Vivas reclama activar los mecanismos para devolver a los menores migrantes
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este lunes que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para devolver a los menores migrantes a sus lugares de origen, siempre con las debidas garantías legales y atendiendo al interés superior del menor.
Vivas ha defendido que la situación requiere respuestas coordinadas y eficaces. A su juicio, Ceuta no puede afrontar en solitario una presión migratoria que afecta a los servicios públicos y que exige la implicación de todas las administraciones.
Una petición vinculada a la presión sobre Ceuta
La petición del presidente ceutí se produce en un contexto de especial preocupación por la atención a los menores extranjeros no acompañados que llegan a la ciudad. La administración autonómica debe garantizar su protección, alojamiento, escolarización y asistencia mientras se resuelve su situación.
El aumento de llegadas puede tensionar la capacidad de acogida disponible. Por este motivo, el Gobierno de Ceuta reclama que se apliquen con rapidez los procedimientos previstos para determinar si procede el retorno, la reagrupación familiar o el traslado a otros recursos de protección.
La devolución de un menor no puede ejecutarse de forma automática. Debe analizarse cada caso, verificar las condiciones de recepción y garantizar que no exista riesgo para su integridad o sus derechos. También es necesario escuchar al menor y contar con la intervención de los servicios de protección y de las autoridades competentes.
El interés del menor, como criterio principal
El planteamiento de Vivas incluye una reclamación de responsabilidad institucional, pero cualquier actuación debe quedar sometida a la legislación nacional, europea e internacional. La protección de la infancia obliga a evaluar las circunstancias personales, familiares y sociales de cada menor.
En este proceso resultan esenciales la identificación, la documentación y la comunicación con las familias o con los servicios de protección del país de procedencia. Sin estas garantías, una devolución podría dejar al menor en una situación de especial vulnerabilidad.
La prioridad, por tanto, debe ser compatibilizar una gestión ordenada de los flujos migratorios con la defensa de los derechos de los niños y adolescentes. La respuesta institucional no puede basarse únicamente en cifras de ocupación o en la disponibilidad de plazas.
Más coordinación entre administraciones
El presidente de Ceuta ha insistido en la necesidad de activar los instrumentos de cooperación entre la ciudad autónoma, el Gobierno central y los países de origen. También ha planteado la conveniencia de reforzar la coordinación con las comunidades autónomas para facilitar traslados cuando los recursos ceutíes resulten insuficientes.
La distribución solidaria entre territorios puede aliviar la presión sobre los centros de acogida y permitir una atención más individualizada. Para que sea efectiva, debe contar con financiación suficiente, planificación y mecanismos de seguimiento.
La situación también pone de relieve la necesidad de reforzar la prevención. La colaboración con los países de origen, la protección de las familias y la creación de vías seguras pueden reducir los desplazamientos de menores en condiciones de riesgo.
Una solución que debe evitar respuestas improvisadas
Ceuta ocupa una posición especialmente sensible por su ubicación geográfica y por su condición de frontera exterior de la Unión Europea. Esa realidad convierte a la ciudad en uno de los principales puntos de llegada, pero no puede traducirse en una responsabilidad exclusiva para sus servicios públicos.
La activación de los mecanismos de devolución, cuando legalmente proceda, debe formar parte de una estrategia más amplia. Esa estrategia debe incluir acogida, tutela, atención psicológica, educación, integración y alternativas seguras para los menores que no puedan regresar.
La reclamación de Vivas abre de nuevo el debate sobre cómo gestionar la llegada de menores migrantes sin trasladar el coste de la respuesta a una sola administración. La clave estará en que las decisiones se adopten con rapidez, transparencia y control, pero sin dejar al margen las garantías que protegen a la infancia.
