El Gobierno plantea devolver a Marruecos a los menores de Ceuta mientras prepara su traslado a la Península
El Ejecutivo mantiene abiertas dos vías para abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta tras el asalto masivo del 30 de julio. Por un lado, defiende que la prioridad debe ser el reagrupamiento familiar y el retorno a Marruecos. Por otro, trabaja en el traslado de hasta 500 menores a distintos puntos de España ante la presión que soporta el sistema de protección de la ciudad autónoma.
La combinación de ambos mensajes ha generado dudas sobre cuál es la estrategia inmediata del Gobierno. Mientras se insiste en que el regreso con sus familias constituye la solución preferente, las administraciones preparan recursos de acogida fuera de Ceuta para atender a los menores que, al menos de momento, no pueden ser devueltos.
Reagrupamiento familiar como primera opción
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendió que lo lógico es avanzar hacia el «reagrupamiento de menores con Ceuta». El Gobierno sostiene que la vuelta junto a sus familias debe priorizarse siempre que existan garantías y que el procedimiento pueda realizarse conforme a la normativa vigente.
Sin embargo, el propio ministro admitió que esta opción no resulta sencilla. La devolución depende de la voluntad y de la colaboración del país de origen, así como de la identificación de los menores, la localización de sus familiares y la verificación de que el retorno se produce en condiciones adecuadas.
En la práctica, cada expediente exige comprobar las circunstancias personales del menor y evaluar si la reunificación responde a su interés superior. La Administración no puede limitarse a organizar un traslado colectivo sin completar previamente esas garantías.
Un dispositivo de acogida ante la saturación de Ceuta
Mientras se resuelven esos trámites, Ceuta continúa afrontando una situación de especial presión. La llegada de un número elevado de menores en un periodo muy corto ha tensionado los servicios de protección de la ciudad, que deben ofrecer alojamiento, manutención, atención sanitaria, escolarización y acompañamiento social.
En este contexto, el Ejecutivo ha confirmado que trabaja en la distribución territorial de alrededor de 500 menores, incluidas niñas, por diferentes comunidades autónomas. El objetivo es aliviar la capacidad de acogida de Ceuta y garantizar que los menores dispongan de una atención adecuada mientras se estudia su situación.
El traslado no equivale necesariamente a una solución definitiva. Se plantea como una medida de protección y descongestión que puede mantenerse mientras avanzan los procedimientos de reunificación familiar o se determina cuál debe ser el itinerario administrativo de cada menor.
Dos respuestas para una misma emergencia
La aparente contradicción entre el retorno a Marruecos y el reparto por España responde, según el Gobierno, a dos momentos distintos del proceso. La reunificación familiar sería el objetivo final para quienes puedan regresar con garantías, mientras que la acogida en otras comunidades funcionaría como respuesta inmediata para los menores que permanecen bajo tutela pública.
No obstante, la falta de un calendario concreto alimenta la incertidumbre. Tampoco está definido públicamente cuándo comenzarían los traslados, qué comunidades asumirían las plazas o durante cuánto tiempo permanecerían allí los menores. La coordinación entre el Estado, Ceuta y los gobiernos autonómicos será determinante para evitar que la medida se convierta en un nuevo foco de conflicto.
La distribución territorial de menores extranjeros no acompañados ha provocado en los últimos años discrepancias entre administraciones. Las comunidades deben disponer de recursos suficientes para atenderlos, mientras que el Estado busca establecer mecanismos de solidaridad que permitan repartir el esfuerzo de acogida entre distintos territorios.
El interés del menor, en el centro del procedimiento
Más allá del debate político, cualquier decisión debe ajustarse a la protección de los menores. La normativa exige valorar individualmente cada caso y garantizar que tanto el retorno como el traslado se realicen con medidas de seguridad, atención y seguimiento.
La prioridad inmediata pasa por asegurar unas condiciones dignas de alojamiento y asistencia en Ceuta y, si es necesario, en otros puntos de España. Al mismo tiempo, las autoridades deberán acelerar la identificación de familiares y la tramitación de los expedientes para evitar que los menores permanezcan durante meses en una situación provisional.
El Gobierno se enfrenta así a una doble exigencia: responder a la emergencia humanitaria y ordenar una solución estable con Marruecos. Hasta que ambas vías puedan encajar, los menores seguirán dependiendo de la red pública de protección española, pese a que el Ejecutivo mantiene el retorno familiar como horizonte preferente.
