El Gobierno amplía hasta 2030 la protección frente a los desahucios y endurece las medidas sobre vivienda
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos con nuevas medidas en materia de vivienda. El paquete incluye la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y límites a la adquisición de viviendas por parte de los llamados fondos buitre.
La aprobación llega en un contexto marcado por la escalada de los precios del alquiler, la falta de oferta y las dificultades de miles de hogares para acceder a una vivienda. El Ejecutivo pretende reforzar la protección de los inquilinos y ampliar el alcance de las políticas públicas frente a la emergencia habitacional.
La protección frente a los desahucios se prolonga hasta 2030
Una de las principales novedades es la extensión hasta 2030 de las medidas extraordinarias de protección frente a los desahucios. La prórroga busca evitar que los hogares en situación de vulnerabilidad pierdan su vivienda sin que antes se analicen alternativas habitacionales.
El Gobierno mantiene así un mecanismo que permite suspender determinados procedimientos cuando concurren circunstancias de especial necesidad. La aplicación de estas medidas queda vinculada a los requisitos establecidos en la normativa y a la valoración de los servicios sociales competentes.
La ampliación afecta a una de las medidas que se han ido prorrogando durante los últimos años. Su continuidad pretende ofrecer mayor estabilidad a las familias vulnerables y reducir el impacto social de los procedimientos de lanzamiento.
Nuevas reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones
Los reales decretos también incorporan una regulación específica para los alquileres de temporada y los arrendamientos por habitaciones. Estas modalidades han ganado peso en las principales ciudades, donde parte de la oferta residencial se ha desplazado hacia contratos de corta duración.
El objetivo declarado es aportar más transparencia y evitar que determinados contratos se utilicen para eludir las obligaciones aplicables al alquiler habitual. La nueva regulación busca diferenciar con mayor claridad entre una necesidad temporal real y aquellos acuerdos que, en la práctica, funcionan como arrendamientos permanentes.
La vivienda por habitaciones queda igualmente incluida en el nuevo marco. El Ejecutivo pretende que esta fórmula, cada vez más extendida entre estudiantes, trabajadores desplazados y personas con dificultades para acceder a un piso completo, cuente con mayores garantías para los inquilinos.
Las medidas principales aprobadas
- Ampliación hasta 2030 de la protección frente a determinados desahucios.
- Regulación de los alquileres de temporada para mejorar su control y transparencia.
- Inclusión de los arrendamientos por habitaciones en el nuevo marco normativo.
- Prohibición hasta 2028 de la compra de vivienda por parte de fondos buitre.
- Prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
Limitaciones a la compra de vivienda por fondos buitre
Otra de las decisiones anunciadas es la prohibición de que los fondos buitre compren vivienda hasta 2028. La medida pretende frenar operaciones de concentración de inmuebles en manos de grandes inversores y proteger el parque residencial destinado al alquiler y a la vivienda habitual.
El Gobierno considera que la entrada de estos operadores puede contribuir a elevar los precios y reducir la oferta disponible para los hogares. Con esta limitación, el Ejecutivo busca reforzar el papel de la vivienda como derecho y no únicamente como activo de inversión.
La aplicación concreta de la prohibición dependerá del desarrollo de los decretos y del alcance jurídico de las operaciones afectadas. El debate sobre la participación de grandes tenedores en el mercado residencial seguirá, previsiblemente, abierto durante la tramitación de las nuevas medidas.
Dos años más para los contratos que terminen antes de 2028
El paquete aprobado contempla además una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. La extensión pretende evitar que miles de inquilinos tengan que afrontar de forma inmediata una renovación en condiciones más caras.
La continuidad del contrato estará sujeta a las condiciones y excepciones que establezca la normativa. La medida se dirige especialmente a los hogares que podrían quedar expuestos a fuertes incrementos de renta o a la pérdida de su vivienda habitual al terminar el contrato.
Con esta decisión, el Gobierno trata de ganar tiempo mientras se desarrollan otras políticas destinadas a ampliar la oferta de alquiler asequible y contener la presión en las zonas con el mercado más tensionado.
La ministra revisa la última versión de las medidas
Durante la presentación de las iniciativas, la ministra de Vivienda tuvo que consultar la documentación para responder a algunas preguntas sobre el contenido de los decretos. Ante una de las cuestiones planteadas, indicó que tenía que revisar la última versión del texto.
La escena puso de relieve la complejidad de un paquete normativo que reúne medidas de protección social, regulación contractual y límites a la actividad de determinados inversores. El detalle de su aplicación será clave para determinar el alcance real de las reformas aprobadas.
El Gobierno defiende que las nuevas normas permitirán reforzar la seguridad de los inquilinos y ordenar modalidades de alquiler que hasta ahora presentaban zonas de incertidumbre. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán un papel relevante en la aplicación práctica de buena parte de estas políticas de vivienda.
