulado en el debate parlamentario junto a decenas de enmiendas en las dos Cámaras. Se ha discutido de permisos y beneficios para delincuentes con víctimas menores, no de terceros grados.

«Finalmente el Senado decidió no modificar el artículo 36. Este apartado pasa pues a mejor vida, ya que ayer el Congreso convalidó la enmienda», ha escrito el profesor Fontán. El texto definitivo de la ley de infancia todavía no fue publicado en el BOE, pero el jueves el Congreso solamente ha rechazado de las enmiendas que introdujeron el Senado y ninguna ha sido la que afectaba al Código Penal en ese aspecto.

 

En la AVT han tenido claro que se ha tratado de «una maniobra del Gobierno para colar de rondón una reforma del Código Penal, que afortunadamente no ha salido adelante, pero ha sido ‘in extremis’». Se encuentran convencidos de que en cualquier instante les van a «colar» otra, y de esta  manera se lo han advertido al PP. «Quieren reformar el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas. Llevan tiempo diciéndolo en ‘Gara’».

 

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