España acelera su plan para ganar soberanía en inteligencia artificial, chips y tecnología cuántica
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto-ley con medidas urgentes para reforzar la competitividad científica y tecnológica de España. El objetivo declarado es reducir la dependencia de multinacionales y de intereses extranjeros en áreas estratégicas como la inteligencia artificial, los semiconductores y la computación cuántica.
La iniciativa llega en un momento en el que el control de estas tecnologías determina cada vez más la capacidad económica, industrial y política de los países. Estados Unidos y China mantienen una posición de ventaja, mientras que la Unión Europea intenta reducir su dependencia de proveedores externos y superar la fragmentación de sus inversiones.
La soberanía tecnológica, en el centro de la estrategia
El plan parte de una idea central: un país no puede considerar plenamente estratégica una tecnología si no tiene capacidad para investigarla, desarrollarla y aplicarla con recursos propios. En el caso de la inteligencia artificial, esto incluye desde el acceso a grandes volúmenes de datos hasta la disponibilidad de centros de cálculo, talento especializado y modelos capaces de procesar lenguaje, imágenes o código.
Los chips también ocupan un lugar prioritario. Estos componentes son la base física de ordenadores, teléfonos, centros de datos y sistemas de inteligencia artificial. Su fabricación requiere inversiones multimillonarias, conocimientos muy especializados y cadenas de suministro internacionales que han demostrado ser vulnerables ante conflictos comerciales, crisis geopolíticas o interrupciones logísticas.
La computación cuántica completa este núcleo tecnológico. A diferencia de los ordenadores convencionales, las máquinas cuánticas utilizan fenómenos de la física cuántica para resolver determinados problemas de forma potencialmente mucho más eficiente. Aunque todavía se encuentra en una fase temprana, puede tener implicaciones en criptografía, materiales, medicamentos y optimización industrial.
Medidas para investigadores y empresas
El real decreto-ley pretende actuar sobre algunos de los obstáculos cotidianos que ralentizan la investigación en España. Entre ellos figuran la duración y flexibilidad de los contratos, la carga burocrática y los incentivos fiscales para las empresas que incorporen personal investigador.
Estas medidas buscan facilitar que universidades, organismos públicos y compañías puedan captar y retener profesionales cualificados. La competencia internacional por científicos, ingenieros y especialistas en inteligencia artificial se ha intensificado, especialmente por la capacidad de las grandes tecnológicas para ofrecer salarios y recursos muy superiores a los de buena parte del sector público.
La simplificación administrativa también puede ser relevante para proyectos que necesitan adquirir equipamiento, acceder a infraestructuras de cálculo o participar en programas europeos. En ámbitos como los semiconductores y la inteligencia artificial, los ciclos de innovación son más rápidos que los procedimientos administrativos tradicionales.
España invierte menos que la media europea en I+D
El principal reto continúa siendo financiero. España destinó el 1,50 % de su producto interior bruto a investigación y desarrollo en 2024, frente a cerca del 2,2 % de media en la Unión Europea. La diferencia limita la capacidad del país para crear tecnología propia y competir por proyectos internacionales de alto impacto.
El objetivo nacional es alcanzar el 2,12 % del PIB en I+D en 2027. Sin embargo, las estimaciones de la Fundación COTEC apuntan a que serían necesarios incrementos anuales próximos al 24 % para llegar a esa cifra, un ritmo muy superior al registrado hasta ahora.
Por ese motivo, el decreto se presenta como un paquete de cambios regulatorios y administrativos, pero no incorpora por sí solo una gran dotación económica adicional. Sin financiación estable para laboratorios, infraestructuras, empresas emergentes y programas de transferencia tecnológica, la mejora normativa podría quedarse corta.
Un paquete que se suma a otras iniciativas
La medida no parte de cero. En mayo, el Gobierno aprobó la Estrategia Deep Tech España, que prevé movilizar más de 8.000 millones de euros hasta 2030. El término deep tech identifica tecnologías basadas en avances científicos o de ingeniería complejos, con largos plazos de desarrollo y una elevada necesidad de capital.
En junio también se anunció una aportación de 300 millones de euros para las gigafactorías europeas de inteligencia artificial. España cuenta con dos de estas infraestructuras, situadas en el Barcelona Supercomputing Center y en el Centro de Supercomputación de Galicia. Estos centros proporcionan capacidad de cálculo para entrenar modelos de IA y desarrollar aplicaciones científicas e industriales.
Además, los fondos europeos Next Generation han sostenido distintos programas de investigación y digitalización desde su puesta en marcha. El desafío ahora consiste en convertir ese impulso extraordinario en una política tecnológica permanente, con presupuestos previsibles y objetivos medibles.
La tramitación queda en manos de la Diputación Permanente
La aprobación se produce a poco más de una semana de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Con las Cortes disueltas, el real decreto-ley deberá ser convalidado por la Diputación Permanente en un plazo máximo de treinta días, tal como establece el artículo 86 de la Constitución.
El próximo Gobierno podría modificar el contenido de la norma o revisar su aplicación. Esa incertidumbre política añade presión a un plan que necesita continuidad para obtener resultados: formar investigadores, construir infraestructuras y consolidar industrias tecnológicas requiere varios años.
España cuenta con una base científica relevante y con capacidades destacadas en supercomputación, pero todavía debe cerrar una brecha considerable de inversión y transferencia empresarial. El nuevo decreto puede acelerar algunos procesos, aunque la soberanía tecnológica dependerá, sobre todo, de mantener el esfuerzo presupuestario y de lograr que el conocimiento generado llegue al mercado.
